Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez impulsa una de las mayores oleadas de regularizaciones masivas de inmigrantes en situación irregular de la historia reciente de España, la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) elaboró y validó —el 19 de noviembre de 2024— un documento interno que homogeneiza y facilita al máximo el empadronamiento de personas “en situación de especial vulnerabilidad”. El título oficial es neutro: Criterios para homogeneizar el empadronamiento en Navarra de personas en situación de vulnerabilidad. La realidad que describe, sin embargo, es mucho más cruda: un mecanismo administrativo que permite empadronar a personas sin domicilio fijo —o incluso con domicilio, pero sin autorización del propietario— directamente en las dependencias municipales, convirtiendo las oficinas de servicios sociales en “domicilios oficiales” a efectos padronales.
El texto, al que ha tenido acceso este medio, parte de la recomendación del Defensor del Pueblo de Navarra (expediente AO23/2) y de una propuesta de la consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias. Invoca el artículo 15 de la Ley de Bases de Régimen Local y la resolución del Instituto Nacional de Estadística de 2020, que permite domicilios ficticios cuando no es posible acreditar un domicilio convencional, siempre que se pueda garantizar la comunicación con la persona. Pero el documento va mucho más allá de la mera interpretación literal: institucionaliza el empadronamiento ficticio o “social” como vía preferente y lo dota de un procedimiento casi automático.
Entre los aspectos más polémicos del protocolo destaca, en primer lugar, la posibilidad de empadronar directamente en las propias oficinas municipales. El apartado 2.3 es explícito: “Confirmada la residencia habitual, se procederá al empadronamiento ficticio o social con efectos desde el día que se realizó la solicitud. El domicilio en el que se realizará el empadronamiento vendrá determinado en el informe realizado por servicios sociales y podrá ser la ubicación de los propios servicios sociales, cualquier dependencia municipal o los espacios que cada municipio considere oportuno”. Es decir, una persona que duerme en la calle, en un coche, en una infravivienda o en una chabola puede obtener, tras un informe de Servicios Sociales, un domicilio oficial que es, literalmente, la sede del Ayuntamiento o del centro de servicios sociales. No se trata de un domicilio “real” en el sentido habitual del término, sino de una ficción administrativa elevada a la categoría de residencia oficial.
El protocolo también abre una vía específica para quienes ya disponen de un domicilio cierto, pero carecen de autorización del propietario o arrendatario. En estos casos se habilitan dos alternativas al consentimiento expreso del arrendador o propietario: el envío de una carta certificada con acuse de recibo o la elaboración de un informe por parte de agentes de policía municipal o de un trabajador social. Si la carta llega al interesado o el informe concluye que “vive allí”, se procede al empadronamiento aunque el propietario se oponga expresamente. El documento insta a los ayuntamientos a ser “proactivos” y a resolver las dudas “a favor del empadronamiento”.
Para las personas sin domicilio previo o sin autorización (apartados 2 y 3), se establece un acceso centralizado en oficinas de atención ciudadana, padrón o servicios sociales. La solicitud va acompañada de un informe preceptivo —aunque no vinculante— elaborado por Servicios Sociales, que debe comprobar la “habitualidad” de la residencia efectiva durante los primeros tres meses mediante visitas cada quince días, atenciones en servicios sanitarios, uso del banco de alimentos, formaciones u otros recursos. Aquellos que ya estuvieron empadronados recientemente en el municipio pueden acceder de forma casi directa si acreditan no haber salido más de tres meses. Una vez concedido el empadronamiento ficticio, la persona queda obligada a presentarse cada 15 días (plazo recomendado) en la oficina designada para recoger notificaciones, bajo amenaza de baja tras un mes de incumplimiento sin causa justificada.
Desde el punto de vista estrictamente jurídico, el protocolo se ampara en la resolución del INE de 2020, que permite domicilios ficticios para personas sin techo “conocidas de los Servicios Sociales”. No legitima la ocupación ilegal ni otorga derechos de uso sobre la vivienda, según repite el propio texto. Sin embargo, en la práctica convierte el padrón municipal en un instrumento que puede resultar clave en procesos de regularización de facto. El empadronamiento es una herramienta muy relevante para acceder a la tarjeta sanitaria, ayudas sociales, escolarización, inserción laboral y, sobre todo, para los procedimientos de arraigo y regularización extraordinaria de extranjeros.
Y aquí entra el contexto nacional: el Gobierno de Pedro Sánchez ha impulsado en los últimos años sucesivas vías de regularización masiva de inmigrantes irregulares (arraigo social, arraigo laboral, arraigo por formación y las últimas medidas de 2024-2025 que han permitido regularizar a decenas de miles de personas que llevaban más de dos o tres años en España). El padrón es una de las piezas centrales de esos expedientes. Un “domicilio ficticio” en los servicios sociales de cualquier ayuntamiento navarro se convierte, por tanto, en una vía de prueba de “residencia habitual” para obtener la documentación legal.
Al respecto ha opinado Vox Navarra. Según su presidente José María García Elorz, esto es “un escándalo que confirma lo que venimos denunciando desde hace años. Este protocolo no es un gesto humanitario; es una rendición en toda regla. El padrón municipal se ha convertido en el mayor coladero para la inmigración ilegal en España. Ahora los ayuntamientos, siguiendo las directrices del Gobierno de Sánchez y de sus socios locales, van a empadronar directamente en sus propias oficinas a personas que no tienen ni domicilio, ni contrato ni arraigo real. Es la institucionalización de la invasión. Mientras los navarros de a pie ven saturados los servicios sociales, la sanidad y la educación, se facilita a los recién llegados sin control un papel oficial que les abre todas las puertas".
El documento concluye recomendando la creación de comisiones internas y la coordinación con la FNMC para “adaptar” los criterios a nuevas situaciones. Es decir, se prevé que el mecanismo sea dinámico y se amplíe según las necesidades.
El abogado y presidente provincial de VOX se ha preguntado “dónde queda el concepto de ‘residencia habitual’ cuando el domicilio oficial es la ventanilla de Servicios Sociales”. Y ha añadido “cómo se distingue entre el sintecho navarro de toda la vida y la persona llegada hace semanas que recorre los recursos sociales”. El protocolo de la FNMC no responde a esas preguntas. Prefiere ser “proactivo” y “resolver a favor del empadronamiento”.
En una Navarra que ya soporta una presión migratoria creciente y unos servicios públicos bajo estrés, con cifras récord en las listas de espera en sanidad, este documento no resuelve vulnerabilidades: las multiplica y las oficializa. Y lo hace justo cuando el Gobierno central acelera la regularización masiva. Coincidencia o engranaje perfecto de una misma estrategia. Los navarros decidirán si lo consideran progreso social o capitulación administrativa.
