Un año del estallido del caso Cerdán y las incógnitas de Velate siguen abiertas: "Los navarros merecen saber la verdad"
Santos Cerdán ha cumplido un año fuera de la primera línea política del PSOE, pero la investigación sobre Servinabar y la llamada vertiente navarra del caso sigue abierta en el debate político. UPN ha vuelto a exigir explicaciones al PSN y al Gobierno de María Chivite por las adjudicaciones vinculadas a la empresa investigada.
La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha difundido un vídeo en el que ha recordado que esta semana se ha cumplido un año de la dimisión del dirigente navarro y del registro de Servinabar por parte de la UCO de la Guardia Civil. A su juicio, Navarra sigue sin recibir respuestas suficientes sobre una trama que ha salpicado al PSOE y al entorno del Gobierno de Pedro Sánchez.
Ibarrola ha señalado directamente al Gobierno de María Chivite por las adjudicaciones relacionadas con los túneles de Velate. Según ha afirmado, se han adjudicado 76 millones de euros en torno a esta infraestructura y la presidenta navarra sigue en el cargo sin haber dado las explicaciones que, a su juicio, reclama la ciudadanía.
“Los navarros merecen respuestas, y quien no puede darlas, debe dimitir”, ha destacado la presidenta de UPN. La formación regionalista sitúa así a Santos Cerdán y a Servinabar en el centro de sus críticas políticas contra el PSN.
El caso tiene una especial repercusión en Navarra porque Cerdán, de la localidad de Milagro, ha sido durante años uno de los hombres de mayor confianza del PSOE. Fue secretario de Organización del partido y una figura clave en las negociaciones políticas de los socialistas, también en los pactos que han condicionado la política navarra de los últimos años.
La UCO ha situado a Santos Cerdán en varias investigaciones vinculadas a una presunta trama de adjudicaciones públicas. En ese contexto aparece Servinabar, empresa relacionada con Antxon Alonso, amigo del exdirigente socialista, y con distintos contratos que han sido objeto de análisis policial y judicial.
Entre los elementos señalados por los investigadores figuran supuestos beneficios canalizados a través de empresas, contratos con grandes adjudicatarias, pagos a personas del entorno familiar, alquileres y otros gastos personales.
UPN sostiene que el PSOE ha intentado reducir el alcance político del caso. También considera que el PSN y el Gobierno foral han optado por guardar silencio, minimizar las consecuencias o desviar la atención sobre las responsabilidades políticas en Navarra.
La formación de Ibarrola ha vinculado esta situación con las obras de los túneles de Velate, una adjudicación que ha centrado buena parte del debate político en la Comunidad foral. Para UPN, las explicaciones ofrecidas hasta ahora no han despejado las dudas sobre la participación de Servinabar ni sobre la actuación del Gobierno de Navarra.
El caso también ha abierto una brecha política en el Parlamento foral. Mientras los partidos que sostienen al Gobierno han defendido que no se han acreditado pruebas de corrupción en la adjudicación de obra pública en Navarra, UPN, PPN y Vox han rechazado esas conclusiones y han insistido en que existen indicios suficientes para exigir responsabilidades.
Ibarrola enmarca sus críticas en una pregunta que, según UPN, sigue pendiente un año después: hasta dónde llegó la influencia de Santos Cerdán en las estructuras internas del PSOE y qué papel pudo tener esa red en decisiones con impacto en Navarra.