POLÍTICA

La última cortina de humo de Chivite: lleva al pleno las inmatriculaciones de la Iglesia que el PSOE frenó en 2021

María Chivite, presidenta del Gobierno de Navarra, junto a Ramón Alzórriz, durante el Pleno del Parlamento de Navarra. PABLO LASAOSA
El PSN ha interpelado a Aierdi sobre los bienes comunales inmatriculados por la Iglesia mientras Vox recuerda el “no” del PSOE en 2021 y varios grupos lo ven como distracción.

El PSN ha llevado este jueves al pleno del Parlamento de Navarra el debate sobre las inmatriculaciones de la Iglesia católica mientras desde la oposición se le ha reprochado que en 2021 el PSOE votó en contra en el Congreso de revisar estos bienes. El asunto ha centrado una interpelación al consejero José María Aierdi, en una sesión en la que varios grupos han ligado el tema a un intento de desviar la atención por los casos de corrupción.

Aierdi ha defendido que la investigación sobre bienes comunales inmatriculados “se ha iniciado únicamente” y que todavía queda “un largo recorrido de trabajo en los próximos años”. También ha dicho que hará falta “poner más medios, tanto económicos como humanos” para continuar con el análisis.

El consejero ha explicado que el punto de partida ha sido una resolución aprobada en el Parlamento en 2021, a raíz de la cual se elaboró un inventario con todos los bienes registrados por la Iglesia desde finales del siglo XIX. Ese listado, ha señalado, necesitaba “un proceso de análisis, de investigación, de depuración”.

Para abordar ese trabajo, el Gobierno ha optado por firmar un convenio con la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) en manos de Bildu, al considerar que las competentes “son las propias entidades locales”. Aierdi ha subrayado que la decisión final sobre si se reclama o no corresponde a ayuntamientos y concejos, con un papel del Ejecutivo de “colaborar, acompañar y asesorar”.

Según los datos aportados, durante 2025 se han investigado 174 bienes correspondientes a 26 entidades locales, dentro de un total de 921 bienes que deberán ser “objeto de investigación”. Aierdi ha remarcado que la intención es continuar en 2026 y que el trabajo ha consistido “fundamentalmente” en recopilar documentación “pueblo a pueblo”.

En el debate, Carlos Mena (PSN) ha valorado “de forma muy positiva” el trabajo del Gobierno y ha defendido que “los comunales no se defienden solos”. También ha pedido intentar que la Iglesia forme parte del proceso y ha afirmado que “no va contra nadie” ni “va de si somos católicos o no”.

Desde UPN, Juan Luis Sánchez de Muniáin ha sostenido que las inmatriculaciones se han hecho con un procedimiento “legal y válido, al menos hasta 2015”, y que en su mayoría responden a la lógica de registrar lugares de culto. Ha recordado además que, si hay inscripciones indebidas, se puede acudir a la acción declarativa de dominio y que quien decide es un juez, y ha rechazado que se use el asunto para “abrir una causa general” contra la Iglesia.

EH Bildu, a través de Irati Jiménez, ha defendido que los resultados son importantes, pero ha insistido en que el trabajo “no ha hecho más que empezar” y ha apostado por seguir avanzando desde las entidades locales. En Geroa Bai, Javier Ollo ha celebrado la renovación del convenio y ha animado a más ayuntamientos a sumarse, con el objetivo de contar con una herramienta para emprender acciones de recuperación si se considera necesario.

El PPN, con Irene Royo, ha rechazado estas iniciativas al entender que pretenden “socavar” la convivencia, “confrontar” con la Iglesia y “desviar la atención” de casos de corrupción. Ha defendido que las realizadas bajo la ley hipotecaria eran válidas y que anularlas retroactivamente pondría en riesgo la seguridad jurídica, dejando en manos de los tribunales los posibles errores.

En Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán ha afirmado que para un Gobierno progresista defender la titularidad pública de los comunales es una “necesidad de primer orden” y ha recalcado que los bienes comunales han sido construidos y sostenidos por los pueblos.

El choque político más directo ha llegado desde el Grupo Mixto (Vox), con Emilio Jiménez, que ha calificado la interpelación del PSN como una “cortina de humo” para tapar su “corrupción” y ha incidido en la contradicción del PSOE: “Votaron en contra de revertirlo en 2021 y ahora la usan para distraer”, ha afirmado, en alusión al voto del PSOE en el Congreso junto con PP, Vox y Cs.