Los padres del colegio Amigó, en cuya residencia el Gobierno de Navarra tiene un centro de observación y acogida de menores (COA) están preocupados por la agresión sexual que un menor de cuatro años sufrió en el centro a manos de otro niño también tutelado por el Gobierno de Navarra.
Una madre vinculada al colegio ha enviado un correo al servicio de Protección al Menor de la Dirección General de Familia del Departamento de Derechos Sociales para expresar su preocupación por dicho caso.
La progenitora ha asegurado que los padres no ha recibido ninguna comunicación oficial por parte del centro de acogida que detalle lo ocurrido ni las medidas preventivas adoptadas a raíz de los hechos.
En su escrito, la madre ha pedido una respuesta formal sobre los protocolos de seguridad perimetral. En concreto, ha preguntado qué medidas garantizan que personas ajenas no acceden a las instalaciones ni interactúan con el alumnado, tras lo que ha descrito como “fallos del sistema” y menores sin supervisión.
También ha solicitado información sobre los mecanismos de control del Gobierno de Navarra sobre la Fundación Amigó como entidad gestora. Entre otras cuestiones, ha planteado qué organismo realiza las inspecciones técnicas y con qué periodicidad, si existe un registro de incidencias accesible para familias y comunidad educativa, y cómo se comprueba el cumplimiento del ratio de educadores durante las 24 horas del día.
Además, ha reclamado conocer qué procesos de validación sigue la Administración para asegurar que el personal contratado cuenta con la formación y la solvencia ética necesaria para el cuidado de menores en situación de desprotección.
La madre, que ha indicado que tiene hijos de 6 y 9 años en el centro escolar, ha exigido que se detalle un plan de segregación física entre los usuarios de Lagunetxea y el alumnado. Ha preguntado si existen vallados internos, cámaras u otros elementos que eviten “puntos ciegos” de contacto en accesos, recreos o actividades extraescolares.
En el mismo correo, ha recordado que, al ser el Gobierno de Navarra el tutor legal de los menores del recurso, la Administración “debe poder certificar” que el recinto cumple la normativa de seguridad para convivir en un entorno escolar sin riesgo para terceros.
La remitente ha cerrado el mensaje anunciando que seguirá “los canales oportunos” hasta que se facilite una contestación detallada, se trate el asunto “debidamente” y se inicie un procedimiento para que, según ha señalado, no vuelva a ocurrir.
