La ley de víctimas del terrorismo que prepara Navarra abre el debate político: "No exige la condena de ETA"

La nueva ley de víctimas del terrorismo ha centrado este jueves el debate del pleno del Parlamento de Navarra, donde la vicepresidenta segunda y consejera de Memoria y Convivencia, Ana Ollo, ha anunciado que el Gobierno foral está ultimando un nuevo texto legal “en positivo”, más actualizado y con mejoras prácticas para las víctimas.

Ollo ha explicado que la futura norma será “mucho más integral” y permitirá completar el marco foral en materia de víctimas del terrorismo, recordando que es el Estado quien tiene la competencia para el reconocimiento oficial. Aun así, ha defendido que Navarra puede avanzar en reparación, reconocimiento y acompañamiento desde el ámbito autonómico.

Durante su intervención, la consejera ha avanzado también que “pronto” se celebrará un tercer acto público de reconocimiento a las personas reconocidas por la Comisión de Reconocimiento y Reparación como víctimas de violencia policial o de grupos de extrema derecha.

La consejera ha reivindicado una memoria integral, basada en la deslegitimación de la violencia como instrumento político y en el reconocimiento de todas las víctimas, sin equiparaciones ni diluciones. En este contexto, ha advertido de que “no vivimos buenos tiempos para la memoria y la convivencia”, en un escenario marcado por la polarización política y el auge de discursos que convierten al adversario en enemigo.

Ollo ha defendido que Navarra se ha consolidado como referente estatal y europeo en políticas públicas de memoria y convivencia. Ha citado los trabajos desarrollados sobre la Guerra Civil, el franquismo, el terrorismo de ETA y la violencia ejercida por funcionarios públicos o grupos de extrema derecha. Todo ello, ha dicho, se enmarca en el II Plan de Convivencia, que busca afrontar nuevos retos en una sociedad cada vez más diversa.

La consejera ha subrayado que para avanzar en el reconocimiento y reparación de todas las víctimas son necesarios voluntad política, instrumentos legales y financiación, y ha asegurado que “se están dando pasos en los tres ámbitos”. Entre las actuaciones impulsadas, ha destacado el programa Escuelas con memoria, las exhumaciones de fosas y los actos públicos de reconocimiento. Además, ha anunciado que “en cuestión de meses” se inaugurará el Centro de Memoria y Convivencia en el antiguo palacio de Rozalejo, en Pamplona.

Desde el PSN, Javier Lecumberri ha admitido que la sociedad navarra no siempre está siendo ejemplar en materia de convivencia y memoria. Ha señalado como principales desafíos la escalada bélica internacional, la creciente polarización política y las heridas aún abiertas por la Guerra Civil, la dictadura, el terrorismo de ETA y otras violencias. Aun así, ha defendido que el Plan de Convivencia plantea acciones positivas que ya se están desarrollando.

La parlamentaria de UPN Isabel Olave ha criticado duramente el II Plan de Convivencia, al considerar que carece de una mayoría social y política y que no exige de forma clara la condena del terrorismo de ETA. A su juicio, un plan para Navarra debería invalidar políticamente a quienes no condenen esa violencia y ha acusado al Gobierno de optar por un texto “ajeno a la realidad navarra”.

Por parte de EH Bildu, Irati Jiménez ha rechazado abordar la memoria desde la crispación y ha apostado por una memoria inclusiva que reconozca todas las vulneraciones de derechos. Ha defendido un enfoque constructivo para afrontar retos como el machismo, el racismo y la desigualdad social, y para frenar el avance de la extrema derecha.

Desde Geroa Bai, Mikel Asiain ha puesto en valor los avances logrados en Navarra en políticas públicas de memoria y convivencia y ha llamado a profundizar en ellas ante amenazas como el autoritarismo, la desinformación, el discurso del odio y la xenofobia.

El portavoz del PPN, Javier García, ha insistido en que las políticas de memoria deben partir de una condena explícita de toda la violencia, incluida la de ETA, y ha acusado al PSN de blanquear a EH Bildu. Ha considerado que el II Plan de Convivencia está condicionado por quienes “siguen sin condenar el terrorismo”.

Desde Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán ha calificado el II Plan de Convivencia como una oportunidad para diseñar la convivencia futura de Navarra y ha apostado por una sociedad multicultural y fraterna. En este sentido, ha reclamado la demolición del Monumento a los Caídos de Pamplona por considerar que revictimiza a las víctimas del franquismo.

Finalmente, el parlamentario de Vox Emilio Jiménez ha criticado las políticas de memoria actuales, al entender que reabren heridas y maltratan a las “verdaderas víctimas”. Ha defendido una concordia real frente a lo que ha calificado como una memoria selectiva que impone una versión oficial de la historia.