POLÍTICA

Ibarrola quiere que Navarra gestione permisos de trabajo: "El objetivo es que los migrantes lleguen a trabajar"

UPN organiza la jornada 'Acción Inmigración: ideas y soluciones para Navarra' con la presencia de Cristina Ibarrola. IÑIGO ALZUGARAY

La presidenta de UPN ha presentado en Pamplona varias medidas sobre inmigración, empleo y financiación local con la vista puesta en la regularización extraordinaria y en las necesidades de las empresas navarras.

Cristina Ibarrola ha reclamado para Navarra la competencia en la gestión de los permisos de trabajo de las personas extranjeras con la idea de agilizar la contratación de perfiles que hoy demandan muchas empresas de la Comunidad foral. La presidenta de UPN ha defendido esta propuesta este miércoles 22 de abril de 2026 durante una jornada sobre inmigración celebrada en Pamplona.

La dirigente regionalista ha aprovechado la clausura del encuentro ‘Acción Inmigración: ideas y soluciones para Navarra’ para plantear una política migratoria más vinculada al empleo y a la integración regular. En ese acto, celebrado en Pamplona, también han intervenido expertos en sociología, derecho de extranjería, relaciones institucionales europeas y el alcalde de Fitero.

Ibarrola ha sostenido que Navarra debe asumir esa gestión igual que ya ocurre en la Comunidad Autónoma Vasca. A su juicio, se trata de una medida coherente con el foralismo y con una autonomía orientada a prestar mejores servicios a ciudadanos y empresas.

Además, ha apostado por reforzar la contratación en origen y ha criticado que la legislación actual no facilite este tipo de procesos. En este sentido, ha pedido ampliar el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, al considerar que ahora mismo se queda corto y no responde a todas las necesidades del tejido empresarial navarro.

La presidenta de UPN también ha planteado que, cuando una empresa complete todo el proceso para contratar a una persona en su país de origen, exista algún mecanismo que evite que abandone el puesto poco después de llegar a España. Su propuesta pasa por que el trabajador quede vinculado de forma obligatoria durante al menos 12 meses con la empresa que ha impulsado esa contratación.

Según ha defendido, el objetivo es que las personas migrantes que lleguen a trabajar e integrarse lo hagan en situación regular y que las empresas navarras puedan incorporarlas sin largas esperas. De esta forma, ha dicho, se reducirían unos plazos que hoy generan perjuicios tanto a los empleadores como a quienes quieren acceder a un puesto de trabajo.

Ibarrola también ha recordado que el crecimiento demográfico de Navarra en los últimos años se ha apoyado en buena parte en la llegada de población migrante, pese al saldo vegetativo negativo desde 2017. Junto a ello, ha querido destacar la aportación de estas personas al emprendimiento, con negocios repartidos por distintos puntos de la Comunidad foral y con una presencia destacada de mujeres.

En materia económica, la líder regionalista se ha comprometido a impulsar ayudas fiscales para emprendedores. También ha insistido en la necesidad de reducir la burocracia para abrir un negocio y de no elevar la presión fiscal sobre quienes quieren poner en marcha una actividad.

Otra de las medidas que ha anunciado ha sido la creación de una comisión de seguimiento para evaluar las consecuencias que tendrá en Navarra la regularización extraordinaria de migrantes. La idea es medir con datos el porcentaje de personas que consigue un contrato laboral, su estabilidad en el tiempo, cuántas pasan a percibir la renta garantizada y cuál es el impacto sobre los servicios públicos.

Ibarrola ha enmarcado esa propuesta en una evaluación general de las políticas públicas y ha asegurado que la aplicaría también al ámbito migratorio si UPN vuelve a gobernar a partir de 2027. Ha defendido que ese análisis debe hacerse, según sus palabras, “sin demagogia” y con el foco puesto en los resultados.

Por otra parte, ha considerado necesario evitar que se formen bolsas de personas en situación irregular que desemboquen cada cierto tiempo en nuevas regularizaciones extraordinarias. Para ello, ha pedido simplificar los procedimientos de expulsión de quienes estén en situación irregular y no deban permanecer en el país.

La presidenta de UPN ha afirmado que en 2025 solo se ejecutó el 8% de las órdenes de expulsión dictadas en España. Con ese dato, ha querido subrayar que el actual sistema no está funcionando como debería y que es necesario revisar su aplicación.

En el tramo final de su intervención, Ibarrola ha puesto el foco en las entidades locales y en la coordinación entre departamentos del Gobierno de Navarra. A su juicio, alcaldes y alcaldesas no pueden afrontar solos una realidad que impacta de manera desigual en cada municipio.

Por eso, ha reclamado recursos específicos y suficientes para aquellas localidades donde la inmigración tiene una mayor incidencia o presenta perfiles más complejos de atención. La presidenta regionalista ha defendido que esos municipios cuenten con una financiación estable para desarrollar actividades que favorezcan la convivencia y la integración, sin tener que depender de convocatorias y subvenciones de forma continua.