Esnaola dice que el consejo de NICDO “nada tiene que ver” con las decisiones internas de Parquenasa
La consejera de Cultura, Deporte y Turismo, Rebeca Esnaola, ha explicado este martes en el Parlamento que el Gobierno de Navarra estará “muy atento” a los informes de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA) sobre los contratos de obras ejecutados en Sendaviva, con el objetivo de reforzar las garantías jurídicas y mejorar los procedimientos.
Ante una comparecencia solicitada por UPN, Esnaola ha confirmado que la OANA ha pedido la documentación relativa a la subvención concedida a Parquenasa en los ejercicios 2023 y 2024, y que también están pendientes del informe de fiscalización encargado por la propia sociedad a la empresa PKF Attest Servicios Profesionales, S.L..
Además, la consejera ha detallado que la OANA se ha dirigido al director gerente de NICDO para recabar información sobre una denuncia relacionada con la licitación de cuatro contratos de obras de construcción y urbanización en el parque. En este punto ha querido subrayar que el consejo de NICDO “nada tiene que ver” con las decisiones internas de Parquenasa, sociedad que cuenta con sus propios órganos y un director gerente responsable de la firma de los contratos.
Esnaola ha recordado que en 2023 Parquenasa recibió una subvención nominativa de 5.794.887 euros para impulsar la reconstrucción del parque tras el incendio de 2022. Al estar las actuaciones subvencionadas en más de un 50%, se aplicó la Ley Foral de Contratos Públicos, que marca los procedimientos de contratación.
Las obras incluidas fueron cuatro: el acondicionamiento de los caminos de servicio, la construcción del nuevo edificio de acceso, la adecuación de la urbanización de entrada y la urbanización de la plaza y cimentación de la atracción ‘Caída libre’. Todas se tramitaron por procedimiento simplificado, al ser contratos inferiores a 200.000 euros, y cada una se licitó por separado mediante invitación a al menos cinco empresas, recibiéndose dos ofertas en cada caso.
La consejera ha insistido en que Sendaviva es un recurso en el que participa el Gobierno de Navarra a través de NICDO “con una subvención que pasa todos los controles de seguridad”. Por ello, ha reiterado la disposición del Ejecutivo a estudiar con detalle las conclusiones que emitan tanto la OANA como la auditoría externa.
Desde UPN, el parlamentario Javier Trigo ha hablado de “indicios bastante nítidos de un posible fraude de ley”, al considerar que los cuatro contratos fueron adjudicados a la misma empresa por importes muy próximos a los 200.000 euros, umbral que habría obligado a un concurso público. Ha añadido que todas las obras fueron autorizadas en el mismo periodo, en el mismo espacio y dentro del mismo programa de reconstrucción.
El parlamentario socialista Ibai Crespo ha defendido que la actuación “fue conforme a la ley” y ha acusado a UPN de sembrar dudas “sin pruebas”, asegurando que resultaron adjudicatarias “las ofertas más competitivas”.
Desde EH Bildu, Oihan Mendo ha señalado que su grupo será “celoso” ante cualquier posible fraude, aunque ha recordado que el asunto ya está en manos tanto de la OANA como de la auditoría y de los juzgados. Ha pedido esperar a los resultados antes de plantear responsabilidades políticas.
La representante de Geroa Bai, Blanca Regúlez, ha reiterado la apuesta por la “tolerancia cero con la corrupción” y ha defendido que, según la información facilitada, se cumplió la Ley de Contratos Públicos, por lo que no se debe poner en duda sin pruebas.
En nombre del PPN, Maribel García Malo ha defendido que la labor de la oposición consiste en supervisar e investigar posibles irregularidades para aclararlas y, si procede, depurar responsabilidades.
El portavoz de Contigo-Zurekin, Miguel Garrido, ha asegurado sentirse “perdido” ante una comparecencia que, a su juicio, duplica debates anteriores, y ha pedido concretar cuáles son exactamente los indicios denunciados.
Finalmente, Emilio Jiménez, de Vox, ha afirmado que su grupo cumple con la función de controlar la gestión de los recursos públicos sin cuestionar otras actuaciones en este ámbito.