Sendaviva, bajo la lupa: Anticorrupción ve indicios de "fraccionamiento indebido" y pide explicaciones

Anticorrupción investiga Sendaviva tras apreciar indicios de veracidad en la denuncia presentada por UPN sobre un posible fraude de ley en la contratación pública. La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra ha abierto un procedimiento de investigación por la licitación de cuatro contratos de obras adjudicados a una misma empresa con cargo a una subvención del Gobierno foral.

El organismo anticorrupción ha requerido además al Departamento de Cultura, Turismo y Deporte que remita explicaciones y documentación en un plazo de diez días. La investigación se centra en obras realizadas en Sendaviva, el parque de ocio ubicado en Arguedas, y gestionado por la sociedad pública Parquenasa.

La resolución de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra ha sido comunicada a Unión del Pueblo Navarro, formación que presentó la denuncia. Su portavoz parlamentario, Juan Luis Sánchez de Muniáin, ha explicado que el partido advirtió de un posible troceamiento de un único contrato para poder emplear el procedimiento simplificado y burlar la ley foral de contratos.

Según expone Anticorrupción, los contratos se tramitaron de forma simultánea o consecutiva y tenían por objeto prestaciones que, consideradas en su conjunto, formaban una unidad operativa o funcional. Para la Oficina, este hecho es un indicio de fraccionamiento indebido, ya que no aprecia una finalidad económica independiente en cada contrato.

Cada uno de los contratos se situó justo por debajo del límite legal de los 200.000 euros, requisito máximo para usar el procedimiento simplificado en obras. Dos de ellos se adjudicaron por 199.999 euros y los otros dos por 199.848,74 y 198.866,72 euros.

Pero la investigación va más allá del posible fraccionamiento. Anticorrupción ha detectado otras presuntas irregularidades al analizar las certificaciones de obra. En concreto, se habrían abonado a la empresa adjudicataria obras fuera de presupuesto por un importe superior a 70.000 euros, sin que conste justificación ni actas de modificación en los expedientes.

Estos trabajos adicionales, de haberse incluido en el proyecto inicial, habrían elevado el importe total por encima del umbral legal, lo que habría obligado a utilizar un procedimiento abierto y no el simplificado, según subraya la resolución.

La Oficina también cuestiona el papel del gerente de la empresa pública NICDO, administrador único de Parquenasa-Sendaviva. Anticorrupción aprecia que el gerente valoró y calificó las ofertas, además de proponer la adjudicación, pese a no ser el órgano competente, tal y como recoge el artículo 51 de la ley foral de contratos.

Además, no consta en los expedientes el procedimiento seguido para la contratación de la dirección de obra. Esta fue facturada por la misma empresa adjudicataria de los cuatro contratos, ADENTRO CONSTRUIMOS, un hecho que añade más dudas sobre la regularidad del proceso.

Desde UPN consideran que este caso apunta a un nuevo episodio de presuntas irregularidades en la contratación administrativa, que afectaría al Gobierno de María Chivite. Según el partido, las responsabilidades políticas alcanzarían tanto a la consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Rebeca Esnaola, como al gerente de NICDO, Ramón Urdiáin, como responsable de Parquenasa.

En respuesta a los medios de comunicación, Sánchez de Muniáin ha explicado que ahora "se abre un expediente de investigación, se nombra un instructor, ha pedido una serie de explicaciones y documentación al Gobierno de Navarra, y con todo ello tendrá que seguir adelante el expediente y concluir qué es lo que se ha determinado".

Preguntado sobre si UPN también había denunciado esta cuestión ante los tribunales, el regionalista ha explicado que "nosotros lo que hicimos fue primero pedir la documentación por vía parlamentaria, a la vista de que conocíamos que podía haberse dado esta situación". "Se nos remiten los contratos, principalmente, y cuando vemos de esa manera tan alarmante estas cifras, lo que hacemos es denunciarlo ante la Oficina Anticorrupción, que es uno de los canales previstos para que cuando se vea una posible infracción en materia de contratación se pueda acudir. De hecho, yo mismo presenté la denuncia en el canal de denuncias y ahora se nos ha remitido la primera de las resoluciones", ha relatado.