Colectivos sociales acusan a Asiron de negar el empadronamiento a jóvenes magrebíes sin hogar
El empadronamiento en Pamplona vuelve a situar al Ayuntamiento en el centro de la polémica después de que varios colectivos y sindicatos hayan denunciado el bloqueo del padrón a unas 50 personas sin hogar, en su mayoría jóvenes de origen magrebí que viven en el convento de Aranzadi y otros asentamientos precarios.
La protesta se ha trasladado este jueves hasta las oficinas de empadronamiento del Palacio del Condestable, donde representantes de CGT, STEILAS, Katakrak, Bakearen Etxea, Matalaz y la campaña Negu Gorriak/Derecho a Techo han acudido con cerca de 50 personas concentradas en la puerta y con unas 30 solicitudes de alta padronal para personas sin hogar.
Según han denunciado en una nota de prensa, el Ayuntamiento de Pamplona ha rechazado la práctica totalidad de esas solicitudes. Los colectivos han asegurado que esta actuación repite una conducta que el Tribunal Administrativo de Navarra ya declaró ilegal en febrero, al estimar recursos presentados contra anteriores denegaciones.
La portavoz de Negu Gorriak/Derecho a Techo, Leyre Ardanaz, ha calificado la respuesta municipal de “violencia administrativa deliberada”. En su opinión, tanto el TAN como el Defensor del Pueblo y la Federación Navarra de Municipios y Concejos ya han dejado claro que cualquier ayuntamiento tiene la obligación de empadronar a quien lo solicite, incluso si vive en la calle.
Ardanaz ha sostenido que, pese a esos pronunciamientos, el consistorio sigue negando el trámite. “Eso no es una disfunción burocrática: es una decisión política”, ha afirmado la portavoz, que ha acusado al Ayuntamiento de impedir que estas personas puedan existir a efectos administrativos.
Por su parte, Julen Ariztegi, también portavoz de la campaña, ha comparado la situación con la de Bilbao. Ha señalado que el Ayuntamiento bilbaíno, gobernado por el PNV, lleva años empadronando de oficio en instalaciones municipales, y ha reprochado que en Pamplona se mantengan criterios más restrictivos.
En esa misma línea, Ariztegi ha defendido que el problema no es jurídico, sino de voluntad política. Según ha explicado, el Ayuntamiento sí empadrona de oficio en instalaciones de Servicios Sociales cuando así lo decide, por lo que considera que la negativa afecta de forma concreta a personas de un determinado origen y en una situación concreta de vulnerabilidad.
La campaña también ha recordado que la resolución del TAN de febrero obliga al Ayuntamiento a tramitar todas las solicitudes de empadronamiento y a respetar los plazos del silencio administrativo. Los colectivos han denunciado que el consistorio había estado ampliando esos plazos de forma ilegal mediante informes de Servicios Sociales.
Sin embargo, han advertido de que esa resolución no contempla multas ni compensaciones para las personas afectadas. A su juicio, esa ausencia de sanciones deja al Ayuntamiento sin un incentivo real para corregir una práctica que, según han asegurado, ha bloqueado más de 500 solicitudes entre mayo de 2025 y enero de 2026.
Los impulsores de la protesta han avanzado que seguirán buscando nuevas formas de presión contra el consistorio. Ardanaz ha censurado que una ciudad como Pamplona mantenga esta posición con personas magrebíes sin hogar mientras otros ayuntamientos, con mayores niveles de sinhogarismo, cumplen con sus obligaciones básicas de empadronamiento.