El departamento de Salud del Gobierno de Chivite sobre el pago de servicios sin contrato en vigor: "Es complejo"

Fernando Domínguez, consejero de Salud, ha defendido este martes en el Parlamento de Navarra que el Departamento de Salud ha adoptado medidas para reducir los contratos de suministro sin soporte contractual después de las advertencias recogidas por la Cámara de Comptos en su informe sobre las cuentas de 2024.

El consejero de Salud del Gobierno de Navarra ha explicado, durante una comparecencia solicitada por UPN, que se ha elaborado un plan de acción para mejorar la contratación pública en Salud. Ese documento incluye la reorganización y ampliación de los recursos humanos en los servicios dedicados a la contratación centralizada, además de formación para el personal recién incorporado.

Domínguez ha señalado que el Departamento de Salud también ha contratado una asistencia técnica externa para reforzar los primeros momentos de despliegue del plan. Según ha indicado, esta ayuda tiene un carácter “limitado en el tiempo y desescalable por entrada de medios internos”.

El consejero ha explicado que este plan se apoya en los principios de estabilidad del personal, formación y alta cualificación. Además, cuenta con la aprobación del Control Financiero Permanente y el apoyo de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra, la Cámara de Comptos, Función Pública y Hacienda.

Durante su intervención, Domínguez ha detallado que el informe de Comptos cita doce contratos de Salud en situación de enriquecimiento injusto. Dos de ellos, los correspondientes al transporte sanitario, ya están adjudicados con la creación de Bidean.

Otros cuatro contratos están pendientes de un cambio normativo de Medio Ambiente, que el consejero ha considerado necesario para adecuar la normativa foral a la nacional. Estos expedientes se refieren a la gestión de residuos.

En otro de los casos, Salud prevé iniciar el expediente este año. Además, dos contratos ya tienen su expediente iniciado, entre ellos una puesta a disposición a Transportes para el servicio de viajeros a Ubarmin.

Domínguez ha precisado que, en este último caso, el departamento competente en Transportes está estudiando la reorganización del transporte de la comarca antes de sacar la licitación. “Por tanto, no es un enriquecimiento injusto asignable a Salud, aunque sí a sus partidas de gasto”, ha señalado.

El consejero también ha explicado que Comptos menciona otros dos contratos vinculados a los servicios concertados del Hospital San Juan de Dios y la Clínica Josefina Arregui. En ambos casos, ha indicado que se está trabajando para poder convertirlos en convenio singular, “con las ventajas que esto tienen para ambas partes”.

Domínguez ha afirmado que la Dirección de Gestión Económica y Servicios Generales de Salud ha trabajado en un plan de mejora con varias etapas e inversiones. Antes de elaborarlo, según ha dicho, ya se habían adoptado medidas de reorganización interna para destinar más recursos a la contratación pública.

El consejero ha explicado que esas primeras medidas se centraron en los suministros, el ámbito sobre el que se había realizado la auditoría operativa. No obstante, ha subrayado que el plan tiene alcance para toda la actividad de contratación del SNS-Osasunbidea.

Según los datos aportados por Domínguez, desde junio de 2024 el porcentaje de suministros con soporte contractual ha pasado del 27% a casi el 45%. Aun así, ha advertido de que estas medidas “ya están perdiendo su impacto” porque cada contrato adjudicado exige más control en su ejecución y nuevas licitaciones cuando vence.

“La complejidad de la contratación pública en salud nos obliga a dar pasos para estar a la altura de la misma”, ha afirmado Domínguez. El consejero ha vinculado esta cuestión con la calidad de la atención a la ciudadanía y con el impacto en las arcas públicas.

Por parte de UPN, Leticia San Martín ha criticado que el pago de servicios y suministros sin contrato en vigor “no es una anomalía”, sino “un problema estructural de gestión y control del gasto público”. La parlamentaria ha señalado que en diciembre de 2023 se realizaban pagos sin contrato por 161,5 millones de euros y que dos años después la cifra se había elevado a 178 millones.

San Martín ha afirmado que esta forma de funcionamiento se ha cronificado durante años en el Departamento de Salud. También ha recordado que la Cámara de Comptos ha advertido en repetidas ocasiones de la necesidad de darle una solución urgente.

La portavoz del PSN, Maite Esporrín, ha considerado que las recomendaciones de Comptos deben ser atendidas. “Sería importante que la propia Administración actúe cumpliendo la ley, como exigimos realmente a la ciudadanía que cumpla la ley”, ha indicado.

Esporrín ha precisado que no responsabiliza al consejero de toda la situación, al tratarse de un problema antiguo que se ha prolongado en el tiempo. “Sí que es el responsable de la actualidad, pero no de todo”, ha destacado.

Desde EH Bildu, Txomin González ha afirmado que se están utilizando herramientas que “dejan mucho que desear”. Ha advertido de que el uso frecuente del enriquecimiento injusto conlleva una falta de competencia entre empresas y se utiliza para pagar trabajos o servicios realizados sin contrato previo.

González ha sostenido que esta situación supone un problema para la igualdad entre empresas y para la eficiencia de la Administración. “Tenemos que garantizar que las empresas tienen igualdad y debemos garantizar eficiencia en la Administración”, ha indicado.

La portavoz de Geroa Bai, Isabel Aranburu, ha defendido que la situación “está bien encaminada”. A su juicio, desde que Comptos emitió el informe de 2024 “se han dado pasos para reducir los contratos sin soporte y para mejorar la gestión”.

Aranburu ha señalado que “la foto del informe de Comptos ha quedado en buena medida superada”. Su grupo ha valorado así las medidas explicadas por el Departamento de Salud en la comparecencia parlamentaria.

Desde el PPN, Irene Royo ha afirmado que este asunto viene de años anteriores y que se está trabajando, aunque ha calificado la situación de “inadmisible” para el Gobierno de Navarra. Ha citado tanto el volumen de contratación pública afectado como los riesgos derivados de no seguir los procedimientos establecidos.

Royo ha advertido de que esta situación puede abrir la puerta a la corrupción y al fraude, perjudicar a empresas e instituciones y provocar que la Administración no pague los precios adecuados por los servicios.

El portavoz de Contigo-Zurekin, Daniel López, ha reconocido que los datos de 2024 muestran una mejoría respecto a 2023. También ha destacado que los contratos de transporte sanitario se han formalizado y que los convenios con San Juan de Dios y Josefina Arregui están en marcha.

No obstante, López ha mostrado su preocupación por el aumento de carga que supone licitar más contratos, controlar su ejecución y volver a licitarlos cuando venzan. Por ello, ha planteado si el departamento prevé un sistema alternativo más allá de la contratación temporal externa, al considerar que “lo suyo siempre es hacer las cosas con personal propio”.