Gimeno pretende modernizar la FP y la Educación Primaria en Navarra bajando el sueldo a los profesores de Religión
El consejero de Educación, Carlos Gimeno, ha defendido en el Parlamento de Navarra que ajustar los contratos del profesorado de Religión permitiría liberar fondos para modernizar el sistema educativo.
Gimeno ha respaldado “avanzar en la derogación” de la ley foral que, según ha dicho, “blinda” esos contratos, en línea con una proposición de ley impulsada por el PSN y Contigo-Zurekin. A su juicio, ese paso suponía “avanzar hacia la vanguardia educativa”.
El consejero ha remarcado que la medida no implicaba “despedir” a nadie, sino adecuar los contratos a la carga lectiva de cada docente, un ajuste que, en la práctica, afectaría a la jornada y al salario de quienes no completaran horas.
En su intervención, Gimeno ha afirmado que “como socialista” creía que la religión debía estar fuera de las escuelas. Al mismo tiempo, ha subrayado que como responsable del departamento debía tener en cuenta la legislación vigente y “el respeto a todas las leyes”.
El consejero ha puesto cifras sobre la mesa y ha señalado que en el curso 2025-2026 “se están pagando horas de religión que no se imparten”, con un coste de más de 2,1 millones de euros. Ha defendido que esa situación no era razonable y que debía velar por la eficiencia de los recursos públicos.
Según ha explicado, la derogación de la ley foral que “blinda” estos contratos —que ha calificado de “desigual, injusta y discriminatoria”— podría liberar para 2027 una serie de fondos destinados a modernizar la Formación Profesional y reforzar etapas como Infantil, Primaria y Secundaria.
Gimeno también ha anunciado que el Departamento de Educación estaba a punto de aprobar el reglamento orgánico que trasladaba una “nueva arquitectura” a los centros. Una vez aprobado, ha añadido, su equipo empezaría a trabajar en el decreto foral de jornada y horario, que tendría que negociarse con las organizaciones sindicales.
En el plano de plantilla, el consejero ha indicado que en los próximos tres años se jubilarían 27 profesores de Religión y que quedarían 101 docentes en el sistema. Además, ha negado que no pudieran presentarse a Ofertas Públicas de Empleo y ha apuntado que cerca de 50 se habían presentado a pruebas objetivas en los últimos años.
Por parte del PSN, la portavoz Ainhoa Unzu ha defendido la derogación porque, a su entender, la norma no era justa ni equitativa y suponía una mala gestión de recursos. Ha insistido en que la religión no podía ser una excepción permanente y que la propuesta no iba “contra nadie”.
Unzu ha argumentado que no se trataba de sectarismo, sino de aconfesionalidad y de defender una educación pública laica, respetuosa con todas las creencias, pero basada en criterios científicos, pedagógicos y de equidad.
El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha afirmado que si el objetivo era avanzar en aconfesionalidad y eliminar la religión de las aulas, podían contar con su apoyo. Sin embargo, ha señalado que si el debate era laboral, el Gobierno debía haber facilitado antes los datos y abrir un diálogo con los grupos y con los docentes.