¿A qué tienen miedo María Chivite y Uxue Barkos en Navarra?
Me tenéis intrigado porque os habéis escondido entre vuestras mesnadas para no declarar en la Comisión de Investigación del Parlamento de Navarra y, en cambio, habéis llamado a Lourdes Goicoechea, exconsejera de Economía; Javier Esparza, por haber sido exconsejero de Desarrollo Rural de UPN entre 2012 y 2015; y Francisco Iribarren, presidente de Aguas de Navarra, concesionaria de la ampliación del Canal de Navarra. Vayamos por partes.
Lourdes Goicoechea fue objeto de un ensañamiento por parte de sus adversarios políticos, con una serie de acusaciones que la Justicia zanjó en una sentencia que declaraba que no tenían fundamento. ¿Se quiere volver a resucitar el calvario que, sin piedad, tuvo que soportar? ¿Qué relación tiene con la corrupción de Santos Cerdán y de Ábalos en el partido y en el Congreso, respectivamente?
Sigamos por Javier Esparza. No hay indicio de ninguna irregularidad, por más que sus adversarios puedan criticar su gestión política, que nada tiene que ver con el objeto de la Comisión de Investigación.
Y, por último, tampoco Francisco Iribarren, presidente de Aguas de Navarra, que nada tuvo que ver con la adjudicación de las obras de la primera fase de ampliación de la zona regable del Canal de Navarra, que recayó en una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por OHL (Obrascón Huarte Laín, S.A.) y Agbar (Aigües de Barcelona, participada por La Caixa). Este consorcio obtuvo el contrato al presentar una oferta económica un 25 % inferior al presupuesto de licitación, frente a la rebaja del 11,9 % propuesta por la otra UTE competidora (Acciona–Iridium). La UTE OHL tuvo una participación cercana al 60 % y Agbar el 40 %, adjudicándose una concesión que incluía la construcción y la explotación de la infraestructura durante 30 años, con un canon medio anual estimado en unos 8,5 millones de euros. La licitación se convocó por la empresa pública INTIA, dependiente del Gobierno foral, mediante un concurso abierto con un presupuesto estimado de unos 147 euros.
La Cámara de Comptos de Navarra emitió un informe en marzo de 2015 donde se analiza el proceso, confirmando la concesión a la UTE adjudicataria y validando el modelo de “peaje en la sombra”. Por último, Canal de Aguas, S.A. (CANASA), encargada de la construcción y mantenimiento del Canal de Navarra y sus ramales, es una sociedad mercantil cuyo capital pertenece en un 60 % al Estado y un 40 % al Gobierno de Navarra.
Si María Chivite y Uxue Barkos no tienen nada que ocultar, ¿por qué no comparecen ante la Comisión? ¿Pretenden eludir preguntas incómodas y tener que decir la verdad, so pena de cometer delito de falso testimonio? Hace unos días se conoció que la Hacienda de Navarra había localizado y enviado al Supremo un pago de 4.840 euros de Servinabar a la empresa de comunicación Presmedia, un lobbying institucional que opera en Madrid y en Bruselas, y del que su esposo ha sido director general y consejero delegado.
En una nota difundida por Barkos, la expresidenta rechazaba cualquier irregularidad. Presmedia había sido contratada por la empresa de Antxón Alonso (socio de Santos Cerdán desde 2016) para participar en un evento internacional celebrado el 1 de junio de 2018 en Bilbao. Y afirmó que “de ninguna manera participé, ni entonces ni en ningún otro momento, en adjudicación alguna”. Pero no era cierto. Durante su mandato se adjudicaron a la UTE Acciona–Servinabar varias obras: acondicionamiento de las oficinas del Pabellón Navarra Arena en 2017, por 3,78 euros; Colegio Público de Arbizu (2018), por 2,6 millones de euros; habilitación del antiguo archivo y jardines (2018), por 2,4 millones de euros; 62 viviendas de VPO de Erripagaña de Pamplona, por 6,8 millones de euros. Da la impresión de que el evento internacional pretendía ser la puesta en sociedad de la empresa Servinabar, que se unía a otras empresas constituidas en el País Vasco que obtenían importantes contratos de obras públicas y viviendas por la excelente relación que mantenía el socio de Santos Cerdán con el PNV y Bildu.
María Chivite también tiene muchas cosas que contar. Durante el mandato de Uxue Barkos, que descabalgó del poder foral a UPN, la secretaria general del PSOE se distinguió por su oposición sin cuartel a Nafarroa Bai. Pero todo cambió cuando Sánchez presentó contra Rajoy una moción de censura, y el 2 de junio de 2018 se convirtió en presidente del Gobierno. En agosto de 2019, Chivite accedió a la presidencia de la Comunidad Foral en segunda vuelta y en una reñida votación (23-22), gracias a la abstención de Bildu. Y, del mismo modo que Sánchez dio comienzo al blanqueamiento de Bildu, dando a Arnaldo Otegi patente de demócrata, Chivite anunció que el partido filoetarra tendría la condición de socio prioritario. Santos Cerdán había sido secretario de organización del PSOE navarro hasta que Sánchez le nombró para el mismo cargo a nivel nacional. Convertido en la mano derecha de Sánchez, Santos Cerdán habría negociado en secreto con Bildu la investidura de Chivite, lo que le convirtió en el hombre fuerte del socialismo navarro. Desde el mismo momento en que su pupila se sentó en el despacho presidencial, Cerdán, so pretexto de defender los intereses de Navarra, comenzó a maniobrar para favorecer a Servinabar, de la que era su socio. Surgió así la idea de conseguir la adjudicación del desdoblamiento de los túneles de Velate.
Para ello era imprescindible controlar la Mesa de Contratación. El primer paso sería nombrar presidente a un funcionario que se prestara a ello. La persona idónea sería Jesús Polo. Y ahí entraron en escena, además de Chivite, su consejera de Hacienda y Economía, Enma Saiz; Ramón Alzórriz, portavoz partalmentario del PSN; y la portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos. El problema residía en que, salvo excepciones, todos los funcionarios, al cumplir dicha edad, cualquiera que fuera su número de años de servicio, pasaban a formar parte de las clases pasivas. Decidieron entonces presentar una enmienda “in voce” al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad foral para el año 2021 que autorizaba la permanencia en servicio activo por encima de los 70 años para personal del Departamento de Cohesión Territorial (la llamada “excepción permanencia en servicio activo”). Con carácter general se prorrogan para el año 2021 las medidas urgentes en materia de personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra previstas en el artículo 1 de la Ley Foral 13/2012, de 21 de junio… Con efectos desde el 1 de enero de 2021, la excepción contemplada en el apartado 5 de ese artículo 1 comportará que la prolongación se podrá autorizar, únicamente, por un máximo de un año una vez cumplida la edad de jubilación forzosa estipulada por la Seguridad Social en cada momento… No obstante, y como salvedad, el Departamento de Salud podrá prolongar en el servicio activo a determinado personal del mismo durante el año 2021, por necesidades del servicio y falta de profesionales, razones en todo caso debidamente justificadas… La prolongación se realizará por un año, siendo prorrogable si se mantienen las condiciones del otorgamiento, previa solicitud del interesado, y con el límite de setenta años de edad. No obstante, y como salvedad, el Departamento de Salud podrá prolongar en el servicio activo a determinado personal del mismo durante el año 2021, por necesidades del servicio y falta de profesionales, razones en todo caso debidamente justificadas… La prolongación se realizará por un año, siendo prorrogable si se mantienen las condiciones del otorgamiento, previa solicitud del interesado, y con el límite de setenta años de edad. Se da la circunstancia de que el único funcionario que reunía tales requisitos era Jesús Polo, un funcionario del Departamento de Cohesión Territorial, director del Servicio de Nuevas Infraestructuras. La ley como trampolín para legitimar acciones corruptas.
La enmienda “in voce” se negoció por Ramón Alzórriz, portavoz parlamentario del PSOE en el Parlamento foral, con Uxue Barkos, portavoz de Geroa Bai. Dicha negociación se hizo con el consentimiento de la presidenta María Chivite y por la consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz, responsable de la elaboración del proyecto de presupuestos para 2021. Ambas conocieron y autorizaron la presentación de la enmienda “in voce”. Cuando el proyecto de desdoblamiento de los túneles de Velate estuvo redactado, el Gobierno nombró a Jesús Polo presidente de la Mesa de Contratación. Por una razón o por otra, todos querían dar satisfacción a Santos Cerdán, el “amiguísimo” de Antxón (y socio). Todos conocían al empresario guipuzcoano, muñidor de una UTE con tres socios: Acciona Construcciones, Excavaciones Luis Osés y Servinabar, una empresa minúscula que, en modo alguno, podía afrontar una obra de la envergadura de los túneles de Velate. Habría que preguntar a otra gran amiga de Cerdán, María Jesús Montero, ministra de Hacienda, y a la presidenta Chivite cómo es posible que Servinabar pudiera aportar el certificado de su inscripción en el Registro de Empresas Licitadoras y empresas calificadas del sector público del Estado y otro certificado similar para licitar obras públicas de la Comunidad Foral.
María Chivite, Elma Saiz y Uxue Barkos han conseguido evitar prestar testimonio ante la Comisión de Investigación del Parlamento de Navarra. Pero no contaban con que fueran citadas por la Comisión de Investigación del Senado a petición del PP. La ley dice que tienen obligación de presentarse ante él. Podrán abstenerse de contestar a las preguntas, pues mentir sería delictivo. Pero su silencio sería tanto como reconocer su implicación en el conjunto de irregularidades que presidió la adjudicación de las obras a la UTE infectada de corrupción.