Política

El jefe del PSOE en Navarra, Santos Cerdán, llega a declarar ante el juez entre gritos de "¡chorizo!" y "¡corrupto!"

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán a su llegada a declarar en el Tribunal Supremo. Jesús Hellín / Europa Press
El ex número tres del PSOE ha sido increpado a su llegada al tribunal por su vinculación con los cobros de comisiones ilegales en contratos públicos.

El ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha llegado este lunes al Tribunal Supremo para declarar como imputado en la investigación de la presunta trama de comisiones ilegales del caso Koldo.

Su comparecencia ha estado marcada por los fuertes gritos de quienes le han esperado en la entrada del tribunal: «¡Corrupto!», «¡Chorizo!» y «¡Sinvergüenza!» han sido algunos de los insultos que ha recibido al descender del taxi.

Cerdán no ha hecho declaraciones ante los medios durante los breves metros que ha recorrido hasta el juzgado. Ha llegado poco antes de las 10.00, acompañado por su abogado, en medio de una gran expectación mediática. La crispación en el ambiente ha evidenciado el creciente malestar social ante los escándalos que salpican al PSOE y que involucran directamente a su antigua cúpula organizativa.

Santos Cerdán ha sido durante años la cara visible del PSOE en Navarra y la mano ejecutora de las decisiones políticas de María Chivite, especialmente en lo relativo a los pactos con EH Bildu. Su implicación en esta presunta trama de corrupción afecta de lleno a la estructura del socialismo navarro y al respaldo político que ha hecho posible la actual presidencia foral.

El juez instructor, Leopoldo Puente, ha citado a Cerdán tras recibir un informe de la UCO de la Guardia Civil, que lo sitúa como uno de los epicentros de la red de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública. En la misma causa están también imputados José Luis Ábalos, su antecesor como secretario de Organización del PSOE, y Koldo García, asesor de Ábalos.

Cerdán había solicitado retransmitir en directo su declaración ante el Supremo, pero el magistrado denegó la petición al considerar que vulneraba el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece el carácter reservado de la fase de instrucción. En todo caso, el exdirigente socialista se ha mostrado dispuesto a declarar por los presuntos delitos de cohecho y organización criminal.

Uno de los aspectos centrales de la causa es el informe de la UCO, basado en audios grabados por Koldo entre 2019 y 2023, así como en mensajes de WhatsApp. Los investigadores apuntan a que la trama se gestó en Navarra en 2015, con Cerdán y Koldo como impulsores, y que creció conforme ambos y Ábalos fueron ascendiendo en responsabilidades políticas a nivel nacional.

Según la Guardia Civil, el papel de Cerdán evolucionó dentro de la organización: primero fue protagonista, luego quedó relegado como gestor de pagos tras el ascenso de Ábalos y Koldo, y finalmente volvió a tener protagonismo tras su caída. La UCO estima que solo con la empresa Acciona se habrían embolsado hasta 620.000 euros en comisiones ilegales.

Uno de los focos del interrogatorio se centrará en el hallazgo de un contrato privado de 2016 en el que se refleja que Cerdán compró el 45% de la empresa Servinabar por 6.000 euros. Esta sociedad, que ha recibido más de 75 millones de euros en adjudicaciones públicas en Navarra, es considerada clave en la presunta trama. La defensa de Cerdán ha intentado restar validez al documento, alegando que no se elevó a público.

No obstante, el Consejo General del Notariado ha aclarado que los contratos privados surten efectos legales entre los firmantes, aunque no frente a terceros, y ha advertido de que este tipo de operaciones pueden responder a estrategias de ocultación de titularidades reales. Esta situación ha reforzado las sospechas sobre la implicación directa de Santos Cerdán en las supuestas prácticas corruptas.

El juez ha adelantado que valorará medidas cautelares tras la declaración de Cerdán, similares a las impuestas a otros investigados como Ábalos, Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, a quienes ya se les ha prohibido salir del país, se les ha retirado el pasaporte y se les exige comparecer periódicamente en sede judicial. La instrucción sigue avanzando y apunta directamente al núcleo de poder del PSOE en Navarra.