El Supremo tumba una querella de Vox contra Chivite por "no conectarla" con los hechos a investigar
El alto tribunal ha archivado la denuncia presentada por VOX contra la presidenta del Gobierno de Navarra.
Una querella de VOX contra María Chivite por presunta corrupción no ha salido adelante. La Sala Penal del Tribunal Supremo no ha admitido a trámite la denuncia presentada por el partido político contra la presidenta del Gobierno de Navarra por supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y organización criminal, relacionados con la adjudicación de varios contratos públicos.
El alto tribunal ha considerado que la querella no describe actos concretos atribuibles a María Chivite que permitan sostener, ni siquiera de forma indiciaria, que hubiera dado directrices para alterar procedimientos de contratación pública o que interviniera en la valoración de ofertas, en las mesas de contratación o en la resolución de expedientes.
En el auto, los magistrados han señalado que no existen indicios de que Chivite se hubiera beneficiado de dádivas, promesas o contraprestaciones, ni que exista un nexo objetivo entre su conducta y los delitos denunciados. Según el Supremo, la querella carece de elementos que conecten de forma directa la actuación de la presidenta navarra con los hechos que se pretendían investigar.
La querella de Vox se dirigía tanto contra Chivite —aforada ante el Supremo conforme a la Ley de Amejoramiento— como contra Santos Cerdán, Koldo García, Fernando Agustín Merino, Pedro López Vera, Jesús Polo Soria y los funcionarios que hubieran participado en la licitación de los contratos. El partido denunciaba un supuesto concierto para favorecer a determinadas empresas.
El Supremo ha subrayado que la querella no se apoya en documentos ni pruebas propias, sino en algunos extremos de un informe de la UCO incorporado a la causa que instruye el magistrado Leopoldo Puente contra el exministro José Luis Ábalos y otras personas.
Los contratos públicos a los que hacía referencia la denuncia eran la concesión administrativa y obra de la Mina Muga, para la explotación de un yacimiento de potasa en Sangüesa; la adecuación de los lotes 4 y 5 del pabellón Navarra Arena en Pamplona; la concesión de un contrato de derribos y adecuación en la plaza de Los Fueros de Milagro; y el denominado Proyecto panadero en Huarte.
Según el auto, la querella vinculaba a Chivite con estas adjudicaciones únicamente por su cargo institucional y por haber mantenido, según VOX, cuatro reuniones entre 2020 y 2021 con Antxón Alonso Egurrola, además de por su relación personal y profesional con Santos Cerdán, a quienes se atribuía el control de la empresa adjudicataria Servinabar.
Para la Sala Penal, estos elementos “carecen de concreción, individualización y soporte objetivo suficiente” y se sitúan en un plano de sospecha genérica, derivada de la posición institucional de la presidenta y de sus relaciones personales, lo que no equivale a haber participado o influido en adjudicaciones presuntamente irregulares.
Con todo ello, el Tribunal Supremo ha acordado la inadmisión y archivo de la querella, aunque ha dejado abierta la posibilidad de que los hechos puedan investigarse respecto a personas no aforadas ante el órgano judicial territorialmente competente, si así se denunciara.