Oskitz Blanco Pérez de Heredia, de 21 años, está investigado por participar presuntamente en el ataque coordinado contra los militares que veían la final del Mundial en Berriozar.
"Sólo quiero volver con mis padres". Fueron prácticamente las únicas palabras que Oskitz Blanco Pérez de Heredia, de 21 años, dirigió a la jueza durante la vista de medidas cautelares celebrada el pasado 24 de septiembre después de ser detenido por su participación en la brutal agresión contra un grupo de militares en Berriozar.
El joven apenas pudo terminar la frase. Balbuceó y habló al borde del sollozo cuando la magistrada le concedió un último turno de palabra al finalizar la comparecencia. La grabación de la vista judicial concluyó en ese instante, aunque, según ha podido saber este periódico, el investigado terminó rompiendo a llorar cuando fue conducido de nuevo a los calabozos de los juzgados.
Blanco Pérez de Heredia había sido detenido dos días antes, el 22 de septiembre, dentro de la operación desarrollada por la Guardia Civil y la Policía Foral para identificar a los participantes en el ataque contra diez militares fuera de servicio ocurrido la noche del 19 de julio, durante la final del Mundial entre España y Argentina.
Durante la comparecencia, la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona expuso al joven los indicios existentes contra él. "Existen indicios sólidos de que participó en una actuación violenta realizada por un grupo de personas entre las que se encontraba usted; que estaban encapuchados y con la cara cubierta, utilizando instrumentos peligrosos, defensas extensibles, varas de hierro, entre otras cosas. Se tiró mobiliario: mesas, sillas", le explicó.
La jueza concretó además la actuación que se le atribuye personalmente. "A usted, además, se le imputa que utilizó una defensa extensible, que constituye además un arma prohibida para personas que no son de seguridad", manifestó. También dejó constancia de que esa defensa no había aparecido durante el registro practicado en su domicilio.
La magistrada describió el ataque como una acción coordinada y repentina contra los militares que se encontraban sentados en la terraza de un bar de Berriozar. Las víctimas llevaban camisetas de España y habían colocado una bandera española sobre la mesa.
"Sólo se dirigió el ataque contra ellos porque había otras personas y hacia los demás no se dirigió el ataque", señaló la jueza. También recordó que los militares habrían sido previamente señalados mediante una fotografía y que se había comunicado a los posteriores agresores el lugar concreto en el que se encontraban.
La investigación sostiene que algunos de los implicados habían participado previamente en una manifestación celebrada a las 19 horas en Pamplona contra la exaltación de lo español. Posteriormente, un grupo más numeroso se desplazó hasta Berriozar y ejecutó la agresión.
La jueza informó a Blanco Pérez de Heredia de su derecho a no declarar y a no confesarse culpable. El investigado decidió contestar únicamente a las preguntas planteadas por su propia abogada.
A preguntas de su defensa, explicó que tenía 21 años, que estudiaba Robótica en el C.I. Donibane, que residía con sus padres y que dependía económicamente de ellos. También afirmó que nunca antes había sido detenido ni juzgado.
La Fiscalía no solicitó su ingreso en prisión provisional. El fiscal entendió que no existía riesgo suficiente de fuga, destrucción de pruebas o reiteración delictiva, aunque sí pidió diferentes medidas cautelares: alejamiento de las víctimas, prohibición de acudir a Berriozar y comparecencias periódicas cada quince días ante el juzgado.
Las acusaciones particulares ejercidas en nombre de los militares defendieron una posición mucho más dura. Uno de sus abogados reclamó la prisión provisional al considerar que existía riesgo de reiteración delictiva.
"Actuaron perfectamente orquestados con un profundo odio hacia los símbolos de la nación española. Ese elemento de odio subyace y persiste y que no haya cometido más delito no significa que ese odio le lleve a no volver a delinquir", sostuvo el letrado, que recordó además la proximidad de las concentraciones previstas con motivo del Día de la Hispanidad.
Otro de los abogados de los militares se sumó a esa petición. "Los indicios son claros y meridianos. Esta persona es la que fracturó varias costillas a uno de mis clientes. Existe riesgo de reiteración delictiva porque todo lo que hicieron el 19 de julio mañana mismo lo pueden volver a hacer", argumentó durante la vista.
La defensa de Blanco Pérez de Heredia rechazó la prisión y el resto de medidas solicitadas al considerar que resultaban desproporcionadas. Su abogada alegó que el joven tenía un fuerte arraigo familiar, estudiaba en Pamplona y vivía con sus padres.
"No corre ningún riesgo de fuga por arraigo familiar, porque estudia en Pamplona y vive con sus padres y mantiene una vida acorde a la legalidad vigente", defendió la letrada. Añadió que carecía de recursos económicos para huir y que tampoco existía riesgo de destrucción de pruebas porque su vivienda ya había sido registrada y su teléfono móvil había sido intervenido.
Fue entonces, una vez terminadas las intervenciones de todas las partes, cuando la jueza dio al investigado la posibilidad de añadir algo. Blanco Pérez de Heredia, visiblemente afectado, apenas consiguió pronunciar su petición: "Sólo quiero volver con mis padres".
Finalmente, la magistrada acordó la libertad provisional de los adultos que comparecieron ante el juzgado. Entre otras medidas, se les retiró el pasaporte, se les prohibió abandonar España y se les impuso la obligación de comparecer judicialmente los días 1 y 15 de cada mes. A tres de ellos, señalados como presuntos participantes materiales en la agresión, también se les prohibió permanecer o hacer vida social en Berriozar, con las excepciones fijadas judicialmente para quienes residían o trabajaban allí.
La investigación se remonta a la noche del 19 de julio. Diez militares profesionales fuera de servicio se encontraban en la terraza de un establecimiento hostelero de Berriozar siguiendo la final del Mundial entre España y Argentina. Varios vestían camisetas de la selección y sobre la mesa había una bandera española.
La investigación judicial sostiene que antes del ataque varias personas realizaron labores de vigilancia y señalamiento. Los militares fueron fotografiados y su ubicación habría sido comunicada a quienes posteriormente participaron en la agresión.
Poco después, un grupo con los rostros y las cabezas cubiertos irrumpió simultáneamente en la terraza armado con barras metálicas y defensas extensibles. Los agresores se dirigieron directamente hacia la mesa de los militares, lanzaron también mobiliario y abandonaron el lugar después de una acción que duró apenas unos segundos.
La violencia dejó alrededor de media docena de heridos. Uno de los militares sufrió una herida abierta en la cabeza y varias costillas rotas, mientras que una mujer resultó con una fractura nasal. Las cámaras de seguridad del establecimiento grabaron parte del ataque.
Dos meses después, el 22 de septiembre, Guardia Civil y Policía Foral llevaron a cabo las primeras detenciones tras una investigación conjunta. La operación se saldó inicialmente con ocho arrestados, entre adultos y menores de edad, y registros en varios domicilios.
Las pesquisas han situado a 19 personas como posibles participantes en los hechos. Tras aquellas primeras detenciones, los investigadores continuaron trabajando para localizar e identificar al resto de los implicados y esclarecer el papel que habría desempeñado cada uno en la preparación y ejecución del ataque.
