Watergate en Ferraz

En junio de 1972, cinco hombres fueron detenidos mientras colocaban micrófonos en la sede del Partido Demócrata en Washington. Aquello parecía un episodio de espionaje político de baja intensidad, uno más de los muchos excesos de las campañas electorales norteamericanas. Pero la investigación periodística y judicial acabó revelando una red de operaciones clandestinas, pagos opacos, maniobras de obstrucción y utilización del poder para proteger a los responsables. Había nacido el escándalo del Watergate.

Aquello terminó arrastrando al presidente Richard Nixon, y no porque se demostrara que hubiera organizado personalmente el allanamiento. Nixon dimitió porque mintió, porque intentó encubrir los hechos y porque utilizó las instituciones del Estado para obstaculizar la investigación. En aquellos años, todavía existía en política una cierta noción del honor público. La palabra de un presidente conservaba algún valor. Eran otros tiempos.

España ha conocido grandes escándalos políticos. Los hubo vinculados a la financiación irregular de partidos; otros, al enriquecimiento personal de dirigentes y comisionistas; algunos, directamente, a la corrupción estructural del poder. Filesa, Roldán, los ERE andaluces, el caso Gürtel, Tito Berni o el interminable catálogo de comisiones y mordidas que han jalonado nuestra vida pública durante décadas. Por encima de todos, por su gravedad moral e institucional, los GAL: el Estado convertido en una organización terrorista que utilizaba el secuestro y el asesinato como instrumento político.

Ahora vivimos otra etapa especialmente degradante. El entorno político y familiar del presidente aparece rodeado de investigaciones judiciales: la causa que afecta a su esposa por diversos delitos; la apertura de juicio oral contra su hermano por prevaricación y tráfico de influencias; el reciente juicio contra el exministro Ábalos por el caso Koldo y las presuntas comisiones vinculadas a contratos públicos; o los “negocios” que salpican al expresidente Zapatero, ese mismo que hace apenas unos días proclamaba solemnemente que ser socialista consiste en “tener muy poco y estar dispuesto a dar mucho”, declaración ciertamente audaz cuando, por ir a lo anecdótico, uno observa su caja fuerte repleta de joyas.

Sin embargo, quizá lo más inquietante no sea el posible enriquecimiento ilícito de algunos individuos, ni siquiera el uso de influencias políticas para favorecer negocios privados. Lo verdaderamente grave es la posible existencia de una estructura organizada destinada a desacreditar jueces, fiscales y mandos policiales que investigan causas sensibles para el Gobierno o para el PSOE. Eso es, precisamente, lo que describe el auto dictado por el juez Santiago Pedraz el 26 de mayo de 2026.

La resolución, de enorme dureza, habla expresamente de una “organización criminal” articulada en torno a diversos colaboradores vinculados al PSOE y dirigida a influir ilícitamente en procedimientos judiciales y policiales. El auto sostiene que ese grupo habría desarrollado actuaciones encaminadas a “obstaculizar” investigaciones judiciales, desacreditar a miembros de la UCO, fiscales y jueces, filtrar información reservada y promover campañas de presión mediática contra quienes instruían causas sensibles.

El auto sitúa el origen de la trama en aquellos cinco días de reflexión de Sánchez, aquella teatralización victimista difundida en una carta lacrimógena que no pretendía tanto abrir un periodo de reflexión como señalar públicamente a jueces, periodistas y adversarios políticos como responsables de una supuesta “máquina del fango”, convertida desde entonces en la coartada propagandística perfecta para desacreditar cualquier investigación incómoda para el poder. Según el juez, mientras Sánchez “reflexionaba”, comenzaron a sucederse reuniones en Ferraz —más de una veintena entre Santos Cerdán y la “fontanera” Leire Díez—, comunicaciones internas comprometedoras, pagos canalizados a través de sociedades instrumentales y actuaciones coordinadas para influir en procedimientos judiciales concretos. El auto recoge conversaciones en las que alguno de los investigados presumía de actuar por encargo del PSOE y de disponer de capacidad para mover influencias dentro del partido y del propio Gobierno.

No resulta extraño, por tanto, que durante estos últimos años, desde el Gobierno y el PSOE, se haya intentado instalar la idea de que cualquier investigación que afecte a su entorno constituye automáticamente una conspiración política, una operación de la derecha mediática, judicial o policial. Se desacredita al juez, al fiscal o a miembros de la UCO y de la UDEF antes siquiera de conocer los hechos. Ya no se discuten las pruebas: se intenta aniquilar la credibilidad de quienes las presentan. Esa era la función de quienes operaban desde las cloacas de Ferraz.

El paralelismo con Watergate resulta inevitable. Allí se utilizó el aparato del poder para espiar y encubrir. Aquí, según el auto de Pedraz, el objetivo de la trama urdida desde las más altas instancias del PSOE habría sido neutralizar investigaciones judiciales incómodas mediante campañas de intoxicación, presión institucional y operaciones de descrédito contra quienes investigaban. En ambos casos aparece la misma tentación profundamente autoritaria: poner las instituciones al servicio de la propia supervivencia política. Y eso es lo que convierte este asunto en algo mucho más grave que otro simple caso de comisiones, enchufes o favores entre amigos. No hay límites morales. Hoy todo vale.

Cuando un partido gobernante aparece vinculado a operaciones destinadas a hostigar, desacreditar o señalar a jueces, fiscales y policías que investigan delitos, el problema deja de ser únicamente judicial para convertirse en un cáncer institucional y democrático. Y entonces la pregunta, a diferencia de otros casos de corrupción, ya no es cuánto dinero ha desaparecido. La pregunta es cuánto Estado de Derecho queda todavía en pie.