Bretaña aseguró a Toquero de forma explícita que la planta de biogás de Tudela entraba en la moratoria
La directora general de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, Ana Bretaña, afirmó de manera explícita en una reunión institucional agendada con varios días de antelación que se celebró en el Ayuntamiento de Tudela, y ya con la moratoria de las plantas de biogás aprobada por el Parlamento, que la planta de la capital ribera sí quedaba incluida en esa moratoria. Lo dijo ante el alcalde y su equipo, detalló los motivos técnicos por los que Tudela entraba en el veto y se comprometió incluso a enviarlo por escrito.
Sin embargo, días después, el Gobierno de Navarra negó públicamente lo asegurado en una reunión formal y ante testigos y defendió justo lo contrario: que la instalación quedaba fuera de la suspensión. Resulta curioso que ese desmentido no lo hizo la directora general, ni el presidente de Nilsa, que están desaparecidos, sino "fuentes del departamento".
Para el Ayuntamiento, esta contradicción entre lo asegurado por la directora general y lo sostenido después por el Ejecutivo es el elemento más grave y revelador del caso.
Según trasladaron los representantes municipales presentes en el encuentro, Bretaña explicó que el proyecto de Tudela debía entrar en la moratoria porque no se había realizado todavía el trámite de audiencia previo a la firma de la Autorización Ambiental Integrada (AAI), un requisito imprescindible para considerar completado un expediente. Aseguró que la AAI ni estaba firmada ni estaba hecha, y que, por tanto, el caso de Tudela encajaba de forma automática en la suspensión temporal aprobada por la Cámara foral.
La directora general afirmó también que había hablado desde el coche, camino de Tudela tras el pleno, con el consejero José María Aierdi, y que ambos compartían la misma interpretación: todos los proyectos cuyos promotores no hubieran recibido ya el trámite de audiencia quedaban dentro de la moratoria, y ahí entraba Tudela. Remarcó además que dicho trámite no podía resolverse de un día para otro porque tenía que cumplir unos plazos.
Sin embargo, la cronología ha avivado las sospechas del Ayuntamiento. El pleno fue el jueves 30 de octubre y la resolución de la AAI de Tudela se publicó en el BON el 5 de noviembre, apenas tres días hábiles después. Desde el consistorio consideran imposible completar en ese tiempo un trámite que la propia directora general calificó como no inmediato. Por ello sostienen que se ejecutó un procedimiento “exprés” para firmar a tiempo la autorización ambiental y dejar el proyecto fuera de la moratoria.
El Ayuntamiento cree que alguien dentro del Gobierno dio la orden de retrasar la publicación de la ley —que normalmente se realiza en 24 o 48 horas— hasta asegurarse de que la planta promovida por Nilsa quedara formalmente autorizada. Recuerdan además que el tío de la presidenta, Óscar Chivite, consejero de Cohesión Territorial, es también presidente de Nilsa. Si existió un choque de criterios entre él y el consejero Aierdi, consideran factible que la presidenta María Chivite tomara la decisión final para permitir la exclusión del proyecto tudelano.
A este contexto se suma otro elemento más: el responsable de Economía Circular de la Dirección General de Medio Ambiente, Raúl Salanueva —encargado de las Autorizaciones Ambientales—, fue cesado cuatro días antes del pleno en el que se aprobó la moratoria. Su cese no se publicó en el BON hasta el 14 de noviembre, un día después de que apareciera la ley que establecía la suspensión temporal de nuevas plantas de biogás. Hasta la fecha, nadie ha explicado los motivos de su cese, aunque se sospecha que tuvo que ver con la urgencia con la que desde el Gobierno de Navarra se quiso tramitar la autorización ambiental.
Además, en la reunión celebrada en el Ayuntamiento, Bretaña también afirmó que mientras no se renunciara a los tres digestores proyectados para transformar en biogás los fangos transportados desde toda Navarra, la instalación debía considerarse una planta de biogás. Según dijo, no tenía sentido aumentar el volumen de lodos si no era para producir biogás, contraviniendo así la defensa socialista de que se trataba únicamente de una planta de fangos.
En el encuentro participaron, además de la directora general y el alcalde Alejandro Toquero, el concejal de Urbanismo, la concejal de Medio Ambiente y el jefe de gabinete del regidor.
Días después, Toquero denunció públicamente que el PSN había “dilatado intencionadamente” la publicación de la ley para permitir que la planta —ubicada a unos 800 metros de la ciudad, en terrenos inundables junto al Ebro— quedara fuera del veto parlamentario. Calificó la actuación como una “infame felonía” y aseguró que la confianza en los socialistas había quedado “dinamitada”.
El regidor avanzó que el Ayuntamiento emprenderá todas las acciones necesarias para frenar el proyecto y revisará todos los convenios con Nilsa, con el objetivo de recuperar en cuanto sea posible el control de la depuradora municipal. También acusó al Gobierno y a la empresa pública de haber “dejado vendidos” a los tudelanos.
Desde el PSN respondieron acusando a Toquero de “difundir falsedades” y de utilizar la institución de manera partidista.
La controversia ha abierto un conflicto institucional de gran calado entre Tudela y el Gobierno de Navarra, pero para el Ayuntamiento la clave sigue siendo la misma: la directora general dijo en la reunión que Tudela sí estaba dentro de la moratoria, y ese compromiso verbal nunca llegó por escrito y fue posteriormente negado por el propio Ejecutivo.