Los tribunales obligan a pagar las indemnizaciones de Sunsundegui que se habían denegado a varios trabajadores
Giro judicial de gran calado para los antiguos operarios de una de las industrias más emblemáticas de la Comunidad foral. El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pamplona ha dictado una resolución clave que reconoce de forma oficial el derecho de varios trabajadores y trabajadoras de la desaparecida fábrica de autobuses Sunsundegui a percibir las indemnizaciones económicas que les correspondían tras el cierre de la compañía.
La resolución enmienda la plana de forma directa al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), organismo dependiente del Ministerio de Trabajo que había denegado previamente estos abonos o bien había reducido las cuantías de manera drástica. La defensa jurídica, que ha sido pilotada de forma íntegra por los servicios legales del sindicato UGT Navarra, logra blindar el dinero de los afectados tras más de doce meses de bloqueo administrativo en ventanilla.
El injusto argumento del Fogasa para negar el dinero
El origen del conflicto se remonta al momento de la ejecución del despido colectivo en la planta de Alsasua. En aquel proceso, el Fogasa decidió impugnar el expediente de rescisión de los contratos basándose en un criterio burocrático restrictivo: el organismo estatal alegaba que un grupo concreto de empleados no tenía derecho a la compensación total porque habían tenido la iniciativa de acceder a un nuevo puesto de empleo en otras empresas del entorno justo antes de que se hiciese efectivo de forma oficial el despido masivo.
A este argumento, el fondo público sumó otra serie de casuísticas técnicas con las que rechazó o rebajó las cuantías a abonar. Sin embargo, el fallo judicial de los tribunales de Pamplona desmonta por completo esta interpretación, obligando legalmente al Fogasa a corregir su decisión inicial, asumir la insolvencia empresarial y proceder de inmediato al pago de las cantidades que fueron restadas de forma injusta a los operarios.
"Llevan más de un año esperando lo que les corresponde"
Desde la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT Navarra han mostrado su profunda satisfacción por el éxito de la demanda, aunque han lamentado el calvario administrativo por el que han tenido que pasar las familias afectadas de la comarca de la Sakana.
“El Fogasa debe garantizar de forma efectiva los derechos de las personas trabajadoras cuando las empresas incumplen sus obligaciones o se encuentran en situación de insolvencia”, han remarcado desde la dirección del sindicato foral. Asimismo, la organización de representación laboral ha subrayado la gravedad de los retrasos institucionales, incidiendo en que las personas damnificadas acumulaban ya más de un año de espera para poder cobrar unas cantidades económicas que les pertenecían por estricto derecho legal desde el mismo día en que la factoría de automoción echó definitivamente el cierre.