Pamplona busca un convenio con Huarte y Burlada para lanzar una encuesta sobre el futuro de Ripagaina
El Pleno decidirá el 11 de diciembre si aprueba el convenio para realizar una encuesta que analizará hábitos, arraigo y satisfacción de quienes viven en Ripagaina, repartido entre tres municipios.
El Ayuntamiento de Pamplona ha dado luz verde este martes a tramitar el convenio con Huarte y Burlada para contratar una encuesta demoscópica sobre la población de Ripagaina. La decisión ha llegado en la Comisión de Asuntos Ciudadanos, que ha respaldado el dictamen necesario para elevar el acuerdo al Pleno municipal. Será ese órgano quien determine su aprobación definitiva, algo previsto para el próximo 11 de diciembre.
La propuesta plantea que Pamplona, Burlada y Huarte firmen un convenio interadministrativo para poner en marcha un estudio que permita conocer la percepción actual de quienes residen en Ripagaina. Se pretende obtener una visión detallada sobre su realidad urbana, su satisfacción con el entorno y las dinámicas sociales del barrio.
Según el texto analizado en comisión, los tres consistorios prevén contratar de forma conjunta una asistencia técnica especializada para diseñar, ejecutar y analizar la encuesta. El coste no superará los 15.000 euros, y se repartirá entre los ayuntamientos en proporción a la población empadronada a 1 de enero de 2025. Además, el convenio designa al Ayuntamiento de Pamplona como entidad encargada de gestionar todo el procedimiento de contratación.
El documento destaca que los tres municipios consideran esencial contar con la opinión directa de la ciudadanía de Ripagaina. El estudio busca obtener una “radiografía precisa” de cuestiones como el arraigo, el sentimiento de pertenencia, los hábitos cotidianos o la valoración de los espacios públicos. También se quiere analizar cómo influye la compleja configuración administrativa del barrio, dividido entre tres municipios.
La información obtenida será clave para orientar futuras decisiones en urbanismo, servicios, participación y desarrollo social. Permitirá ajustar las políticas públicas a las necesidades reales de las personas residentes y coordinar mejor la acción de las entidades locales implicadas.
El convenio también prevé crear dos órganos de trabajo. Por un lado, una comisión de seguimiento formada por una persona representante política de cada ayuntamiento. Por otro, un grupo técnico compuesto por personal especializado en sondeos, una o dos personas por municipio, que se encargará de consensuar el diseño de la encuesta y evaluar sus prescripciones antes de elevarlas a la comisión superior.