Del juez Barbero al juez Peinado
Pocos recuerdan ya a Marino Barbero. Y, sin embargo, convendría rescatar su figura en estos tiempos de memoria selectiva y principios menguantes. Jurista extremeño, catedrático de Derecho Penal, autor de una extensa obra doctrinal, el profesor Barbero accedió en 1986 al Tribunal Supremo por el llamado cuarto turno, reservado a juristas de reconocido prestigio. De sensibilidad progresista, fue nombrado magistrado a propuesta del CGPJ, entonces dominado por vocales designados a instancias del PSOE.
Sobre Barbero recayó la responsabilidad de instruir el llamado caso Filesa, una trama de financiación irregular del PSOE destapada a raíz de la confesión de un contable. Bajo la apariencia de asesorías, estudios e informes jamás realizados, diversas sociedades instrumentales canalizaron pagos millonarios procedentes de grandes empresarios que terminaban nutriendo las arcas socialistas. Aquellas aportaciones no obedecían a contraprestación alguna, sino a una lógica mucho más prosaica: cultivar relaciones privilegiadas con el poder y obtener después adjudicaciones, concesiones o un trato preferente por parte de la Administración socialista.
Barbero llevó a cabo una investigación minuciosa y tenaz. Fue enlazando indicios, recabando documentación y siguiendo el rastro del dinero allí donde conducía, sin dejarse intimidar por la relevancia política de los afectados. Ordenó diligencias en entidades bancarias, reclamó la contabilidad oficial del partido y fue cerrando, pieza a pieza, un círculo probatorio que muchos creían imposible completar. Quedó para la memoria aquella escena insólita de un magistrado del Supremo presentándose en taxi ante la sede del partido gobernante para incautarse de sus archivos financieros, símbolo elocuente de una justicia dispuesta a llegar hasta donde exigieran las pruebas.
La respuesta fue despiadada. En lugar de rebatir los hechos, se optó por desacreditar al instructor. Desde ámbitos políticos y mediáticos próximos al poder se sembraron dudas sobre su honorabilidad, se airearon asuntos particulares y se magnificaron dificultades económicas personales ajenas por completo a la causa. Incluso hubo dirigentes que lo señalaron como si su actuación fuera una forma espuria de intervención política. Se llegó a decir de él que pretendía participar en la vida política abriendo y cerrando sumarios del mismo modo que ETA lo hacía poniendo bombas. Barbero soportó la presión con sobriedad y continuó con su trabajo.
El caso Filesa llegó finalmente a juicio, y en él quedaron acreditadas las acusaciones principales. Hubo condenas para destacados responsables de la trama, entre ellos cargos públicos de relevancia nacional. Posteriormente, el Tribunal Constitucional avaló la corrección jurídica de la instrucción. Conviene recordar que entonces no existía en España la responsabilidad penal de los partidos políticos como personas jurídicas; en otro caso, el PSOE se habría enfrentado a muy serias consecuencias.
Barbero jamás recibió reparación alguna por su linchamiento personal. Nadie salió en su defensa. Abandonó la carrera judicial en 1995, aislado y desgastado. Falleció en 2001.
Mark Twain decía que la historia no se repite, pero rima. Hoy el foco está puesto en el juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa que afecta a la esposa del presidente Sánchez. Peinado no es Barbero. Algunas de sus decisiones, como la fallida imputación de Félix Bolaños, han sido corregidas por instancias superiores, y sus resoluciones no destacan precisamente por su claridad expositiva, empezando por una llamativa deficiencia sintáctica. Nada de ello, sin embargo, justifica que se le haya convertido en objetivo político y mediático.
Con Peinado volvemos a ver descalificaciones, insinuaciones sobre su imparcialidad y un clima de hostigamiento impropio de un Estado serio. Sus compañeros de Plaza Castilla han tenido que salir en su defensa, denunciando los ataques personales dirigidos contra él, rechazando las descalificaciones procedentes del Ejecutivo y recordando una obviedad que empieza a parecer revolucionaria: que la ley es igual para todos, sin privilegios, y que los jueces no se someten a conveniencias políticas.
Como ya sucediera con Barbero, se repite el intento de desacreditar al juez cuando la investigación resulta molesta para el poder. Pero hoy concurre un elemento inédito y aún más inquietante: que todo un ministro de Justicia actúe como ariete contra magistrados concretos y se convierta en uno de los críticos más beligerantes del juez que instruye una causa incómoda para el Gobierno. Traspasar esa frontera y alentar desde el Consejo de Ministros el linchamiento de jueces incómodos para el poder supone erosionar uno de los pilares esenciales del Estado de Derecho. Barbero lo expresó con lucidez al recordar que la independencia judicial es la última esperanza de la sociedad frente a un poder político corrupto y prepotente. Ignorar esa advertencia nos aboca a un deterioro institucional irremediable.
Al legendario torero Juan Belmonte le preguntaron una vez cómo uno de sus banderilleros había llegado a gobernador civil. Tras pensarlo un instante, el maestro sentenció: “Pues degenerando”… y ahí seguimos.