Un celador de Pamplona se sienta en el banquillo por aprovecharse de una chica de 17 años con una intoxicación etílica
Un celador del Hospital Universitario de Navarra en Pamplona está acusado de sobrepasarse con una chica menor de edad que había llegado al centro sanitario por una intoxicación etílica. La Fiscalía solicita para él una pena de 6 años de prisión al considerarlo responsable directo de un delito de agresión sexual.
Los hechos bajo sospecha, que van a ser juzgados esta semana en la capital navarra, ocurrieron durante la madrugada del pasado 31 de enero de 2025, alrededor de la 1 de la noche.
El relato de la Fiscalía describe un escenario de absoluta desprotección en el centro hospitalario. Según la acusación pública, el procesado se valió de su condición laboral y de la extrema vulnerabilidad en la que se encontraba la víctima, una joven de 17 años que estaba siendo atendida en un box de la zona polivalente de Urgencias.
La menor yacía en una camilla, adormilada y bajo los efectos de una severa intoxicación etílica que los análisis clínicos cifraron en una tasa de alcohol en sangre de 2,28 gramos por litro.
El acusado aguardó el instante preciso en el que la paciente se quedó completamente sola en la estancia para acceder al box. Movido por un ánimo libidinoso —es decir, con la intención de obtener una satisfacción sexual— y sin contar en ningún momento con el consentimiento de la menor, comenzó a realizarle tocamientos íntimos.
La agresión, desgranada de forma minuciosa por el fiscal, detalla cómo el encausado introdujo presuntamente ambas manos por debajo de la bata del hospital y del sujetador de la víctima para tocarle los pechos. Acto seguido, tras retirar las manos, se chupó los dedos y, valiéndose de la humedad, tocó los labios de la joven. Lejos de detenerse, le bajó el sujetador y le succionó el pezón izquierdo, para después deslizar su mano por debajo del pantalón y de la ropa interior con el fin de tocarle la zona púbica. El asalto solo concluyó cuando la víctima realizó un movimiento en la camilla, un gesto que ahuyentó al trabajador, quien interrumpió los abusos y abandonó apresuradamente el lugar.
Jurídicamente, la acusación pública califica este episodio como un delito de agresión sexual, sin que concurran circunstancias atenuantes ni agravantes que modifiquen su responsabilidad criminal. Más allá de los 6 años de cárcel, el fiscal pide una inhabilitación especial de cinco años para ejercer cualquier actividad profesional en el ámbito sanitario, la pérdida del derecho al sufragio pasivo durante la condena y el abono de las costas procesales.
La batería de medidas solicitadas por el Ministerio Público incluye también una inhabilitación especial de 12 años para cualquier oficio, profesión o actividad, sea o no retribuida, que implique un contacto regular y directo con menores de edad. Asimismo, de cara a su salida de prisión, se reclama imponerle una medida de libertad vigilad por un periodo de 6 años.
En la actualidad, el investigado tiene prohibido comunicarse con la joven o acercarse a menos de 300 metros de ella debido a una medida cautelar dictada el 4 de febrero de 2025. Para la futura sentencia, la Fiscalía solicita endurecer esta protección elevando a 8 años la prohibición de aproximación y comunicación, una restricción aplicable tanto a la menor como a su domicilio, centro de estudios o cualquier lugar que frecuente. Finalmente, en concepto de responsabilidad civil, se pide que el acusado indemnice a la víctima con 3.000 euros por el daño moral ocasionado.