La jueza del Juzgado de Instrucción número 5 de Pamplona ha abierto diligencias previas en relación con la querella presentada por VOX por presuntos delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias.
Las diligencias previas se han incoado con carácter previo para resolver sobre la admisión del escrito.
En la querella figuran como querellados el exsecretario de Organización del PSN y exportavoz parlamentario, Ramón Alzórriz; el consejero de Economía y Hacienda y consejero delegado de la CPEN, José Luis Arasti; el empresario Carlos Vidadurre, propietario de Adentro Construimos SL; y el entonces gerente de Sendaviva, Rubén González.
VOX ha señalado que deja abierta la posibilidad de ampliar la querella a más cargos conforme avance la investigación judicial.
Además, en una ampliación del escrito, VOX ha solicitado la citación como testigo de Ramón Urdiáin, director gerente de NICDO, tras su intervención en una comparecencia en el Parlamento de Navarra solicitada por la formación.
La querella hace referencia a la reforma de Sendaviva y a otras adjudicaciones que, según VOX, guardan relación con la constructora. Entre ellas cita la reforma de la sede principal de Tracasa en Sarriguren; un memorial impulsado por el Instituto Navarro de la Memoria en Pamplona; la instalación de baños públicos en Sartaguda; una pérgola en el colegio Mendialdea de Berriozar; una pista multideportiva en el CEIP de Lumbier; y la construcción de un edificio para platós de cine en Lecároz.
En el caso de Lecároz, la querella sostiene que el importe se habría dividido en dos contratos para evitar la mesa de contratación, y señala a Nasuvinsa como empresa pública adjudicadora, integrada en la CPEN.
El escrito también menciona obras vinculadas al entorno socialista, como la reforma de la sede del PSN en el paseo Sarasate de Pamplona y una reforma integral de un piso adquirido por Ramón Alzórriz en 2024, siempre según la versión que recoge la nota de VOX.
VOX plantea como diligencias, entre otras, la declaración de los querellados no aforados como investigados, que se ofrezca a Alzórriz declarar voluntariamente por su condición de aforado y que se requiera al Gobierno de Navarra la entrega de expedientes completos de licitación y adjudicación de los contratos mencionados.
La formación también pide que se oficie a la Policía Judicial de la Guardia Civil para identificar a los funcionarios que hayan intervenido en los expedientes e incorporar documentación que acredite su participación.
VOX afirma, además, que en la documentación aportada por el Gobierno de Navarra tras una solicitud realizada en octubre de 2025 se habría omitido información sobre Sendaviva y otros contratos, y sostiene que faltan contratos menores adjudicados a la empresa por NICDO y Nasuvinsa.
En ese contexto, el portavoz de VOX en el Parlamento de Navarra, Emilio Jiménez, ha criticado que el Gobierno esté “más preocupado por ocultar su corrupción que por solucionar los problemas de los navarros”, según recoge el escrito remitido por el partido.
