SOCIEDAD

Geoalcali niega tener relación con el informe de la UCO: "No se han adjudicado obras a Servinabar"

Instalaciones de Mina Muga, ubicadas en los términos municipales de Sangüesa y Undués de Lerda (Aragón). GEOLOCALI

La empresa promotora del proyecto de potasa Mina Muga ha afirmado que no tiene vínculo alguno con las actividades investigadas por la UCO y que todo el proceso es privado y transparente.

La empresa Geoalcali ha asegurado que no mantiene ninguna relación con las actividades investigadas por la UCO, que según la firma “afectan exclusivamente a terceros ajenos a la compañía”.

En un comunicado publicado este jueves, la empresa responsable del desarrollo del proyecto Mina Muga ha subrayado también que no ha adjudicado "ninguna obra de construcción a la UTE de Servinabar-Acciona por 57 millones de euros”.

Además, Geoalcali ha señalado que impulsa un “proyecto minero estratégico cuya tramitación, como ocurre con cualquier iniciativa de este tipo en España, exige un proceso largo, riguroso y complejo”.

Asimismo, ha criticado que “en los últimos años, y especialmente en los últimos días, algunos grupos han intentado desacreditar el proyecto sin aportar datos ni argumentos técnicos, recurriendo a afirmaciones generales o populistas con fines oportunistas”.

Según la empresa, también han emergido “posiciones negacionistas que rechazan cualquier iniciativa sin analizar sus beneficios sociales, medioambientales y económicos, y sin ofrecer ninguna información técnica o científica que sustente sus críticas”.

La compañía ha reiterado: “No mantenemos ninguna relación con las actividades investigadas por la UCO, que afectan exclusivamente a terceros ajenos a la compañía”.

En su comunicado se indica que el informe preliminar “sitúa a Mina Muga únicamente como contexto y no atribuye a la empresa ninguna participación en los hechos investigados ni conductas delictivas”. Geoalcali ha añadido que se considera “una perjudicada más de todo este entramado y valorará exigir las responsabilidades oportunas si fuera necesario para proteger su reputación y sus intereses”.

Por otro lado, la empresa ha destacado que Mina Muga “no constituye una adjudicación pública ni un contrato licitado por la Administración, sino un proyecto de carácter privado”. En concreto, ha indicado que adjudicó a Acciona la parte de obra civil en abril de 2024 por valor de 57 millones de euros; y que en 2016 negoció un acuerdo no vinculante con la UTE Acciona-Servinabar que no llegó a prosperar.

Geoalcali también ha defendido la validación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable obtenida hace más de cinco años, y ha recalcado que la tramitación incluyó “la producción de sal vacuum y el sistema de backfilling seco, un método pionero de relleno de galerías avalado por expertos y aprobado por las tres administraciones competentes (Gobierno de España, Gobierno de Navarra y Gobierno de Aragón) por sus principios de economía circular y sostenibilidad medioambiental”.

En ese sentido,la empresa ha asegurado que “la sostenibilidad y la protección del medioambiente han sido, son y seguirán siendo pilares fundamentales del proyecto”.

Finalmente, Geoalcali ha apuntado que el proyecto Mina Muga ha sido sometido a “máximo escrutinio y evaluación en 14 años”: más de 80 informes favorables emitidos por organismos técnicos, 15 periodos de información pública y más de 1.200 alegaciones respondidas, bajo la supervisión de tres administraciones de distinto signo político, con más de 15.000 folios de documentación técnica. Según la empresa, este “nivel de exigencia acredita una tramitación ejemplar, transparente y plenamente ajustada a la legalidad”.

La compañía ha reafirmado su compromiso de “seguir trabajando para sacar adelante Mina Muga, un proyecto estratégico para España y Europa” que, según sus estimaciones, permitirá la creación de hasta 7.000 puestos de trabajo directos e indirectos, clave para el desarrollo de la región y un freno a la despoblación. También lo calificó “de aportación clave a la seguridad alimentaria y soberanía estratégica de España y de la Unión Europea, al tratarse de un recurso prioritario en la agricultura como la potasa”.