SUCESOS

Golpe a una gran trama de fraude en Navarra: usaban nombres de vecinos para blanquear un millón de euros en chatarra

Un agente de la Guardia Civil ante un montón de chatarra acumulada. GUARDIA CIVIL
La Guardia Civil desarticula una red en el sector del metal que falsificaba documentos, ocultaba robos de cobre y defraudaba a la Seguridad Social utilizando a 155 perjudicados.

Lo que comenzó como una investigación por robos de cobre en los tendidos eléctricos de Tierra Estella ha terminado destapando una de las mayores tramas de fraude documental y laboral de los últimos años en la Comunidad foral. Tras dos años de pesquisas, la Guardia Civil de Navarra ha desarticulado una red empresarial que habría movido de forma fraudulenta cerca de un millón de euros.

El epicentro de la operación se sitúa en un centro de tratamiento de chatarra de la Merindad de Estella. Allí, los agentes detectaron un "patrón irregular" que encendió todas las alarmas: miles de albaranes de venta de metal a nombre de personas que, en realidad, no tenían ni idea de que figuraban en esos registros.

La trama utilizaba un método concienzudo para evitar los controles fiscales. Fraccionaban las ventas en importes inferiores a los 1.000 euros para que no saltaran los avisos administrativos. Para dar apariencia de legalidad a estas operaciones, la red usurpaba la identidad de trabajadores, extrabajadores, clientes e incluso personas totalmente ajenas al sector.

En total, la Guardia Civil ha identificado a 155 personas perjudicadas cuyos datos personales fueron utilizados sin su consentimiento para registrar ventas ficticias de material reciclable, ocultando así la procedencia real de la chatarra, mucha de ella vinculada a robos de cableado telefónico y eléctrico en la zona.

La investigación no solo ha sacado a la luz el fraude con el metal, sino también graves irregularidades en los derechos de los trabajadores. Los agentes constataron que las empresas implicadas camuflaban el pago de horas extraordinarias bajo el concepto de dietas, eludiendo así el pago de las cotizaciones correspondientes a la Seguridad Social y perjudicando directamente la jubilación y prestaciones de sus empleados.

La fase final de la operación ha sido de una complejidad técnica extrema. Los investigadores del Instituto Armado han tenido que examinar:

  • Más de 83.000 archivos digitales y 10.000 documentos escaneados.

  • Cerca de 800 albaranes y 2.000 tickets de pesaje manual.

El resultado es demoledor: 17 personas físicas y siete empresas están siendo investigadas por un total de 32 delitos, que van desde la falsedad documental y la usurpación de estado civil hasta el fraude a la Seguridad Social y la revelación de secretos. Las diligencias ya han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción número 2 de Estella.