El coladero de las ayudas en Navarra: el 32% del Ingreso Mínimo Vital va a extranjeros, el doble que la media de España
La gestión de las políticas de inclusión y la garantía de ingresos por parte del Gobierno de María Chivite vuelve a situar a Navarra en el centro de la controversia nacional. Según los últimos datos oficiales publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones correspondientes al mes de agosto, el 32% de los titulares del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en la Comunidad foral son de nacionalidad extranjera. Una cifra demoledora que casi duplica la media registrada en el conjunto del Estado, donde el porcentaje se sitúa en el 17,4%.
El balance estadístico muestra un agujero de desproporción difícil de justificar en términos de integración laboral. En Navarra figuran actualmente 10.218 personas como titulares de esta prestación estatal —cuya competencia de gestión asumió el Ejecutivo foral a finales de 2022—. De ellas, un total de 3.269 son ciudadanos extranjeros. El sesgo es aún más evidente al contrastarlo con el padrón real: según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en la Comunidad foral residen 95.897 extranjeros dentro de una población total de 692.026 habitantes. Es decir, aunque representan apenas el 13,9% de la población (menos de uno de cada siete vecinos), acaparan prácticamente uno de cada tres cheques públicos de la renta mínima.
Una brecha disparada respecto a la media nacional y sin visos de corrección
La comparativa con el resto de España deja en evidencia la existencia de un llamativo "efecto llamada" o de un sistema asistencialista fallido en la geografía foral. Mientras que a nivel nacional el peso de los titulares extranjeros dentro del IMV es del 17,4% (155.611 de 893.820 prestaciones activas), en Navarra la tasa se dispara hasta el 32%. Las cifras sitúan de forma sistemática a la Comunidad foral en la cúspide nacional de percepción de ayudas por parte de población inmigrante, consolidando una brecha que no ha dejado de crecer en términos absolutos desde comienzos de año, cuando se contabilizaban 2.892 perceptores extranjeros frente a los 3.269 actuales.
Además, el coste económico que esta prestación supone para las arcas públicas no deja de engordar. Desde que el Ingreso Mínimo Vital echara a andar en junio de 2020, se han desembolsado en la Comunidad foral más de 315,25 millones de euros públicos. Solo la nómina bruta del pasado mes de mayo supuso un desembolso de 9,39 millones de euros. A todo ello se suma que la cuantía media percibida por cada hogar beneficiario en Navarra roza los 746,51 euros mensuales, una cifra sensiblemente superior a la media nacional, situada en apenas 502,80 euros.
El fracaso de las políticas de empleo e integración del Ejecutivo foral
Más allá del abrumador balance contable, los datos oficiales ponen en la diana la incapacidad del Departamento de Derechos Sociales y de las políticas del Ejecutivo de Chivite para articular itinerarios reales de inserción en el mercado de trabajo. En lugar de promover la autonomía económica de los recién llegados, la red de subsidios autonómica y estatal interconectada parece estar perpetuando bolsas permanentes de cronicidad y dependencia de las pagas públicas.
Aunque la normativa exige de manera general acreditar al menos un año de residencia legal y efectiva en España para acceder al subsidio, la enorme distancia entre el peso demográfico de la población extranjera (13,9%) y su representación entre los perceptores del IMV (32%) constata que la maquinaria de integración foral está gripada. Un escenario que enciende el malestar de miles de familias y trabajadores navarros que, asfixiados por la presión fiscal e inflación, comprueban cómo los recursos públicos priorizan el sostenimiento de subsidios en lugar de exigir contraprestaciones laborales efectivas.