Remírez se lava las manos ante el expediente por irregularidades en Velate: "El Gobierno no es ni arte ni parte"
Las obras de Velate han vuelto a situar al Gobierno de Navarra en el centro de la polémica después de que su portavoz, Javier Remírez, haya defendido que el Ejecutivo foral “no es ni arte ni parte” en el expediente abierto por la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra.
La OANA ha incoado un expediente sancionador contra el ex director general de Obras Públicas, Pedro López, y contra el jefe del Servicio de Conservación por presuntas represalias al secretario de la mesa de contratación de las obras de los túneles de Velate, el funcionario que denunció posibles irregularidades en la adjudicación.
Remírez ha enmarcado el procedimiento como “una denuncia de una persona frente a otras dos personas” y ha insistido en que el Gobierno de Navarra mantiene que lo ocurrido respondió a una “reorganización”. El portavoz socialista también ha acusado a UPN de “extender la sospecha” y de seguir “una estrategia premeditada”.
El caso genera una fuerte controversia porque el funcionario que alertó de presuntas irregularidades en la mayor obra pública de Navarra fue trasladado a un almacén. La Oficina Anticorrupción ha considerado que existen indicios suficientes de posible represalia y ha abierto un expediente sancionador.
La decisión de la OANA ha llegado después de que el propio Gobierno foral no iniciara ese procedimiento. Por eso, las palabras de Javier Remírez provocan malestar entre quienes consideran que el Ejecutivo debería haber protegido al denunciante y no limitarse a presentar el caso como un conflicto entre particulares.
El expediente afecta a dos cargos vinculados al área de Obras Públicas y se produce en un contexto de máxima tensión política por la adjudicación de las obras de Velate. Esa adjudicación ha sido relacionada por la oposición con empresas del entorno del navarro Santos Cerdán y con el caso Cerdán-Servinabar.
Remírez ha defendido la actuación de los “magníficos funcionarios” y ha pedido esperar al desarrollo del procedimiento. Sin embargo, la apertura del expediente por parte de la OANA ha reforzado las sospechas de quienes denuncian que el Gobierno de María Chivite no ha actuado con suficiente contundencia ante las posibles represalias.
El Departamento de Cohesión Territorial, dirigido por Óscar Chivite, había sostenido hasta ahora la tesis de la reorganización interna. La intervención de la Oficina Anticorrupción introduce ahora un nuevo elemento en un caso que sigue bajo investigación y que afecta directamente a la protección de los funcionarios que denuncian irregularidades.
El expediente sancionador sigue su curso mientras la oposición reclama explicaciones y responsabilidades. El Gobierno foral, por su parte, insiste en que no forma parte del procedimiento y defiende que el traslado del funcionario respondió a una reorganización administrativa.