Tres sindicatos policiales cargan contra la Delegación del Gobierno (PSOE) por los disturbios de Pamplona: "Es una gestión negligente"
La actuación de la Delegación del Gobierno en Navarra (PSOE) durante los violentos disturbios registrados este jueves en Pamplona ha provocado una contundente reacción de tres sindicatos de la Policía Nacional. Las organizaciones han cuestionado la planificación del dispositivo y han exigido responsabilidades por una decisión que, a su juicio, puso en peligro a ciudadanos ajenos a los enfrentamientos.
Los sindicatos JUPOL, SUP y UFP han denunciado lo que califican como una "negligente gestión" de la Delegación del Gobierno al decidir trasladar el acto del agitador Vito Quiles a la plaza de Yamaguchi, un espacio frecuentado habitualmente por familias con niños, personas mayores y vecinos del barrio.
Las tres organizaciones consideran que la elección de este emplazamiento, ante un evento sometido a una elevada tensión política, expuso innecesariamente a la población a situaciones de violencia. En su comunicado, denuncian que la gestión de la delegada del Gobierno y sus asesores derivó en un "grave riesgo para la integridad física de ciudadanos ajenos al enfrentamiento".
Los sindicatos sostienen que la autoridad gubernativa debería haber previsto los posibles altercados y elegido un lugar que permitiera aislar los focos de conflicto. A su juicio, resultaba especialmente importante evitar que familias y menores presenciaran escenas de violencia y pánico.
Acusan a la Delegación del Gobierno de falta de previsión
Las críticas van dirigidas especialmente contra la planificación previa. JUPOL, SUP y UFP consideran que un acto con antecedentes de riesgo requería una evaluación rigurosa antes de determinar su ubicación definitiva.
"La seguridad ciudadana no puede quedar a merced de la incompetencia política", advierten las organizaciones, que recuerdan que la responsabilidad de la Delegación del Gobierno no consiste únicamente en reaccionar cuando comienzan los disturbios, sino también en anticiparse para proteger a la población.
Los sindicatos consideran "incomprensible" que el acto se trasladara a una zona especialmente sensible, en lugar de buscar un emplazamiento que facilitara la separación de los grupos enfrentados y redujera las consecuencias para los vecinos.
Por ello, exigen explicaciones públicas y la asunción de responsabilidades por parte de la Delegación del Gobierno en Navarra, a la que reprochan una planificación que consideran inadecuada para las circunstancias.
Defensa de los antidisturbios frente a los radicales
Frente a sus críticas a los responsables políticos, los tres sindicatos han expresado su respaldo a los agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP) que participaron en el dispositivo desplegado durante los altercados.
Las organizaciones destacan que los policías actuaron con profesionalidad y serenidad pese a la escasez de efectivos frente a la magnitud de los disturbios. Consideran que los agentes fueron el último recurso para garantizar la seguridad y restablecer el orden ante los ataques.
En su denuncia, los sindicatos describen episodios de agresiones, amenazas y lanzamientos de objetos y artefactos explosivos contra los policías. También señalan que, según la información de la que disponen, algunos de los participantes podrían estar vinculados a la izquierda abertzale y a organizaciones como JARDUN y GKS.
JUPOL, SUP y UFP recuerdan que la libertad de expresión y el derecho de reunión deben protegerse con independencia de la ideología, pero subrayan que estos derechos no amparan agresiones ni ataques contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Finalmente, además de reclamar responsabilidades a la Delegación del Gobierno, los tres sindicatos han solicitado un refuerzo de los medios y las plantillas de la UIP para afrontar situaciones de violencia de estas características. "Ninguna reivindicación política puede justificar que se ponga en peligro la integridad física de ciudadanos, familias y menores", concluyen.