Nuevo retraso en Velate: el Gobierno de Chivite se da de plazo "un año" para reanudar las obras

El túnel de Velate seguirá durante meses pendiente de una solución después de los problemas técnicos y administrativos que han obligado al Gobierno de Navarra a abandonar el contrato actual y preparar una nueva licitación. El Ejecutivo foral se ha marcado ahora como objetivo que las obras puedan volver a estar en marcha dentro de un año.

El nuevo calendario llega después de meses de dificultades en una de las principales infraestructuras de Navarra. La propia presidenta, María Chivite, reconoció el pasado 24 de septiembre que el túnel, “tal y como se había diseñado, no parece que fuera viable técnicamente”, después de que el Ejecutivo hubiera decidido ya cambiar sus planes para completar la infraestructura.

El vicepresidente primero, Javier Remírez, y el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, han comparecido este martes 6 de octubre en el Parlamento de Navarra para explicar los siguientes pasos. “Trabajamos con un horizonte temporal conciso. En un año, las obras deben estar en marcha”, ha asegurado Chivite.

Ese plazo implica que las obras permanecerán paralizadas mientras el Gobierno completa la resolución del contrato, liquida los trabajos realizados y prepara una nueva licitación. Todo ello después de que el proyecto adjudicado inicialmente haya terminado desembocando en un procedimiento para poner fin al contrato vigente.

El pasado 17 de septiembre, la directora general de Obras Públicas dejó sin efecto la aprobación técnica del Proyecto Modificado 1 y puso fin a su tramitación. La decisión llegó después de los informes técnicos y jurídicos derivados del reparo suspensivo de la Intervención General.

El procedimiento ha registrado ahora un nuevo avance. La UTE adjudicataria comunicó este lunes que no se opone a la resolución del contrato, lo que permite al Ejecutivo avanzar hacia la ruptura definitiva del acuerdo y preparar posteriormente una nueva adjudicación.

El expediente tendrá todavía que incorporar diferentes informes y someterse a la fiscalización de la Intervención General antes de que la directora general de Obras Públicas adopte la resolución definitiva.

Después llegará la liquidación del contrato. Será necesario ordenar el cierre de la obra, acometer los desmontajes necesarios y elaborar un acta que determine exactamente qué trabajos se han ejecutado y cuáles siguen pendientes.

Mientras se completa este procedimiento, Cohesión Territorial trabaja en paralelo para intentar reducir el tiempo entre el final del contrato actual y la siguiente licitación. La Sección de Proyectos y Obras está preparando los pliegos y los informes para contratar conjuntamente la redacción del nuevo proyecto y la dirección de obra.

El Gobierno necesita además disponer de un proyecto final que refleje con precisión qué partes del túnel de Velate están ya construidas. La dirección de obra dispone de un plazo máximo de dos meses para entregar ese documento.

El nuevo proyecto deberá mantener las soluciones utilizadas en el tramo ya ejecutado, pero también revisar diferentes elementos relacionados con las instalaciones, las galerías de evacuación y otras unidades de obra.

La situación confirma el cambio completo de escenario respecto al proyecto inicialmente adjudicado. Chivite ya reconoció el 24 de septiembre que “la obra no puede continuar en los términos actuales” y que sería necesario acudir a una nueva licitación para completar los trabajos. También admitió entonces que el proceso iba a ralentizar la finalización de la infraestructura.

Mientras tanto, siguen pendientes de certificar los trabajos realizados durante julio, agosto y septiembre. El Gobierno prepara también la certificación final, que deberá incluir únicamente las unidades realmente ejecutadas y a los precios contemplados en el proyecto.

También será necesario mantener durante este periodo un protocolo de vigilancia y mantenimiento del túnel. Según la dirección de obra, la infraestructura se encuentra actualmente estable y las deformaciones detectadas anteriormente en la bóveda se han estabilizado.

Remírez ha insistido en que “no se va a abonar ninguna cantidad al margen de los procedimientos legalmente establecidos”. Óscar Chivite ha añadido que “no se ha pagado ni un euro que no esté avalado por Intervención, ni se va a pagar”.

El vicepresidente también se ha dirigido a los vecinos afectados por la situación de la N-121-A y los túneles de Velate y Almandoz, que han reclamado durante los últimos días que las obras se reanuden cuanto antes.

“No les defraudaremos. Y les pedimos disculpas por estos retrasos e imprevistos”, ha señalado Remírez, después de que el Gobierno haya tenido que abandonar el proyecto modificado, encaminar la resolución del contrato actual y comenzar los trámites para volver a licitar una obra que había sido adjudicada y estaba ya en ejecución.

La comparecencia también ha evidenciado que los grupos parlamentarios mantienen sus posiciones sobre la gestión de Velate. UPN, PP y Vox han vuelto a cuestionar la actuación del Gobierno de Navarra y han reclamado explicaciones y responsabilidades por los problemas acumulados en la obra.

El PSN ha defendido, por el contrario, que el Ejecutivo continúe trabajando para desbloquear la situación y sacar adelante la nueva licitación.

Más críticos se han mostrado EH Bildu y Contigo-Zurekin, que han considerado que la comparecencia apenas ha aportado novedades y han mostrado dudas sobre la gestión realizada y los plazos planteados para recuperar las obras.

Por su parte, Geroa Bai ha reconocido que se han adoptado decisiones “no adecuadas” y ha pedido separar los problemas administrativos de la obra de las investigaciones abiertas sobre posibles casos de corrupción.

La comparecencia ha dejado también una explicación relevante sobre cómo se firmó la orden de continuidad de las obras de Velate. La actual directora general de Transportes y Movilidad Sostenible, Berta Miranda, que asumió durante dos meses de forma provisional la Dirección General de Obras Públicas tras el cese de Pedro López, ha defendido su actuación ante el Parlamento.

Miranda ha asegurado que la instrucción que firmó para mantener los trabajos fue elaborada por los servicios técnicos del Departamento y que, antes de rubricarla, preguntó expresamente si podía hacerlo desde el punto de vista jurídico. Según ha afirmado, recibió una respuesta afirmativa expresa.

La responsable ha explicado que su participación en el expediente fue "muy limitada" durante los dos meses en los que ejerció como suplente, entre el 2 de diciembre de 2025 y el 4 de febrero de 2026. En ese periodo firmó la resolución que permitió abonar varias certificaciones de obra y, el 31 de diciembre, la instrucción para continuar los trabajos conforme a la solución técnica recogida en el Proyecto Modificado 1 mientras se buscaba una alternativa.

Miranda ha señalado que se apoyó en "todo el equipo" de Obras Públicas, formado por técnicos, jurídicos y responsables políticos, aunque no ha señalado a ningún cargo concreto como autor de la orden de continuar las obras. También ha defendido la profesionalidad de los funcionarios que elaboraron y avalaron aquella instrucción.

Sin embargo, seis meses después, la Intervención General concluyó que aquella orden permitió seguir ejecutando las obras conforme a un proyecto modificado que no había sido aprobado, prescindiendo del procedimiento legalmente establecido. El informe advertía además de que esa situación podía generar nuevos derechos y obligaciones para la contratista y comprometer económicamente a la Administración sin crédito suficiente.

Intervención consideró asimismo que la omisión de fiscalización no podía ser convalidada, al entender que no se había producido únicamente una falta de control previo del gasto, sino la omisión de una fase del expediente y del procedimiento exigido, una situación que podría derivar en nulidad de pleno derecho.

Los socios del Gobierno han asegurado que no conocieron la existencia de esta orden hasta que el interventor emitió su informe de no fiscalización. Miranda, por su parte, ha defendido que la continuidad de los trabajos respondía al interés general, a la necesidad de adaptar los túneles de Velate y Almandoz a la normativa europea de seguridad y a los problemas de tráfico y siniestralidad de la N-121-A.

La directora general también ha reconocido que, además de los informes técnicos y jurídicos, debía responder a los objetivos políticos del Gobierno de Navarra. Entre ellos ha citado la finalización de una infraestructura que ha calificado de "imprescindible" y el objetivo de poner fin al incumplimiento de la normativa comunitaria.