Geroa Bai, al frente de Nasuvinsa en los pufos de las VPO, cuestiona los informes: "Son juicios de valor"
José María Aierdi, el actual consejero de Desarrollo Rural de Navarra, defiende su gestión de Nasuvinsa y acusa a Anticorrupción de emitir juicios de valor sobre las VPO.
El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José María Aierdi, ha defendido este lunes que los informes de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA) contienen “juicios de valor” y que no reflejan irregularidades reales en los contratos de viviendas de protección oficial (VPO) en Ripagaina. Aierdi ha asegurado que en ningún caso se produjo “trato de favor” hacia empresas implicadas en las licitaciones.
El consejero, que dirigió Nasuvinsa entre 2015 y 2019, coincidiendo con la legislatura en la que Uxue Barkos fue presidenta de Navarra, ha comparecido en Pamplona junto al exdirector gerente de la sociedad pública entre 2019 y 2023, Alberto Bayona, para responder al informe que cuestiona la adjudicación de 62 VPO a la UTE Acciona-Servinabar.
El documento sostiene que Nasuvinsa “ignoró los principios básicos de la contratación pública” y que incumplió la Ley Foral de Contratos Públicos.
Aierdi ha explicado que una de las críticas señaladas, el hecho de no haber usado la plataforma PLENA en la licitación, no puede considerarse una irregularidad porque “materialmente era imposible, ya que no existía en el momento en que comenzó el proceso de contratación”.
Respecto a la ausencia de autorización expresa del departamento que ejercía la tutela de Nasuvinsa y de actuaciones preparatorias del contrato, ha subrayado que deben entenderse dentro del Plan de Vivienda ‘Navarra Social Housing’, aprobado por el Gobierno foral. Según ha dicho, ese marco “acreditaba el apoyo del Ejecutivo” al desarrollo de las promociones y garantizaba su documentación.
Entre otras cuestiones, el consejero ha añadido que el informe "reprocha también" que en la Mesa de contratación "no se hubiera incorporado un representante de la Junta de Contratación Pública, pero en este caso, también a juicio de los servicios jurídicos de Nasuvinsa, no es de aplicación el artículo 134 de la Ley Foral de Contratos al no exceder el presupuesto de esta obra los 10 millones de euros", ya que "el presupuesto de esta actuación era de 6,8 millones de euros".
En cuanto a la "ausencia de determinada documentación", Aierdi ha subrayado que "con respecto a las actas de las distintas fases del proceso de contratación, entendemos, por lo que conocemos de los expedientes, que existen esas actas pero no se han encontrado por parte de Nasuvinsa". "Estamos hablando de un proceso previo al PLENA en el que la documentación se formaliza en papel, que han pasado 7 años desde entonces y que incluso en algunos de estos procesos lo habitual es devolver la documentación una vez realizado todo el proceso de adjudicación", ha manifestado.
Por su parte, Bayona se ha referido a la "no exclusión de la licitadora que acabó siendo la adjudicataria por haber incluido información en el Sobre B que únicamente debía aparecer en el Sobre C" que recoge el informe.
Nasuvinsa, ha dicho, "lanzó una aclaración en la que indicaba que en el Sobre B, criterios cualitativos, no debiera aparecer ningún dato que facilitara o expresara el plazo de ejecución que el concursante ofertaría en el Sobre C". Además, "anulaba los dos puntos que al planning se le daba en el Sobre B, 'criterios cualitativos'".
"Entiende la OANA que dos de las empresas debieron ser excluidas porque indicaba en su informe que aparecía ese plazo en el Sobre B, cuando no debió ser así. En el Sobre B lo que apareció es un trabajo técnico de indicación de estudio de la obra con un plazo teórico y, por tanto, el plazo que ofertaban las empresas y que se indicaba en el Sobre C no coincidía con el que se había puesto de forma teórica en el Sobre B. Por tanto, no cumpliéndose lo establecido en esta aclaración, no se podía en ese momento hacer la exclusión de estas dos empresas. Con lo cual, se aplicó correctamente a nivel jurídico", ha relatado.
Como conclusión, Aierdi ha subrayado que "la documentación disponible en el expediente, tanto en las mesas de valoración técnica como económica, dan un fiel reflejo del procedimiento que se ha seguido y de una manera objetiva la resolución de los mismos", y "que no hubo trato de favor a ninguna de las partes y a ninguna empresa de la documentación que se infiere de los informes".
"De 30 lotes, promociones, que licitó Nasuvinsa en ese periodo -mayo de 2017 a enero de 2023-, únicamente en 2 de esas 30 licitaciones resultó adjudicataria la UTE Accióna Servinabar. De 164 millones y medio de inversión, el volumen de obra adjudicada en licitación abierta supuso el 8% de ese conjunto de presupuesto", ha comentado.
En respuesta a los periodistas sobre la falta de documentación, Aierdi ha señalado que "la Oficina pidió documentación a la sociedad Nasuvinsa y algunos de estos datos que hemos señalado en esta rueda de prensa no fueron facilitados, no sé si por desconocimiento de la sociedad, entiendo porque no se disponía de esa información o esa documentación en las propias oficinas". "Todos los acuerdos a los que me ha referido del gobierno, las órdenes forales, etc., si las hubieran tenido, entiendo, en sede de Nasuvinsa las habrían facilitado", ha dicho.
Respecto a la falta de actas, ha señalado que "evidentemente existieron" aunque "en este caso no se han encontrado". "Lógicamente, yo no puedo responsabilizarme de la custodia de esa documentación siete años después de desarrollar mi actividad como gerente en la misma", ha subrayado, tras añadir que "no puedo decir quién tiene que asumir esa responsabilidad". "Desde luego entiendo que quien dejó esa sociedad hace siete años, no", ha añadido.
También ha criticado que es "inusual en este caso, frente a otros informes", que "no haya habido un plazo de tiempo para realizar aportaciones, "porque esto es lo que suele ocurrir en el caso de la Cámara de Comptos", que "hace su informe, lo envía a las partes implicadas, las partes implicadas presentan las alegaciones oportunas, y las ven". "En este caso no ha habido esta fase, yo creo que la normativa de la OANA recogía un proceso similar y, por lo tanto, entiendo que tanto la sociedad pública lo hará y, particularmente, nosotros, lógicamente, aportaremos nuestra opinión al expediente también", ha manifestado.
En definitiva, según Aierdi, son "inciertas" parte de "las manifestaciones que ha hecho" la OANA, "como la falta de autorización del Gobierno, la ausencia de trabajos preliminares, la gestión del proceso de adjudicación en cuanto al Sobre B en la primera de las adjudicaciones". "No comparto una gran parte de ese informe", ha remarcado.