Arasti admite que conocía las discrepancias en Belate y UPN le acusa de ignorar las advertencias de ilegalidad
El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti, ha reconocido este miércoles que conocía las discrepancias en la mesa de contratación sobre la adjudicación de las obras de Belate a la empresa del socialista Santos Cerdán, aunque ha defendido que “no hubo nada que ocultar” y que su papel se limitó a mostrar “extrañeza” por el retraso de la firma del contrato.
Por su parte, UPN ha considerado “probado” que Arasti “conocía las objeciones de los técnicos antes de que se adjudicaran las obras, pese a las advertencias de ilegalidad”. La formación regionalista sostiene que el propio consejero “ha avalado y reconocido el contenido de los correos” entre los interventores del Gobierno foral en los que se le menciona, lo que, a su juicio, “alimenta las sospechas de posible corrupción”.
Durante la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, Arasti ha manifestado su “predisposición” a comparecer en la comisión de investigación del Parlamento foral para aclarar el caso. Sin embargo, ha subrayado que respeta la decisión de la comisión, que este martes rechazó su citación a propuesta de UPN. “Si los parlamentarios consideran que mi comparecencia es importante, estaré dispuesto a acudir, como siempre”, ha señalado.
El consejero ha explicado que su conocimiento del asunto procede de los correos internos que él mismo autorizó remitir a la comisión de investigación. “Esos correos fueron enviados porque yo estaba de acuerdo en que se enviasen. Lo primero para este Gobierno es la transparencia y más cuando no hay absolutamente nada que ocultar”, ha afirmado.
Arasti ha detallado que fue a comienzos de noviembre de 2023 cuando el interventor delegado se puso en contacto con el director general de Cohesión Territorial para comunicarle que había emitido un informe “favorable con reparo no suspensivo”, lo que permitía continuar el procedimiento. Según el consejero, “lo único que me extraña es que el expediente llevase 30 o 40 días sin firmarse”, y añadió que trasladó su impresión al interventor general. “A partir de ahí, no tuve más comunicación”, ha precisado.
Mientras tanto, UPN ha insistido en que “ya nadie se cree que miembros del Gobierno, con María Chivite a la cabeza, no fueran conocedores de lo que sucedía”. La adjudicación, subrayan, recayó en la empresa de Cerdán, “la mayor obra pública de Navarra en los últimos diez años”.
El partido regionalista exige que Arasti comparezca “para esclarecer su posible implicación en el mayor escándalo de corrupción en Navarra desde hace 30 años”. “Si dice que quiere comparecer, que lo haga a petición propia, porque su partido votó en contra”, han señalado, reprochando al Ejecutivo su “cerrazón” y su “teatrillo” en torno a la investigación.
UPN también ha cuestionado la posible selección de correos antes de enviarse a la comisión de investigación, tras las declaraciones del propio consejero: “¿Esa es la transparencia de la que presume el Gobierno? ¿Hay correos que no se han autorizado? ¿Por qué motivos?”, se han preguntado.
Arasti, por su parte, ha defendido su decisión de permitir que el presidente de la mesa de contratación continuara en su puesto pese a haber alcanzado la edad de jubilación. Ha justificado la medida por la “necesidad de personal cualificado” en el departamento de Cohesión Territorial. “No había nadie que pudiera asumir la dirección de servicio en ese momento, y lo que se hizo fue intentar que no se frenara la actividad del Departamento”, ha afirmado.
UPN ha replicado que “el Gobierno ha vuelto a mentir”, y ha concluido que “las mentiras repetidas una y otra vez no se acaban convirtiendo en verdad”.