Política

UPN acelera para tratar de salvar las aulas de la concertada que Chivite y Gimeno quieren eliminar

José Luis Arasti, consejero de Economía y Hacienda, junto a María Chivite, presidenta del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, consejero de Educación, y Javier Remírez, vicepresidente del Gobierno de Navarra, durante el Pleno del Parlamento. PABLO LASAOSA
Los regionalistas solicitan la tramitación de una ley urgente para evitar el cierre de aulas de 3 años mientras crece el choque político y surgen dudas sobre su legalidad.

El Parlamento de Navarra ha tramitado este lunes por la vía de urgencia y lectura única una proposición de ley de UPN para evitar el cierre de aulas de 3 años, una iniciativa que ha abierto un nuevo frente político en la comunidad. La medida ha salido adelante en la Mesa y Junta de Portavoces pese al rechazo de PSN y Contigo-Zurekin, que han cuestionado su legalidad.

La propuesta llega después de que el consejero de Educación, Carlos Gimeno, anunciara la semana pasada que no se cerrarían aulas en la red pública, pero sí en la concertada, una decisión que ha provocado críticas y movilización en distintos sectores educativos.

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha defendido que “si hay voluntad política en Navarra no se cerraría ningún aula” y ha insistido en que existe una mayoría parlamentaria que apuesta por mantener todas las unidades abiertas. A su juicio, la decisión del Gobierno de María Chivite supone “un error de bulto” y ha reclamado que se adopte una solución legal para revertirla.

Además, Esparza ha recordado que los centros educativos tienen de plazo hasta el 13 de mayo para presentar recursos contra la decisión del Departamento de Educación. “Está abierto el procedimiento, que dejen de engañarnos”, ha afirmado, subrayando que todavía no hay una resolución definitiva.

Frente a esta postura, la portavoz socialista Ainhoa Unzu ha anunciado que PSN y Contigo-Zurekin solicitarán un informe al Consejo de Navarra para determinar si la propuesta de UPN es legal. Según ha advertido, la iniciativa presenta “claros tintes de ilegalidad” y podría contravenir informes jurídicos previos.

Unzu ha defendido que “a un Gobierno no se le puede pedir que incumpla la ley” y ha rechazado blindar conciertos educativos sin demanda suficiente. En este sentido, ha reiterado la apuesta de su partido por la escuela pública, incluso si eso supone quedarse en minoría en el Parlamento.

Desde EH Bildu, Laura Aznal ha coincidido en criticar la decisión del Departamento de Educación, que ha calificado de “precipitada”. Ha señalado que existen factores como la evolución demográfica que deberían haberse tenido en cuenta antes de adoptar una medida de este tipo.

No obstante, Aznal ha mostrado reservas sobre la proposición de ley de UPN, asegurando que su preámbulo no le convence y que los objetivos de la formación regionalista pueden diferir de los de su grupo. Aun así, ha defendido la necesidad de abrir un espacio de diálogo para alcanzar un acuerdo más amplio.

Por su parte, el portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha valorado como un “avance positivo” que no se cierren aulas en la red pública, pero ha pedido revisar también la situación en la concertada. Ha señalado que existe margen para corregir la decisión y ha instado al departamento a escuchar las demandas de las familias.

Azcona ha apuntado incluso a la posibilidad de modificar la normativa si esta impide dar respuesta a las necesidades actuales. “Si lo que no le permite al consejero actuar es la ley, igual hay que cambiar las leyes”, ha afirmado.

Desde el PPN, Irene Royo ha mostrado su rechazo frontal al cierre de aulas en la concertada, al considerar que supone una “discriminación evidente”. Ha criticado el cambio de criterio del Gobierno, que inicialmente planteaba un ajuste equilibrado entre redes y finalmente ha centrado el impacto solo en la concertada.

El debate político sigue abierto en Navarra mientras se acerca el fin del plazo de recursos y se mantiene la incertidumbre sobre el futuro de las aulas de 3 años, en un contexto marcado por la bajada de la natalidad y la reorganización del sistema educativo.