Las familias de Maristas no se rinden y reclaman al Gobierno de Navarra medidas urgentes: "La incertidumbre tiene coste económico"
Los adjudicatarios reclaman una mesa de trabajo con las administraciones y Nasuvinsa para garantizar la continuidad de una promoción que, según defienden, sigue siendo viable y dispone de financiación.
Las 108 familias adjudicatarias de las viviendas protegidas de Maristas II, en Pamplona, han exigido al Gobierno de Navarra y al Ayuntamiento de Pamplona que intervengan para evitar que la promoción quede paralizada definitivamente. La constructora ha abandonado el proyecto y los afectados reclaman soluciones concretas para poder continuar con las obras.
Las familias, que accedieron a la promoción a través del Censo de Solicitantes de Vivienda Protegida de Navarra, han pedido también la participación de la empresa pública Nasuvinsa. Consideran que las administraciones deben asumir un papel activo para garantizar el futuro de las 108 viviendas.
La reclamación se ha producido después de una asamblea celebrada este miércoles 7 de octubre. Tras la reunión, la cooperativa ha advertido de que las instituciones "no pueden limitarse a observar el problema desde fuera" ante una situación que considera excepcional.
Las familias han defendido que Maristas II sigue siendo un proyecto viable y que dispone de financiación formalizada. Sin embargo, han explicado que para reanudar las obras hacen falta medidas técnicas, económicas y normativas que dependen de las administraciones públicas.
Por este motivo, han solicitado formalmente la creación de una mesa de trabajo en la que participen el Gobierno de Navarra, Nasuvinsa, el Ayuntamiento de Pamplona, la cooperativa y los agentes técnicos vinculados a la promoción.
Esta mesa debería estudiar las medidas económicas y técnicas necesarias para continuar las obras, así como las ayudas y adaptaciones que puedan aplicarse a una promoción de vivienda protegida desarrollada mediante una cooperativa y basada en la rehabilitación de un edificio existente.
También tendría que analizar las alternativas para contratar una nueva constructora, las garantías para conservar la calificación de vivienda protegida y la viabilidad de la promoción. Las familias quieren, además, un calendario concreto de actuaciones y compromisos por parte de las instituciones.
La cooperativa ha recordado que el Ayuntamiento de Pamplona ha manifestado públicamente que "no dejará caer Maristas", aunque también ha señalado que carece de competencias directas sobre el proyecto.
Ante estas declaraciones, las familias han reclamado que se especifiquen las garantías reales para sacar adelante las viviendas y las medidas que está dispuesta a adoptar cada administración. Su petición es que las promesas de apoyo tengan consecuencias prácticas.
Además, la cooperativa ha recordado que ya había advertido de las consecuencias de separar las 48 viviendas libres de las 108 protegidas que formaban parte de la promoción de Maristas.
El conflicto se ha agravado después de que la empresa constructora rescindiera unilateralmente el contrato. La compañía ha atribuido su decisión a un supuesto incumplimiento de la propiedad, una acusación que la cooperativa ha rechazado y que asegura poder desmentir mediante documentación.
Según han explicado las familias, la constructora conocía las características del proyecto y su grado de desarrollo antes de firmar el contrato. Durante el proceso, se mantuvieron reuniones de coordinación, se atendieron sus requerimientos y se facilitó la documentación que había solicitado.
La cooperativa ha añadido que la empresa presentó un presupuesto actualizado y que, posteriormente, recibió respuestas por escrito a sus requerimientos. También se le propuso una visita y se aportó la documentación solicitada.
Mientras los asesores jurídicos estudian las circunstancias de la rescisión del contrato, los responsables de Maristas II han anunciado que comenzarán a buscar otras empresas constructoras que puedan asumir los trabajos pendientes.
Las familias han insistido en que necesitan una respuesta rápida del Gobierno de Navarra, Nasuvinsa y el Ayuntamiento de Pamplona. Consideran que la incertidumbre está teniendo consecuencias tanto económicas como personales para quienes esperan acceder a sus viviendas.
"El tiempo pasa y la incertidumbre tiene un coste económico y personal para las familias. Las 108 familias de Maristas II seguimos aquí y pedimos que las administraciones den también un paso al frente", ha señalado la cooperativa.