Política de ruido

La política debería ser una herramienta de servicio público orientada a garantizar estabilidad institucional, cohesión social y respuestas eficaces a los problemas reales de los ciudadanos. Sin embargo, la realidad española refleja una degradación del debate público, donde la confrontación permanente ha sustituido a la capacidad de diálogo, acuerdo y autocrítica.

Desde una perspectiva criminológica, las organizaciones políticas funcionan muchas veces como estructuras cerradas de autoprotección. Por ello, resulta difícil que los partidos reconozcan errores, asuman responsabilidades o admitan públicamente el fracaso de determinadas políticas. Ni los malos resultados electorales ni las decisiones equivocadas suelen generar procesos internos de reflexión.

El PSOE ha sufrido importantes retrocesos en comunidades históricamente relevantes como Andalucía, Aragón, Extremadura o Castilla y León. Andalucía constituye el ejemplo más evidente y, después de décadas de gobierno, ha perdido gran parte de la confianza social acumulada.

A ello se suma su actual situación interna, marcada por las polémicas que rodean a José Luis Rodríguez Zapatero, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, episodios que han incrementado la desconfianza ciudadana hacia las instituciones.

En cualquier democracia madura, cuando una organización política atraviesa una crisis de credibilidad profunda, debería asumir responsabilidades políticas y devolver la palabra a los ciudadanos mediante una convocatoria electoral. Sin embargo, el mantenimiento del poder parece situarse por encima de cualquier consideración ética. Los escaños parlamentarios pertenecen a los ciudadanos que los hacen posibles con sus votos, no a las estructuras internas de los partidos.

En Navarra, esta dinámica también ha generado tensiones institucionales. Cabría preguntarse si no habría sido posible, en determinados momentos, alcanzar entendimientos institucionales más amplios con fuerzas como Unión del Pueblo Navarro, que ha representado durante décadas una referencia política relevante dentro de la Comunidad Foral, en materias esenciales para la Comunidad Foral, priorizando la estabilidad y el interés general por encima del desgaste partidista.

Sin embargo, los bloques ideológicos han impedido alcanzar acuerdos amplios y estables en beneficio del conjunto de los ciudadanos.

Uno de los fenómenos preocupantes es la degradación del lenguaje político. El insulto, la descalificación y el desprecio hacia el adversario se han convertido en herramientas habituales del debate parlamentario.

La política española atraviesa un momento de crispación donde el rival político deja de ser considerado un adversario legítimo para convertirse en un enemigo al que hay que destruir públicamente. El Parlamento, las cámaras autonómicas y muchos debates públicos han dejado de ser espacios de argumentación racional para convertirse, en demasiadas ocasiones, en escenarios de descalificación personal, ironías ofensivas y ataques permanentes.

Desde la criminología social, el lenguaje agresivo tiene consecuencias sobre la convivencia. Cuando los representantes públicos normalizan el insulto y la falta de respeto, trasladan a la sociedad una cultura de enfrentamiento. Esa tensión acaba deteriorando la confianza institucional y aumentando el desapego ciudadano hacia la democracia.

También resulta difícil comprender por qué determinados partidos son incapaces de alcanzar acuerdos mínimos de estabilidad. Si parte de la izquierda considera que Vox no debería ser decisorio en gobiernos autonómicos, cabría preguntarse por qué no facilita gobiernos del Partido Popular o de la fuerza más votada.

Lo mismo pasa con Vox, que paraliza la constitución de nuevos gobiernos autonómicos por mero interés partidista. En numerosos países europeos existen culturas de pacto orientadas a preservar la gobernabilidad y reducir la tensión institucional. En España, sin embargo, prevalece con demasiada frecuencia la lógica del bloqueo.

La falta de consensos afecta a cuestiones esenciales como la vivienda, la sanidad, la educación, la inmigración, la agricultura, el empleo o la lucha contra la corrupción. Cada cambio de gobierno supone modificar políticas que deberían mantenerse alejadas de intereses partidistas.

Pero la responsabilidad no corresponde únicamente a los dirigentes políticos. Los ciudadanos también deben asumir una parte de compromiso cívico y social. Una democracia sólida exige derechos, pero también obligaciones colectivas, responsabilidad fiscal y capacidad para comprender que los recursos públicos son limitados.

La política debería recuperar el respeto, la escucha y la capacidad de acuerdo. Gobernar no consiste en resistir o mantenerse en el poder. Gobernar significa solucionar problemas, asumir errores y anteponer el interés general a cualquier estrategia partidista.

Nuestra sociedad necesita dirigentes capaces de escuchar el malestar ciudadano, abandonar el cálculo electoral permanente y comprender que la convivencia democrática exige responsabilidad institucional. Sin grandes acuerdos y sin respeto mutuo, la política continuará alejándose de la sociedad. Y cuando los ciudadanos dejan de confiar en sus instituciones, la política se convierte en ruido y la democracia peligra seriamente.