Del romanticismo presidencial a la democracia en peligro

Las elecciones generales nos deparan muchas sorpresas.

Una de ellas ha sido la declaración de amor de Pedro Sánchez a Begoña Gómez, con baile, abrazo y beso incluidos, ante unos mil quinientos enfervorizados militantes que llenaban el Centro de Arte Tomás y Valiente de Fuenlabrada. La escena parecía el desenlace de una película romántica del mejor cine de Hollywood. El protagonista estaba tan emocionado que llegó a dar las gracias a Begoña "por ser mi esposa, por ser la madre de mis hijos y por ser mi mujer". Una distinción ciertamente sorprendente, a no ser que Sánchez, que tiene respuesta para todo, disponga de alguna teoría que permita diferenciar, en el ámbito matrimonial, entre ser esposa y ser mujer.

Pero los organizadores del PSOE no pudieron elegir un lugar menos apropiado para elevar sobre el pavés a Sánchez y a su amada esposa, que se enfrenta a un procedimiento judicial por presuntos delitos de corrupción.

Se da la circunstancia de que el Centro de Arte está dedicado a la memoria de Francisco Tomás y Valiente, un gran jurista español que, entre 1986 y 1992, fue presidente del Tribunal Constitucional. Tras concluir su mandato, regresó a su cátedra de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Allí, en su despacho, el 14 de febrero de 1996, Jon Bienzobas Arretxe, un sanguinario terrorista de ETA que se hizo pasar por estudiante, lo asesinó a bocajarro.

En 2007, la Audiencia Nacional condenó a Bienzobas a treinta años de cárcel. Tras el traspaso de las competencias penitenciarias al Gobierno Vasco, acordado durante la presidencia de Sánchez, la Administración penitenciaria vasca le concedió el tercer grado, es decir, el régimen de semilibertad. La decisión, adoptada bajo la responsabilidad política del Ejecutivo vasco, del que forma parte la consejera socialista de Justicia, María Jesús San José López, suscita una profunda indignación entre quienes consideran que semejante trato a terroristas responsables de crímenes horrendos constituye una afrenta a la memoria de sus víctimas.

Si Francisco Tomás y Valiente hubiera levantado la cabeza al escuchar tanto barullo en el Centro de Arte que lleva su nombre, probablemente habría expulsado a los protagonistas de aquella representación por profanar un espacio cultural dedicado a su memoria.

Pues bien, no deja de ser significativo que un presidente cuyo Gobierno hace aguas por todas partes se muestre tan risueño pocas horas después de que varios miles de radicales abertzales, perfectamente organizados, sembraran el caos y la violencia en distintos lugares de Pamplona con el propósito de silenciar a unos pocos ciudadanos que se habían concentrado para escuchar a un tal Vito Quiles. Un personaje que se enorgullece de sus posiciones de extrema derecha y del que dudo mucho que supiera siquiera dónde estaba antes de abandonar el lugar en un furgón de la Policía Nacional.

Los ciudadanos esperamos que los responsables políticos del orden público expliquen qué medidas han adoptado para acabar con la violencia callejera, restablecer la libertad política y cumplir la obligación de los poderes públicos de garantizar la convivencia y el libre ejercicio de los derechos cívicos.

Quede claro que Vito Quiles tiene derecho a expresar libremente sus opiniones, siempre que respete los derechos de los demás y no incite a la violencia. También está amparada por la libertad de expresión la protesta pacífica contra la presencia de este controvertido personaje, que, por cierto, al menos hasta ahora, no ha recurrido a métodos violentos. Lo que constituye una gravísima vulneración de los derechos fundamentales es pretender imponer las propias convicciones mediante la violencia.

Vivimos, además, momentos de especial trascendencia electoral. Las actuaciones de los sectores más radicales del movimiento abertzale parecen encaminadas a intimidar y disuadir a quienes desean participar en la vida política desde partidos nacionales o regionales orgullosos de su condición española. Si ese es su propósito, nos encontramos ante un gravísimo atentado contra la democracia.

El cinismo de Bildu, que se resiste a condenar inequívocamente estos episodios de violencia, pone de manifiesto hasta qué punto su comportamiento político puede entrar en contradicción con los principios democráticos. Conocemos sobradamente los métodos de intimidación que durante décadas se han utilizado en buena parte del norte de Navarra y en otras localidades donde ciudadanos que pretenden ejercer libremente sus derechos políticos han sido objeto de insultos, pintadas y amenazas.

Ha llegado la hora de exigir a los responsables del orden público respuestas claras a las preguntas que nos hacemos muchos ciudadanos. Las imágenes de jóvenes uniformados, con el rostro cubierto, enfrentándose a las fuerzas del orden y levantando barricadas inducen a pensar que existe una organización y una planificación que difícilmente pueden ser fruto de la improvisación.

¿Se está investigando seriamente la existencia de una estructura organizada detrás de estos episodios de violencia? ¿Se conoce la identidad de sus dirigentes? ¿Desempeñan las herriko tabernas algún papel como centros de reunión o coordinación? ¿De dónde proceden los recursos económicos necesarios para sostener estas actividades? ¿Se están exigiendo responsabilidades penales y civiles a sus autores? ¿Se reclama la reparación de los daños ocasionados? Son preguntas que exigen respuestas, no evasivas ni declaraciones retóricas de condena que se olvidan al día siguiente.

La democracia no puede tolerar que determinados grupos se atribuyan el derecho a decidir quién puede hablar, quién puede manifestarse o quién puede participar en la vida pública. Mucho menos puede consentir que la violencia se convierta en un instrumento para silenciar al adversario político. Porque el verdadero peligro comienza cuando la sociedad se acostumbra a convivir con la intimidación, cuando los ciudadanos renuncian a ejercer sus derechos por temor a las represalias y cuando los poderes públicos dejan de garantizar eficazmente las libertades que están obligados a proteger.

Normalizar el miedo es empezar a renunciar a la libertad. Y ese es, precisamente, el mayor peligro que hoy amenaza a la democracia en Navarra.