TRIBUNALES

El Supremo decide mantener a Santos Cerdán en la cárcel y explica los motivos

Imagen de archivo de Santos Cerdán. JESÚS HELLÍN / EUROPA PRESS

El juez del Supremo rechaza la libertad del ex secretario de Organización del PSOE al persistir el riesgo de destruir pruebas en la investigación.

El Tribunal Supremo ha decidido mantener en prisión provisional a Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, aunque ha advertido que previsiblemente la medida no se prolongará más allá del 30 de diciembre.

El magistrado instructor del caso Koldo, Leopoldo Puente, ha rechazado su última petición de libertad al considerar que persiste el riesgo de destrucción de pruebas dentro de la investigación por la presunta trama de comisiones a cambio de obra pública.

Cerdán ingresó en la cárcel de Soto del Real el pasado 30 de junio acusado de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. Desde entonces, ha solicitado en varias ocasiones su excarcelación, pero el alto tribunal ha mantenido la medida cautelar.

El juez ha recordado que el plazo máximo de prisión provisional en este caso es de seis meses y ha fijado como límite el próximo 30 de diciembre, aunque ha subrayado que la situación podría revisarse antes si desaparecen las causas que la motivaron.

Puente ha explicado que la investigación continúa abierta, con especial atención a los vínculos económicos de Cerdán y la sociedad Servinabar 2000, así como a sus posibles relaciones con personas vinculadas a la empresa Acciona. Según el magistrado, aún existen riesgos de ocultación o alteración de documentos y de manipulación de testigos, lo que justifica mantener la prisión preventiva.

El instructor también ha incidido en que es consciente del efecto “gravemente aflictivo” de esta medida y de su tensión con el derecho a la presunción de inocencia, pero ha recordado que la investigación arroja indicios claros de criminalidad. En este sentido, ha rechazado la tesis de la defensa de que Cerdán sea víctima de un “complot” en el que estarían implicados la Fiscalía, la Guardia Civil o el propio juez.

Respecto a la crítica de que no se haya practicado todavía un registro en su vivienda, Puente ha apuntado que determinadas diligencias requieren discreción para ser eficaces y que no pueden ser previsibles para el investigado.