Comptos afea la chapuza de Asiron con la Zona de Bajas Emisiones: riesgo en la protección de datos y falta de participación
El informe avala el proyecto y la ordenanza de Pamplona, pero reclama corregir con urgencia la evaluación de protección de datos y revisar la futura fase del Segundo Ensanche.
La Zona de Bajas Emisiones de Pamplona ha supuesto ya un gasto de 1,3 millones de euros para el Ayuntamiento entre 2022 y 2025. Así lo ha reflejado la Cámara de Comptos en un informe publicado este 31 de marzo de 2026, en el que ha analizado el proyecto, su implantación, el seguimiento y los recursos destinados a este sistema.
El órgano fiscalizador ha concluido que tanto el proyecto técnico como la ordenanza aprobada en 2025 se ajustan a la normativa. Sin embargo, también ha advertido de varias carencias, entre ellas un análisis incompleto de costes y beneficios, una participación ciudadana centrada sobre todo en el Casco Viejo y un posible riesgo en materia de protección de datos.
Las zonas de bajas emisiones están reguladas en la ley estatal de cambio climático y transición energética de 2021. Se trata de áreas en las que se limitan el acceso, la circulación y el estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire, reducir el ruido y mitigar las emisiones contaminantes.
En el caso de Pamplona, la normativa no solo viene marcada por la legislación estatal. También la Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética obliga en Navarra a implantar estas zonas en todos los municipios de más de 10.000 habitantes.
El Ayuntamiento de Pamplona comenzó a preparar esta Zona de Bajas Emisiones en 2022, cuando contrató a una empresa para redactar el proyecto técnico. Ese documento se entregó en 2023 y planteó una implantación en dos fases: una primera en el Casco Viejo y una segunda en el Primer y Segundo Ensanche.
La primera fase se ha puesto en marcha en diciembre de 2025. Desde entonces, se ha prohibido el acceso a los vehículos sin distintivo ambiental, aunque el propio informe recuerda que por ahora siguen existiendo exenciones importantes a esa restricción.
El proyecto técnico elaborado para la ciudad señalaba que la calidad general del aire urbano era buena según los estándares legales. Aun así, también advertía de que era mejorable si se tienen en cuenta las directrices de la OMS, y situaba al tráfico como el principal factor que perjudica la calidad del aire.
Además, el informe incorpora referencias al problema del ruido en la Comarca de Pamplona. Según el mapa estratégico elaborado por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, los índices acústicos superan los objetivos de calidad en el 9% de la superficie comarcal, una afección que alcanza al 14% de la población.
La principal causa vuelve a ser el tráfico rodado. Los mayores niveles de ruido se localizan en las rondas de circunvalación y en dos puntos muy concretos de Pamplona: la avenida de Navarra y la avenida de Baja Navarra.
La Cámara de Comptos ha considerado que el contenido del proyecto y de la ordenanza se ajusta a la normativa vigente. También ha señalado que se han llevado a cabo procesos de participación conforme a lo previsto y que ya funciona un sistema técnico y procedimental para la gestión y seguimiento de la Zona de Bajas Emisiones.
No obstante, el informe también ha puesto el foco en varias debilidades. Entre ellas, destaca que el análisis de costes y beneficios no resulta completo ni equilibrado y que los procesos de consulta y participación se han centrado sobre todo en el Casco Antiguo, sin abarcar con la misma intensidad otras futuras zonas afectadas.
Otro de los puntos más sensibles afecta a la protección de datos personales. Comptos ha advertido de que no se ha realizado la evaluación de impacto exigida por la normativa para este tipo de sistemas, una carencia que considera necesario corregir con urgencia.
En cuanto al dinero destinado a la Zona de Bajas Emisiones, el informe cifra el gasto acumulado entre 2022 y 2025 en 1,3 millones de euros. Prácticamente todo ese importe corresponde a un encargo realizado a la sociedad municipal ANIMSA para desarrollar el proyecto.
La financiación ha procedido en su mayor parte de una subvención de algo más de 900.000 euros concedida por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Esa ayuda ha estado financiada con fondos Next Generation EU.
El sistema puesto en marcha en Pamplona permite leer matrículas y controlar los aparcamientos en superficie. Para ello se han instalado 65 cámaras de lectura de matrículas, otras cinco destinadas al análisis del tráfico y 375 sensores de aparcamiento.
Además, el Ayuntamiento ha incorporado sistemas de control con cámaras en doce vehículos de la Policía Municipal. Todo este despliegue tecnológico forma parte de la infraestructura de gestión de la Zona de Bajas Emisiones ya activada en la ciudad.
El informe termina con dos recomendaciones concretas. La primera pide realizar de forma urgente la evaluación de impacto en materia de protección de datos del sistema de gestión de la ZBE. La segunda reclama que el proyecto para el Segundo Ensanche se redacte con datos actualizados, con proceso de participación y con un estudio de costes.