Propietarios, familias y autónomos con proyectos paralizados preparan acciones legales y reclaman que se respeten las licencias iniciadas antes del 2 de julio.
Los afectados por la suspensión de licencias para transformar bajos en viviendas en Pamplona han comenzado a organizarse para estudiar acciones legales conjuntas contra el Ayuntamiento, liderador por Joseba Asiron, después de que numerosos proyectos hayan quedado paralizados por la medida aprobada el pasado 2 de julio.
La iniciativa, denominada Afectados por Urbanismo Pamplona, ha abierto un canal de contacto dirigido a propietarios, familias, autónomos, profesionales y empresas perjudicados por la suspensión. Su intención es recopilar los distintos casos y conocer el alcance real de una decisión que afecta a 90 calles de 12 barrios de Pamplona.
Los impulsores de la plataforma han explicado que están preparando una posible reclamación por la vía contencioso-administrativa. Además, aseguran que analizarán si puede existir algún otro tipo de responsabilidad en función de la documentación que recopilen.
Uno de los principales motivos de malestar es que la suspensión no afecta únicamente a las nuevas solicitudes de licencia, sino también a expedientes que ya habían sido presentados y se encontraban en tramitación.
Según han denunciado los afectados, algunos de estos proyectos ya contaban con informes favorables o habían alcanzado una fase avanzada de tramitación. En otros casos, los propietarios habían encargado proyectos técnicos, aportado documentación, realizado subsanaciones, firmado compraventas o solicitado financiación.
También había familias y pequeños propietarios que ya habían comprometido sus ahorros en la transformación de los locales.
"No pedimos privilegios. Pedimos que no se cambien las reglas a mitad del partido. Hay personas que actuaron de buena fe, pagaron impuestos, contrataron profesionales y cumplieron los requisitos vigentes. Ahora quedan bloqueadas durante un año o incluso dos", han señalado desde la iniciativa.
La suspensión de licencias fue aprobada el 2 de julio con los votos favorables de EH Bildu, Geroa Bai, Contigo-Zurekin y PSN, mientras que UPN y PP votaron en contra.
La medida pretende preservar determinados locales situados en ejes considerados de interés comercial mientras el Ayuntamiento de Pamplona analiza cambios en la normativa urbanística que regula la conversión de bajos en viviendas.
En total, la suspensión afecta a 90 calles distribuidas en 12 barrios. A ello se suman las restricciones que ya existían en otras zonas de Pamplona, como el Casco Viejo y los Ensanches.
Los afectados consideran que la decisión municipal resulta especialmente perjudicial porque se ha aplicado también a ciudadanos que habían iniciado sus proyectos cuando la normativa permitía realizar este tipo de actuaciones.
Por ese motivo, una de sus principales reclamaciones es que se establezca un régimen transitorio para los expedientes registrados antes del 2 de julio de 2026, de manera que puedan continuar su tramitación conforme a las reglas existentes cuando fueron presentados.
La plataforma reclama un levantamiento total o parcial de la suspensión o, como mínimo, que queden expresamente excluidos los proyectos que ya estaban en marcha.
Los afectados también han criticado que la paralización de estas licencias se produzca en un momento de escasez de vivienda y mientras numerosos locales permanecen cerrados o sin actividad.
"Quien vota una paralización conserva su sueldo. Quien ha invertido sus ahorros, comprometido una financiación o puesto en marcha un proyecto puede perder una reserva, una compraventa, el esfuerzo de años o directamente su proyecto de vida", han lamentado los afectados.
La iniciativa ha cuestionado además los criterios utilizados para determinar qué calles se han incluido en la suspensión. A su juicio, existen vías cuya realidad comercial no respondería claramente a la consideración de eje comercial prioritario.
Por ello, reclaman al Ayuntamiento que explique los motivos técnicos utilizados en cada caso.
"No basta con incluir una calle en un listado. Si una suspensión bloquea expedientes ya iniciados, financiación, contratos y ahorros familiares, el Ayuntamiento debe explicar calle por calle qué datos justifican esa decisión", han defendido.
Los afectados han insistido, no obstante, en que su oposición a la medida no supone un rechazo a la protección del comercio local de Pamplona.
Consideran legítimo que el Ayuntamiento de Pamplona adopte políticas para favorecer la apertura de establecimientos y mantener la actividad comercial, pero defienden que deben ponerse en marcha otros instrumentos.
Entre ellos, han planteado ayudas para ocupar locales vacíos, bonificaciones, reducción de trabas administrativas, rebajas de impuestos y tasas, mediación en alquileres comerciales y medidas de apoyo al emprendimiento.
En su opinión, el coste de esas políticas no debería recaer sobre "familias, autónomos y pequeños propietarios" que habían comenzado sus proyectos de acuerdo con la normativa entonces vigente.
La plataforma también ha advertido de que la suspensión no afecta exclusivamente al propietario del local. Detrás de cada proyecto existen arquitectos, aparejadores, empresas de reformas, pintores, electricistas, fontaneros, instaladores, carpinteros, proveedores y otros pequeños autónomos.
Cada expediente paralizado puede llevar aparejados proyectos técnicos, honorarios profesionales, presupuestos de obra, financiación bancaria, encargos a proveedores y contratos que ya se encontraban comprometidos.
Los afectados sostienen además que el Ayuntamiento todavía no ha comunicado públicamente cuántos expedientes concretos han quedado bloqueados por la decisión.
Por ello, han pedido que se haga público el número de solicitudes interrumpidas, las viviendas proyectadas, la inversión comprometida y el punto de tramitación en el que se encontraba cada actuación.
La plataforma ha utilizado los datos disponibles sobre transformación de locales para realizar una primera estimación del posible impacto económico.
Según sus cálculos, tomando únicamente como referencia 52 viviendas contabilizadas durante 2026, la inversión potencialmente inmovilizada podría situarse entre 5,2 y 7,28 millones de euros.
Si el cálculo se amplía a la actividad acumulada entre 2025 y junio de 2026, los afectados estiman un impacto potencial de entre 12,5 y 17,5 millones de euros de inversión, así como una carga de trabajo equivalente a entre 58 y 102 empleos durante un año.
Estas cifras son estimaciones realizadas por la propia iniciativa y no datos oficiales sobre el impacto efectivo de la suspensión.
Los afectados calculan asimismo que la recaudación pública aplazada o puesta en riesgo podría alcanzar entre 2,3 y 4 millones de euros, aunque reconocen que la ausencia de información oficial sobre los expedientes paralizados impide conocer por el momento el impacto real.
Afectados por Urbanismo Pamplona pretende ahora reunir el mayor número posible de casos antes de concretar las acciones jurídicas.
La iniciativa considera que una actuación conjunta permitirá repartir los gastos legales y evitar que cada propietario tenga que iniciar por separado su propia reclamación.
Las personas afectadas pueden contactar a través del correo [email protected] o mediante el formulario confidencial habilitado por la plataforma. Sus promotores han precisado que facilitar los datos no implica ningún compromiso económico ni jurídico y que la información será tratada de manera reservada.
