Asiron permitirá acceder a pisos municipales en Pamplona sin cumplir los plazos exigidos de empadronamiento
La nueva ordenanza de vivienda de Pamplona establece plazos de residencia de seis meses o más de dos años, pero permite excepciones justificadas mediante un informe de los servicios sociales municipales.
El Ayuntamiento de Pamplona, gobernado por Joseba Asiron (EH Bildu), ha aprobado una nueva ordenanza que permitirá acceder a determinadas viviendas municipales sin cumplir los plazos mínimos de antigüedad en el empadronamiento. La medida introduce una excepción a los requisitos generales de residencia en la ciudad, siempre que exista un informe social que la justifique.
La modificación aparece recogida en la nueva ordenanza Aukera, publicada el martes 3 de noviembre en el Boletín Oficial de Navarra (BON). El texto, aprobado definitivamente por el pleno municipal el pasado 1 de octubre, regula el acceso a las viviendas municipales destinadas a personas y familias con dificultades económicas o en situación de exclusión residencial.
La normativa establece, como regla general, que las personas solicitantes deberán estar empadronadas en Pamplona o acreditar una residencia efectiva de más de dos años para acceder a una vivienda de transición. Para las viviendas de emergencia habitacional económica y las de estabilización, el periodo exigido se reduce a seis meses.
Sin embargo, el artículo 17.2 de la ordenanza introduce una posibilidad de excepción que permitirá apartarse de estos plazos mínimos.
En concreto, establece que, mediante un informe de la persona responsable del Programa de Acogida y Orientación Social o del Programa de Incorporación Social del Área de Acción Social, “podrá valorarse, de forma justificada, la excepción del requisito de antigüedad en padrón”.
Esto significa que el Ayuntamiento podrá admitir solicitudes de personas que no alcancen los periodos ordinarios de residencia exigidos, siempre que los servicios sociales justifiquen esa excepción. No se trata, por tanto, de eliminar de manera general los requisitos de empadronamiento, sino de permitir que se flexibilice su antigüedad en determinados casos.
La decisión supone introducir un margen de valoración social en el acceso a un recurso público limitado como es la vivienda municipal. La ordenanza no establece en ese apartado una relación cerrada de circunstancias que permitan aplicar la excepción, sino que remite a la justificación que realicen los responsables de los programas sociales correspondientes.
La nueva regulación también amplía considerablemente los supuestos de acceso a las viviendas municipales. Hasta ahora, el Ayuntamiento contaba con una ordenanza aprobada en 2016 y centrada principalmente en situaciones de emergencia habitacional. El nuevo texto extiende el sistema a otras circunstancias de exclusión residencial que no necesariamente requieren una intervención inmediata.
El propio Ayuntamiento explica en la exposición de motivos que pretende superar el marco anterior y atender situaciones de inestabilidad económica, dificultades para acceder al alquiler, hacinamiento, infravivienda o amenaza de desahucio.
Para ello, establece tres modalidades principales de alojamiento, con diferentes condiciones y periodos de utilización.
Las viviendas de emergencia habitacional económica estarán destinadas a personas en situación de extrema necesidad, sin ingresos o con ingresos inferiores a la cuantía de renta garantizada que les correspondería. La estancia máxima será de un año, con un acompañamiento social obligatorio.
Una de las particularidades de esta modalidad es que las viviendas se compartirán entre distintas unidades familiares, salvo que las condiciones del inmueble o de las familias no lo aconsejen. Además, se establece un periodo de prueba de tres meses para evaluar la adaptación de las personas beneficiarias al programa.
Las viviendas de estabilización, por su parte, se reservarán preferentemente a familias procedentes de los alojamientos de emergencia que hayan mejorado su situación económica. El periodo máximo de estancia será de dos años, con revisiones anuales. También podrán compartirse entre diferentes unidades familiares cuando no existan viviendas libres en esta modalidad.
Finalmente, las viviendas de transición estarán dirigidas a personas y familias que necesiten una solución temporal mientras buscan una alternativa habitacional estable. Podrán permanecer en ellas hasta tres años, siempre que cumplan las condiciones económicas establecidas y las revisiones correspondientes.
La ordenanza también contempla alojamientos para personas afectadas por incendios, inundaciones u otras catástrofes, además de viviendas destinadas a realojos urbanísticos y programas desarrollados mediante convenios con entidades sin ánimo de lucro.
La excepción de antigüedad en el padrón no implica que desaparezcan los demás requisitos de acceso. Las personas solicitantes deberán cumplir las condiciones económicas y sociales correspondientes, inscribirse en el Registro de Solicitantes de Vivienda Municipal y, cuando proceda, figurar también en el censo de vivienda protegida del Gobierno de Navarra.
Asimismo, deberán abonar el precio público mensual y los suministros, mantener la vivienda en buenas condiciones y demostrar una búsqueda activa de alternativas habitacionales. Como regla general, tampoco podrán haber rechazado una vivienda social o protegida durante los dos años anteriores.
La nueva normativa atribuye a la Oficina Municipal de Vivienda las funciones de gestión y tramitación de las adjudicaciones, aunque en los casos de emergencia económica y estabilización las propuestas corresponderán al Área de Acción Social.
La ordenanza entrará en vigor 15 días hábiles después de su publicación en el BON, según establece su disposición final. Con ella, el equipo de gobierno de Asiron sustituye el sistema aprobado en 2016 por un modelo más amplio, que contempla distintas situaciones de exclusión residencial y permite excepcionar, mediante una justificación social, los plazos ordinarios de antigüedad en el empadronamiento.