Asiron acaba en los tribunales por su veto a las viviendas en bajos: familias atrapadas tras invertir sus ahorros
La suspensión de licencias para convertir locales y plantas bajas en viviendas en Pamplona ha llegado a los tribunales. La Plataforma de Afectados por el Urbanismo ha presentado varios recursos contencioso-administrativos contra el Ayuntamiento que dirige Joseba Asiron (EH Bildu) por una decisión que ha paralizado proyectos de vivienda y ha dejado a numerosas familias con sus inversiones bloqueadas.
En uno de los procedimientos judiciales, los afectados han solicitado una medida cautelar que ya ha sido admitida a trámite. Si los tribunales la conceden, podría permitir desbloquear temporalmente algunos proyectos mientras se resuelve el fondo del litigio contra el Ayuntamiento de Pamplona.
La decisión del equipo de gobierno de Joseba Asiron, aprobada el pasado 2 de julio con el respaldo de sus socios, ha afectado a particulares que habían iniciado los trámites para transformar bajos comerciales en viviendas. Muchos habían consultado previamente con los servicios de Urbanismo y con técnicos municipales antes de comprometer sus ahorros.
Entre los afectados hay personas que habían comprado locales, contratado arquitectos y solicitado financiación para ejecutar las reformas. Algunas han llegado a invertir más de 90.000 euros de sus ahorros en proyectos que ahora no pueden continuar debido a la suspensión de licencias.
La Plataforma de Afectados por el Urbanismo ha advertido de que las consecuencias de esta decisión municipal van mucho más allá de los expedientes administrativos. La paralización ha dejado obras detenidas, inversiones comprometidas y familias sin una alternativa de vivienda que ya habían comenzado a preparar.
La organización ha calculado el posible impacto económico y social de la medida tomando como referencia las 125 viviendas en planta baja registradas durante 2025 y el primer semestre de 2026. Si se mantuviera una actividad equivalente, estima que entre 250 y 313 personas podrían quedarse sin la posibilidad de acceder a una vivienda mediante la transformación de estos locales.
Las consecuencias económicas también serían importantes. Según las estimaciones de la plataforma, la suspensión podría frenar entre 12,5 y 17,5 millones de euros de inversión movilizada, de los cuales entre 5 y 8,75 millones corresponderían a obras que dejarían de ejecutarse.
A ello se añade el impacto sobre la actividad laboral. Los afectados calculan que la paralización de estos proyectos representa una actividad equivalente a entre 58 y 102 empleos durante un año, especialmente vinculados a autónomos, pequeñas empresas y profesionales de la construcción.
Detrás de estas cifras también hay situaciones personales. La plataforma ha señalado que algunas familias habían encontrado en estos bajos una opción para disponer de su primera vivienda, mientras que otras personas, entre ellas mayores que querían vivir cerca de sus hijos, habían apostado por adaptar locales a sus necesidades.
La controversia se ha agravado por el alcance de la suspensión aprobada por el Ayuntamiento de Pamplona. La medida contemplaba inicialmente 65 calles, pero terminó extendiéndose hasta 90 vías de la ciudad en las que quedó bloqueada la posibilidad de tramitar estas transformaciones.
Posteriormente, el propio Consistorio ha reconocido la necesidad de revisar el alcance de la decisión y ha dejado sin efecto algunas comunicaciones relacionadas con la suspensión. Sin embargo, esta revisión no ha evitado que los afectados hayan acudido a la vía judicial para defender sus proyectos.
La Plataforma de Afectados por el Urbanismo también ha denunciado la pérdida de seguridad jurídica y confianza en las instituciones que, a su juicio, ha provocado esta actuación. Considera especialmente perjudicial que ciudadanos que habían consultado previamente con los servicios municipales se hayan encontrado después con sus inversiones paralizadas.
Los recursos contencioso-administrativos obligarán ahora a examinar judicialmente la suspensión de licencias para viviendas en bajos de Pamplona. Los afectados sostienen que el Ayuntamiento actuó en el orden equivocado: primero paralizó los proyectos y después comenzó a estudiar el alcance de la medida.
La resolución sobre la medida cautelar admitida a trámite será uno de los próximos pasos del procedimiento. Su eventual aprobación podría permitir que determinados proyectos recuperasen su tramitación mientras los tribunales deciden sobre la legalidad de la suspensión municipal.