Un Gobierno entre el caos y el dosier
Tras escuchar al ministro de Transportes, Óscar Puente, referirse de forma irónica en los micrófonos de RNE a la «puta Renfe» como la supuesta culpable del caos ferroviario, marcado por constantes retrasos, averías, incidentes e incluso incendios en las vías, estimo que el título de este escrito se alinea perfectamente con el registro lingüístico informal y expresivo utilizado por el ministro, confirmando el grado de desquiciamiento y nerviosismo del Gobierno y su degradación institucional.
Paralelamente, en la entrevista televisiva mantenida con la periodista navarra Cristina Pardo en el programa La Mesa, de Antena 3, el ministro afirmó abiertamente la existencia de una supuesta conspiración o asedio contra el Ejecutivo por parte de un entramado que asocia a sectores de la judicatura, el poder económico y determinados profesionales de los medios de comunicación, todo ello encaminado a debilitar la figura del presidente.
El actual escenario político en España se encuentra fuertemente convulsionado. La invasión, sin eufemismos, de Ceuta por miles de personas procedentes de Marruecos a finales de julio y la gestión de la seguridad fronteriza se han convertido en un foco de inestabilidad institucional que deja al descubierto al Gobierno.
Tras la reciente desclasificación de documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), se ha confirmado que el servicio secreto advirtió la víspera de la existencia de convocatorias masivas en redes sociales. El Ejecutivo insiste en que las comunicaciones carecían de la precisión necesaria para anticipar la magnitud del suceso. Para agravar la controversia, las recurrentes reclamaciones diplomáticas de Marruecos, cuestionando la soberanía española sobre las ciudades autónomas, obligan constantemente a reafirmar la integridad territorial de ambas plazas de forma explícita.
Por si fuera poco, el colmo ha sido la revelación de un polémico dosier secreto elaborado por la Oficina de Comunicación del Ministerio del Interior. Este listado confidencial de 54 páginas ficha, analiza y clasifica ideológicamente a 280 periodistas, tertulianos y colaboradores de radio y televisión en función de sus críticas u opiniones hacia el Ejecutivo. El ministro Grande-Marlaska ha enmarcado este fichero como un mero «documento interno de trabajo» de carácter organizativo. Según parece, hasta el mismo presidente lo ha tildado de «muy poco apropiado». Resulta indignante que, ante una práctica tan intolerable, no se produzca el cese fulminante de los responsables.
La ola de rechazo no se ha hecho esperar: asociaciones de prensa, formaciones de la oposición e incluso socios parlamentarios a la izquierda del PSOE han cuestionado y condenado tajantemente esta práctica. Consideran que es un ataque directo a la libertad de información y una malversación de recursos públicos para la catalogación ideológica de profesionales.
Es evidente que algo esconde u oculta este Gobierno y, por ello, lo califico de «quilombo», conforme a las varias acepciones del vocablo, que encajan perfectamente con las prácticas de algunas «próximas» dictaduras de Centro y Sudamérica.