La jueza cree que García Izal contrató a 18 trabajadores a dedo y adjudicó una obra de 200.000 euros sin proyecto
La investigación judicial sobre la gestión del alcalde de Corella, Gorka García Izal, ha puesto también el foco en una actuación municipal muy concreta: la adecuación de un solar para convertirlo en aparcamiento en la calle San Francisco.
El expediente aparece expresamente recogido en el auto con el que la jueza ha decidido continuar el procedimiento penal contra el alcalde al apreciar indicios racionales de criminalidad. La magistrada ha incorporado entre los elementos de la investigación las conclusiones de la Cámara de Comptos de Navarra sobre la contratación municipal.
El órgano fiscalizador detectó que las obras del aparcamiento se habían ejecutado sin el debido proyecto de obras y que las diferentes prestaciones se habían adjudicado utilizando el régimen reservado para los contratos de menor cuantía. La factura total de las actuaciones ascendió a 212.829 euros.
Comptos consideró que esas diferentes prestaciones no podían tratarse como actuaciones independientes. A su juicio, todas ellas se agrupaban alrededor de una misma unidad funcional, por lo que deberían haberse tramitado conjuntamente mediante el procedimiento de contratación correspondiente.
Hay además una cifra que cuestiona por sí sola la utilización de contratos menores. De los 212.829 euros invertidos en la actuación, 117.586 euros fueron a parar a un único contratista.
La propia Cámara de Comptos señala expresamente que esa cantidad, incluso aunque se analizase de manera aislada del resto de la obra, ya excluía la posibilidad de adjudicarla mediante el régimen especial de contratos de menor cuantía.
Estas conclusiones forman parte del informe de fiscalización realizado sobre la gestión del Ayuntamiento de Corella durante 2022. El órgano fiscalizador emitió una opinión desfavorable y determinó que la actividad municipal y la de su organismo autónomo en materia de personal, contratación pública y subvenciones no se ajustaba, en aspectos significativos, a la normativa aplicable a la gestión de fondos públicos.
La actuación de la calle San Francisco tampoco fue la única contratación de inversiones que Comptos cuestionó. El informe recoge que el Ayuntamiento adquirió unas cabinas-vestuario para la Ciudad Deportiva Ombatillo por 43.500 euros, sin IVA, y un vehículo para el guarderío rural por 32.231 euros, sin IVA, sin tramitar los procedimientos exigidos debido al valor de esos contratos.
El órgano fiscalizador detectó asimismo problemas en la compra de un rodillo-compactador con un valor estimado de 38.000 euros, sin IVA. Los órganos de control interno habían advertido de una posible vinculación entre empresas invitadas al procedimiento y posteriormente entre las dos que presentaron ofertas. Según Comptos, el Ayuntamiento no realizó comprobaciones para determinar si existía esa vinculación y siguió adelante hasta adjudicar el contrato a una de ellas.
El informe de Comptos había sido solicitado por el Parlamento de Navarra a iniciativa de UPN y fue publicado en julio de 2024. Entre otras recomendaciones, el órgano fiscalizador reclamó al Ayuntamiento que licitara los contratos utilizando en cada caso el procedimiento de adjudicación adecuado.
Dos años después, estas irregularidades han pasado a formar parte de una investigación penal. El auto dictado por el Juzgado de Tudela concluye que, a la vista de las actuaciones investigadas, Gorka García Izal podría haber incurrido en un delito de prevaricación y/o malversación, sin perjuicio de que la calificación pueda modificarse posteriormente.
La resolución no supone que los delitos estén ya probados ni que el alcalde haya sido condenado. La jueza ha cerrado la fase de diligencias previas y ha acordado continuar la causa por procedimiento abreviado. Fiscalía y las acusaciones disponen ahora de diez días para formular acusación y pedir la apertura de juicio oral, solicitar el archivo o reclamar excepcionalmente nuevas diligencias.