No hay crimen perfecto
Jesús Polo es un ingeniero técnico funcionario de carrera. Pero también es, por experiencia y trayectoria, una figura clave dentro del Departamento de Obras Públicas, especialmente en proyectos estratégicos. Uno de ellos: las obras del desdoblamiento de los túneles de Velate. Un contrato millonario, técnicamente complejo y políticamente relevante. Al llegar al umbral de los 70 años, la legislación foral le obligaba a retirarse. El Gobierno de Navarra decidió cambiar la ley para que siguiera en activo un año más. Su intención era que Polo presidiera la Mesa de Contratación. Pero lo llamativo no fue tanto la decisión como el modo. La reforma no se tramitó como ley independiente ni como proyecto del Ejecutivo. Se introdujo en silencio, como una disposición adicional dentro del proyecto de Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra de 2022. En los presupuestos de 2023 y 2024 se repite la excepción “ad hominem”. Y más grave aún: la norma nunca fue debatida ni en la Comisión de Economía y Hacienda ni en el pleno del Parlamento.
Este tipo de maniobras —en principio legales, pero absolutamente cuestionables— se escudan en la complejidad del procedimiento presupuestario, que permite introducir enmiendas al dictamen global del proyecto sin discusión específica. Sin embargo, estamos ante una reforma de fondo: se alteró el régimen general de jubilación en la Administración Foral, un aspecto estructural de la función pública, sin diálogo social, sin informes técnicos públicos, sin motivación y, sobre todo, en beneficio exclusivo de una persona que ni siquiera lo había solicitado.
¿Había una necesidad institucional real? ¿No existían otros funcionarios con la suficiente solvencia técnica como para presidir la Mesa de Contratación del proyecto? ¿Podía el procedimiento haberse desarrollado con normalidad sin la continuidad de Jesús Polo? Todas las respuestas apuntan a lo mismo: la decisión fue política, no técnica. Y esa es la raíz del problema.
En una democracia parlamentaria, legislar no es simplemente cambiar leyes. Es hacerlo con publicidad, con motivación, con justificación general. Una reforma que afecta a derechos y obligaciones de todos los funcionarios no puede colarse por la puerta de atrás de la ley de presupuestos sin una explicación pública. Menos aún si su único efecto visible es permitir la continuidad laboral de una persona concreta. Aunque esa persona fuera —como lo es mientras no se pruebe lo contrario— un profesional respetado.
El entonces portavoz del PSN-PSOE, Ramón Alzórriz, se limitó a justificar la enmienda por “necesidades del servicio”. Pero ni era responsable de la materia de personal, ni técnico, ni gestor público. Era —y es— un cargo político. ¿Puede un portavoz parlamentario decidir qué es o no es una necesidad del servicio en la Dirección General de Obras Públicas? Obviamente, no. Pero sí puede, como ocurrió, ejercer su influencia para moldear una ley a voluntad.
Y conviene no perder de vista el mapa de poder. La presidenta María Chivite presidía también la sociedad pública Corporación Pública Empresarial de Navarra. La consejera delegada, Elma Saiz, consejera de Economía y Hacienda, era parte clave del engranaje. En el Gobierno, el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, era y es el encargado de las adjudicaciones de obras públicas. El vicepresidente y consejero de la Función Pública, Félix Taberna, no quedó aparte. Y Ramón Alzórriz formaba parte del círculo de decisión. Todos lo sabían. Todos conocían al íntimo amigo —y socio— de Cerdán, Antxón Alonso. Todos aprobaron la enmienda. Ninguno ha dado explicaciones convincentes. Pero hay más. Uxue Barcos firmó la enmienda. También el portavoz de Podemos, Mikel Buil. La líder de Geroa Bai, durante su mandato (2015–2019), había adjudicado obras a la UTE Acciona–Servinabar. Todo esto podría ser un delito de prevaricación, tráfico de influencias y cohecho, pues la inviolabilidad parlamentaria no puede utilizarse como tapadera de una conducta delictiva. Así lo proclamaba el Tribunal Constitucional antes de la llegada a la presidencia de Conde-Pumpido, longa manus de Pedro Sánchez. Estamos ante un fraude de ley. Y ahora se ha sabido que Antxón mantenía excelentes relaciones con el PNV y con Bildu. Bajo el paraguas de Acciona, sociedades similares a Servinabar obtuvieron obras en el País Vasco. El lehendakari Pradales ha ordenado auditar hasta diez contratos aprobados por su antecesor Urkullu, lo que envuelve también a Ortuzar, el anterior presidente del PNV. Y no se olvide que Barcos pertenecía al Euzkadi Buru Batzar. El cerco está a punto de cerrarse. Asimismo, Otegi ha reconocido que tenía vinculaciones con Antxón, que por encargo de Cerdán negoció el apoyo de Bildu a la moción de censura contra Rajoy. ¿Hubo también contratos con municipios gobernados por el partido abertzale?
Lo que sucedió después de la presentación y aprobación de la enmienda caída del cielo es bien conocido. Polo cumplió el mandato recibido de sus superiores. En primer lugar, consiguió que la oferta de la UTE Acciona, Excavaciones Osés y Servinabar se admitiera a trámite. Servinabar no tenía cualificación legal para participar en un concurso de construcción de una obra de la envergadura y complejidad como la de los túneles de Velate: carecía de experiencia, equipo técnico, maquinaria, capital suficiente (3.000 euros). Servinabar, desde 2021, no ha presentado sus cuentas anuales. Y, sin embargo, acreditó estar inscrita en 2020 en el Libro de Licitadores y Contratistas de Obras Públicas. Solo falseando la solicitud pudo conseguirlo. ¿Y de quién dependía el libro? Del Ministerio de Hacienda. ¿Y quién era su titular? La vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, la ministra que hace unas semanas ponía la mano en el fuego por Cerdán. ¿Intercedió el benéfico secretario de Organización del PSOE por su propia empresa? La gran traición a Navarra y al electorado socialista del inquilino provisional de Soto del Real fue la negociación con Bildu para la investidura de 2023 que entregó a los 7 concejales del partido abertzale un poder omnímodo en Pamplona, “la Jerusalén de los vascos” (Otegi dixit). La candidata socialista al Ayuntamiento había sido Elma Saiz. Dimitió poco después y creímos que se sentía humillada. Pero Cerdán le tenía reservado un gran regalo. Y el día 21 de noviembre de 2023, Elma se sentó en el Consejo de Ministros portando la pesada cartera de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Volviendo a los túneles. Superado el trámite de admisión a trámite, con serias dificultades y advertencias de ilegalidad, solo quedaba la tarea de escoger la mejor oferta. De la mesa formaban parte ocho funcionarios. Cinco eran ingenieros técnicos, con gran experiencia. Los otros tres eran el secretario-letrado, el interventor delegado de Hacienda y el designado por la Junta de Contratación Pública, encargada de garantizar la eficiencia, transparencia y legalidad de la contratación. Los tres, más uno de los ingenieros técnicos, votaron en contra de la adjudicación, en medio de una gran tensión. Polo tuvo tiempo de maniobrar con el resto de ingenieros y la votación registró un empate a cuatro. El desempate se produjo gracias al voto de calidad del presidente. Los votantes en contra denunciaron en su justificación las graves irregularidades del proceso. Servinabar, inexplicablemente, tiene el 15 por ciento de los beneficios de la UTE. Pero el fin justifica los medios. Y hoy la UTE Acciona–Excavaciones Osés y Servinabar afronta una obra de 63,9 millones de euros.
Al hacerse público el informe de la UCO, resulta que el combativo portavoz socialista en el Parlamento y, desde marzo de 2024, vicesecretario general del PSN, había pedido a Antxón-Cerdán que colocara en Servinabar a su pareja. Alzórriz se vio obligado a dimitir de ambos cargos. María Chivite quedaba en una situación límite. Sin duda, la Justicia tendrá la última palabra. Pero la soberbia de los poderosos los lleva al abismo. Como en esta ocasión. No hay crimen perfecto.