La jueza ha incorporado las conclusiones de los investigadores a la causa contra Gorka García Izal y aprecia indicios de prevaricación y malversación
La Guardia Civil ha descrito en términos especialmente contundentes las irregularidades detectadas en la contratación pública vinculada al Ayuntamiento de Corella. Los investigadores sostienen que la residencia municipal Hogar San José se ha saltado "total y deliberadamente" la Ley Foral de Contratos Públicos, dentro de una investigación judicial en la que la jueza ha apreciado indicios de criminalidad contra el alcalde, Gorka García Izal.
El auto dictado por la magistrada Paola García Sánchez ha utilizado precisamente este informe policial, junto con el elaborado anteriormente por la Cámara de Comptos, para acordar que la investigación contra García Izal continúe por los trámites del procedimiento abreviado. La jueza señala expresamente que existen "indicios racionales de criminalidad" contra el alcalde.
Uno de los principales focos está en la Residencia Hogar San José, organismo autónomo dependiente del Ayuntamiento. En 2022 realizó gastos por 455.529 euros con 16 contratistas por diferentes prestaciones sin llevar a cabo los procedimientos de adjudicación legalmente exigidos teniendo en cuenta el valor de los contratos, según las conclusiones de Comptos recogidas ahora por la jueza.
La Guardia Civil ha sido todavía más dura al analizar esta forma de contratar. En el informe incorporado a la causa define lo sucedido en Hogar San José como un "caso inaudito e inexplicable" y asegura que el organismo se ha saltado "total y deliberadamente" la Ley Foral de Contratos Públicos.
Según los investigadores, la residencia ha adjudicado directamente sus contratos a los proveedores que ha considerado oportunos y ha pagado mediante facturas importes muy superiores a los límites establecidos legalmente para los contratos de menor cuantía.
El informe policial considera además que esta forma de actuar ha vulnerado de manera sistemática principios esenciales de la contratación pública. La Guardia Civil sostiene que se han utilizado contratos menores evitando las licitaciones y, con ello, impidiendo que otras empresas pudieran conocer las necesidades del Ayuntamiento y presentar sus propias ofertas.
De esta manera, según los investigadores, se restringía la libre concurrencia y la competencia y se concedía una ventaja a las empresas seleccionadas directamente, frente a otros posibles licitadores. La Guardia Civil habla expresamente de vulneraciones de los principios de publicidad, igualdad de trato y no discriminación.
Las irregularidades señaladas por los agentes no se han limitado al ejercicio de 2022. La investigación ha analizado también la contratación municipal de 2023 y 2024, años en los que, según la Guardia Civil, el Ayuntamiento siguió pagando numerosos suministros y servicios a través de contratos de menor cuantía pese a que sus importes anuales superaban los límites previstos por la ley.
Entre estos gastos aparecen servicios tan habituales y previsibles como el alumbrado público, el suministro de gas, la limpieza de instalaciones municipales, la conserjería o la atención al ciudadano. Los investigadores destacan precisamente que no se trataba de necesidades urgentes o imprevisibles que pudieran justificar excepcionalmente esta fórmula.
La Guardia Civil ha detectado igualmente posibles fraccionamientos de contratos. Según el informe que reproduce el auto judicial, determinados servicios se dividieron en varias facturas, lo que permitía evitar su publicidad y tramitación conjunta y terminar adjudicándolos directamente a una empresa.
Las pesquisas policiales conocidas anteriormente han añadido otro elemento relevante para determinar las posibles responsabilidades. La Guardia Civil ha concluido que Gorka García y la directora de Hogar San José hicieron "caso omiso" de las recomendaciones de la Cámara de Comptos para regularizar los contratos de la residencia. En enero de 2026, la propia residencia informó de que mantenía 35 contratos de servicios y suministros y solo uno había sido licitado.
Comptos ya había advertido en su fiscalización de 2022 de importantes deficiencias en la contratación de Corella. El órgano fiscalizador emitió una opinión desfavorable y concluyó que la gestión municipal en materia de personal, contratación pública y subvenciones no se ajustaba a la normativa vigente. Entre sus recomendaciones figuraba expresamente licitar los contratos mediante el procedimiento de adjudicación adecuado.
La Guardia Civil también ha investigado los pagos municipales efectuados durante 2023 y 2024 a más de una veintena de empresas por un importe superior a dos millones de euros. En ese análisis ha señalado múltiples contrataciones presuntamente irregulares y ha recogido que la secretaria y la interventora municipales habían emitido reiteradamente informes alertando de problemas en los procedimientos. La interventora formuló 29 reparos en 2023 y otros 19 en 2024.
Todas estas actuaciones han sido valoradas ahora por el Juzgado de Tudela. Tras enumerar las normas que podrían haberse vulnerado, la magistrada concluye expresamente que "el Alcalde de Corella, y hoy investigado" podría haber incurrido en un delito de prevaricación y/o malversación, sin perjuicio de que posteriormente pueda modificarse la calificación jurídica.
La resolución no supone una condena ni declara probados los delitos, ya que todavía no se ha celebrado ningún juicio. Lo que ha hecho la jueza es cerrar la fase de diligencias previas y continuar el procedimiento penal contra García Izal. Fiscalía y las acusaciones disponen ahora de diez días para solicitar la apertura de juicio oral y formular acusación, pedir el sobreseimiento o reclamar excepcionalmente nuevas diligencias.
Por su parte, Gorka García ha negado haber cometido delito y ha anunciado que recurrirá el auto. El alcalde ha rechazado haberse apropiado de dinero público o haberse enriquecido y mantiene que las irregularidades administrativas señaladas durante la investigación no constituyen por sí mismas delitos.
