Los datos oficiales de la Seguridad Social revelan un desequilibrio desproporcionado en la Comunidad foral: la población extranjera representa el 13,9% de los habitantes pero acapara casi un tercio de los titulares de la renta mínima estatal gestionada por el Ejecutivo de Chivite.
El Departamento de Derechos Sociales tuvo que realizar hasta siete ampliaciones de crédito ante la avalancha de solicitudes de Renta Garantizada e Ingreso Mínimo Vital.
El Partido Popular denuncia un "claro efecto llamada" al concentrar la Comunidad Foral una proporción de beneficiarios migrantes siete veces superior a la que le correspondería por población.
