Una bodega navarra, investigada por pagar y contratar a un clan que explotaba a los trabajadores
Una bodega navarra y uno de sus directivos están siendo investigados por la Guardia Civil por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores tras haber recurrido de forma continuada a los servicios de un grupo considerado un entramado criminal.
La investigación ha salpicado directamente a Navarra porque, según ha explicado la Guardia Civil, este clan familiar no solo actuó en La Rioja Baja, sino que también operó en la Ribera navarra, donde viticultores, agricultores y particulares contrataron sus servicios.
El dato que ha situado a la bodega bajo la lupa es especialmente relevante: los investigadores han precisado que la empresa y uno de sus directivos habrían abonado 569.000 euros a este grupo criminal por los trabajos realizados. Ambos figuran como investigados como presuntos autores de un delito contra los derechos de los trabajadores.
La operación, denominada Portus-Cale, ha permitido liberar en Rincón de Olivedo, en La Rioja, a ocho personas de entre 40 y 74 años que estaban siendo explotadas laboralmente mediante un sistema basado en el miedo, la dependencia y la anulación de su voluntad.
La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, y el portavoz de la Guardia Civil en esta comunidad, Miguel Ángel Sáez, han ofrecido este lunes los detalles de una investigación que se inició a principios de 2026. Entonces, los agentes detectaron indicios de que varias personas de nacionalidad portuguesa podían estar siendo explotadas laboralmente por otros compatriotas.
El grupo criminal estaba compuesto por tres hombres y dos mujeres, de nacionalidad española y portuguesa, de entre 24 y 50 años. Según la Guardia Civil, sus integrantes actuaban de forma organizada para anular la autonomía de las víctimas y “se aprovechaban de su situación de necesidad para tratarlas como una ‘mercancía’ de la que obtener beneficio”.
Los responsables de la organización llegaron a ingresar 2,5 millones de euros desde 2022 por trabajos agrícolas. Parte de esos servicios se prestaron, según la investigación, para viticultores, agricultores y particulares de La Rioja Baja y de la Ribera de Navarra.
La Guardia Civil ha señalado que, en muchos casos, quienes contrataban a este clan eran “plenamente conscientes de la precariedad en la que se encontraban los trabajadores”. Dentro de esa línea de investigación se sitúa la bodega navarra y su directivo, ahora investigados por la relación mantenida de forma continuada con el grupo.
Las víctimas soportaban jornadas de entre 12 y 16 horas diarias. Algunas acumulaban años de trabajo sin haber percibido salario alguno. Otras cobraban apenas 4 euros por hora, una cantidad de la que además se les descontaban gastos de tabaco y alcohol.
El relato de los investigadores dibuja un sistema de control extremo. Los trabajadores eran alimentados con carne en mal estado y los explotadores les facilitaban el acceso al alcohol como mecanismo de control y aislamiento social. La Guardia Civil también ha explicado que algunas víctimas llegaron a ser agredidas físicamente por el simple hecho de encontrarse enfermas y no poder acudir a su jornada laboral.
Las ocho personas liberadas han pasado a ser testigos protegidos. La investigación también ha constatado que una de las víctimas decidió marcharse y murió atropellada por tres vehículos en Calahorra, en La Rioja, el pasado 8 de febrero.
El núcleo de la organización estaba liderado por una mujer, identificada por los investigadores como “la jefa”. Actuaba junto a su marido, dos de sus hijos y la pareja de uno de ellos. Los cinco fueron detenidos el pasado mes de abril como presuntos autores de delitos de pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos y blanqueo de capitales.
Cuatro de los detenidos han ingresado en prisión. La investigación mantiene ahora el foco también en las empresas y particulares que recurrieron a los servicios del clan, entre ellos la bodega navarra y el directivo investigado por la Guardia Civil.