El Gobierno Foral abonará 11.000 euros a una funcionaria que no disfrutó sus vacaciones por incapacidad
Una sentencia da la razón a una trabajadora de Educación que recibió la incapacidad permanente y no cobró las vacaciones mientras estuvo de baja.
La Administración de Navarra tendrá que abonar 11.000 euros a una funcionaria de Educación en concepto de vacaciones no disfrutadas ni pagadas mientras estuvo de baja por incapacidad laboral.
Durante más de año y medio, una afiliada de AFAPNA sufrió incapacidad laboral transitoria; posteriormente su situación pasó a ser de jubilación por incapacidad permanente absoluta, lo que la inhabilitaba para toda profesión. Tras este cambio, la trabajadora solicitó que se le reconocieran las vacaciones que no llegó a disfrutar ni a cobrar mientras estuvo de baja.
PAGO CON CARÁCTER RETROACTIVO
Tras una resolución judicial, la trabajadora ha conseguido que se le reconozcan esas vacaciones que no disfrutó por incapacidad. En principio, la Administración Foral no reconoce las vacaciones durante un período de incapacidad; esta situación empieza a revertirse actualmente.
Amparándose en el Estatuto del personal al Servicio de las Administraciones y varios Decretos Forales, la Administración ha tenido que calcular, con carácter retroactivo de 4 años, las horas que correspondían a la trabajadora y proceder al pago. En total asciende hasta los 11.000 euros.
INCAPACIDADES POR ENFERMEDAD TERMINAL
En el sindicato AFAPNA constan al menos una decena de funcionarios en esta misma situación. En muchos casos se trata de funcionarios de diversos ámbitos de la administración navarra a los que se les ha diagnosticado una enfermedad terminal y acaban recibiendo la incapacidad absoluta.
Desde AFAPNA avisan a todas aquellas personas que se vean en circunstancias similares a que reclamen las vacaciones que por derecho les corresponden. Incluso habría casos en los que el trabajador ya ha fallecido y sus familiares pueden solicitar la cuantía económica que no llegó a recibir por este concepto.
Así mismo, el sindicato insta a la Administración a que abone de oficio estos periodos y no obligue a los afectados a comenzar procesos de reclamación.