Un juzgado admite a trámite una querella contra el socialista Alzórriz por presunto cohecho y tráfico de influencias
La investigación se centra en la posible relación entre la adjudicación de obras en Sendaviva y la reforma de la vivienda de Alzórriz, que habría sido ejecutada por la misma empresa constructora.
Un juzgado de Pamplona ha admitido a trámite una querella contra el parlamentario socialista Ramón Alzórriz, interpuesta por Vox, por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias en relación con unas obras realizadas en su piso y varios contratos de obras en el parque Sendaviva.
La investigación se centra en la posible relación entre la adjudicación de obras en Sendaviva y la reforma de la vivienda de Alzórriz, que habría sido ejecutada por la misma empresa constructora. El caso ha quedado en manos del Juzgado de Instrucción número 5, que ha decidido abrir diligencias para analizar los hechos denunciados.
Según la querella, las actuaciones investigadas afectan al dueño de la constructora Adentro Construimos y al gerente del parque Sendaviva, además del propio Ramón Alzórriz. La denuncia también se ha dirigido contra el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti.
El procedimiento pone el foco en el supuesto troceamiento de contratos de obras en el parque Sendaviva. Esas actuaciones también han sido objeto de investigación por parte de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra, que ha apreciado posibles irregularidades en la licitación.
Las obras de Sendaviva se han llevado a cabo con cargo a una subvención del Gobierno de Navarra y habrían sido adjudicadas a una misma empresa. Esa compañía es, según la denuncia, la misma que ha ejecutado la reforma del piso de Ramón Alzórriz con un presupuesto que ha sido puesto en cuestión.
La causa deberá determinar ahora si existe relación entre ambas actuaciones y si los hechos investigados pueden encajar en los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias recogidos en la querella.
Desde Vox han exigido que Ramón Alzórriz abandone su acta de parlamentario foral. El presidente provincial de la formación en Navarra, José María García Elorz, ha valorado la admisión de la querella y ha afirmado que “se investigan delitos de cohecho y tráfico de influencias” y que se deduce una pieza al TSJ de Navarra para investigar al aforado Alzórriz.
García Elorz ha asegurado que Alzórriz es “la mano derecha de la señora Chivite e íntimo amigo de Santos Cerdán en la época gloriosa en la que se cocía toda la corrupción en Navarra”. También ha defendido que Vox va a “perseguir los indicios de corrupción ahí donde se presenten” y que no va a parar “hasta aclarar toda esta basura”.
La formación ha recordado que llevó el caso a la justicia en junio de 2025. En su denuncia, Vox señaló la adjudicación “a dedo” a la empresa Adentro Construimos SL, propiedad de Carlos Vidaurre, de cuatro contratos fraccionados por debajo de los 200.000 euros para evitar la intervención de la Mesa de Contratación prevista en la Ley Foral de Contratos Públicos.
Esos contratos se corresponden, según la formación, con la urbanización del acceso al parque por 199.999 euros, la construcción del nuevo edificio de acceso por 199.999 euros, el acondicionamiento de caminos de servicio por 190.000 euros y la urbanización de la plaza y cimentación de caída libre por 199.848,74 euros.
Vox ha indicado que Adentro Construimos SL fue la misma empresa que reformó el piso de Ramón Alzórriz y la sede del Partido Socialista de Navarra. Además, ha señalado que la compañía se ha llevado otras numerosas adjudicaciones de obra pública.
La formación ha explicado que posteriormente amplió la querella con los informes de la Intervención General del Gobierno de Navarra y de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra. Según Vox, esos documentos han detectado indicios de fraccionamiento indebido de contratos y posibles irregularidades en el procedimiento de licitación.
En esa ampliación también se ha incluido la contratación de Martín Vidaurre Martínez, hijo del constructor Carlos Vidaurre, como asesor en el Grupo Parlamentario Socialista del Parlamento de Navarra.
García Elorz ha concluido que esta admisión “evidencia la presunta corrupción que ha rodeado al Gobierno de María Chivite en la gestión de fondos públicos en Sendaviva”. Por ello, ha exigido “transparencia total” y que los responsables políticos asuman responsabilidades, “empezando por la dimisión de Ramón Alzórriz como parlamentario”.
En este contexto, UPN se va a personar como acusación popular en la querella presentada por Vox contra el ex portavoz del PSN Ramón Alzórriz, el dueño de la empresa constructora Adentro Construimos y el gerente del parque Sendaviva.
La formación foralista ha adoptado esta decisión después de que el Juzgado de Instrucción número 5 haya decidido investigar el supuesto troceamiento de contratos de obras en Sendaviva y las obras realizadas en el piso del parlamentario socialista Ramón Alzórriz, ejecutadas por la misma constructora.
Además, UPN ha destacado que la denuncia se extiende contra el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti. Según la formación regionalista, “con toda probabilidad acabará implicado en el procedimiento porque el hecho de que no se haya admitido ya contra él es una cuestión de trámite y subsanable”.
En este sentido, desde UPN han afirmado que “el cerco se estrecha contra María Chivite, también en un asunto que huele mal y que puede afectar tanto a su ex número 2 y, no olvidemos, todavía parlamentario, como a su actual consejero de Economía y Hacienda”.
Los foralistas han considerado “muy grave” que el juzgado investigue la posible relación entre la adjudicación de obras en Sendaviva y las obras del piso de Ramón Alzórriz. Han recordado que las actuaciones en el parque también están siendo investigadas por la Oficina de Anticorrupción.
UPN ha señalado que Alzórriz es “una persona muy ligada a María Chivite, tanto o más que Santos Cerdán”. La formación ha añadido que se habla de posibles delitos de cohecho y tráfico de influencias.
Por ello, los regionalistas han defendido que “se llegue hasta el final, se investigue todo lo que se tenga que investigar y se despeje toda duda y sospecha de corrupción”.
Desde UPN han recordado que ya denunciaron ante la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra el troceamiento de un solo contrato de obras en Sendaviva en varios contratos. Según han indicado, esa denuncia ha llevado a la Oficina Anticorrupción a investigar lo sucedido al apreciar posibles irregularidades en la licitación.
La formación foralista ha explicado que se trata de unas obras ejecutadas con cargo a una subvención del Gobierno de Navarra y adjudicadas a una misma empresa. Esa compañía, según ha señalado UPN, es la misma que ha llevado a cabo la reforma del piso de Ramón Alzórriz conforme a un presupuesto que consideran “cuando menos cuestionable”.
Finalmente, UPN ha lamentado que “las sospechas de posible corrupción estén marcando la trayectoria y la actividad del Gobierno de María Chivite”.
LA REACCIÓN DE MARÍA CHIVITE
La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha mostrado el "respeto absoluto institucional" a la decisión del juzgado de admitir a trámite la querella de Vox por presuntos delitos en la adjudicación de obras en Senda Viva.
Chivite, quien ha comparecido en rueda de prensa para informar del convenio de residencias de Navarra, ha comentado que han tenido conocimiento por los medios de comunicación de la admisión a trámite de la querella de Vox.
Ha mostrado además la colaboración por parte del Gobierno de Navarra en toda la información que le sea requerida. "Total transparencia y, por supuesto, nuestra disposición a colaborar en lo que respecta a este procedimiento judicial", ha subrayado.
No obstante, llama especialmente la atención que la presidenta de Navarra abogue ahora por "la transparencia". Vox realizó hasta cuatro consultas en el Parlamento de Navarra relativas a los contratos del 'caso Sendaviva' y ninguna de ellas fue resuelta.