• miércoles, 14 de enero de 2026
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POLÍTICA

Archivan las diligencias al alcalde de Valtierra por sus declaraciones sobre migrantes y Alfaro se revuelve

Begoña Alfaro ha lamentado el archivo de las diligencias por presunto delito de odio y ha recalcado que el Gobierno de Navarra lo acata, pero no lo entiende ni lo comparte.

Comparecencia para que la vicepresidenta Begoña Alfaro explique lo sucedido en torno a las 108 viviendas protegidas previstas en la manzana de Maristas. IÑIGO ALZUGARAY
Comparecencia para que la vicepresidenta Begoña Alfaro explique lo sucedido en torno a las 108 viviendas protegidas previstas en la manzana de Maristas. IÑIGO ALZUGARAY

La Fiscalía ha archivado las diligencias contra el alcalde de Valtierra, Manuel Resa (UPN), por unas declaraciones sobre migrantes al no apreciar delito, según ha trasladado el Gobierno de Navarra.

La vicepresidenta tercera del Gobierno foral y consejera de Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, ha lamentado esa decisión y ha dicho que el Ejecutivo la acata, pero que “no podemos entender ni mucho menos compartir” el archivo de las diligencias por un presunto delito de odio.

El Gobierno de Navarra había derivado a la Fiscalía las manifestaciones del alcalde de Valtierra por un posible delito de odio, al considerar que esas palabras “provocan e incitan al odio, a la discriminación y a la violencia”.

Las declaraciones de Manuel Resa se produjeron al hablar de unas ayudas que había planteado solo para personas que llevaran 20 años en su municipio. En ese contexto, defendió “poner dinero a gente con raíces de nuestra tierra porque estamos recibiendo muchos emigrantes que nos cuestan un pastizal”.

En sus palabras, también se refirió a los menores no acompañados acogidos por el Gobierno foral y señaló: “Los menas esos cuestan 4.950 euros al mes, un señorito de esos”, además de instar al Ejecutivo navarro a que “se ponga las pilas y empiece a dar dinero a quien tiene que darlo”.

El alcalde de Valtierra zanjó su argumentación con otra afirmación sobre esos menores: “Vamos a tener problemas con esta gente, tienen muchos derechos y obligaciones ninguna”. Tras el archivo de la Fiscalía, el Gobierno de Navarra ha mantenido su discrepancia con la decisión.

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