Elma Saiz se lava las manos sobre la adjudicación de Belate pese a que blindó al presidente de la mesa de contratación
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha insistido este jueves en que “ya no era consejera” de Economía y Hacienda cuando el Gobierno de Navarra adjudicó las obras de los túneles de Belate. Sin embargo, durante su etapa al frente de ese departamento (2022-2023) incluyó en dos presupuestos autonómicos disposiciones a medida que permitieron al ingeniero Jesús Polo, de 73 años, seguir como presidente de la mesa de contratación pese a haber superado la edad de jubilación obligatoria.
Estas excepciones, justificadas por “necesidades del servicio”, permitieron que Polo continuara en su puesto y presidiera el órgano que otorgó la máxima puntuación a la UTE adjudicataria, vinculada al dirigente socialista encarcelado Santos Cerdán. La medida fue duramente criticada por la oposición, que la considera un blindaje ad hoc que allanó el camino a una adjudicación presuntamente irregular.
El PSN, junto a sus socios de EH Bildu y Geroa Bai, bloqueó esta semana que Saiz comparezca en la comisión de investigación del Parlamento foral sobre las adjudicaciones investigadas por la Guardia Civil. La ministra aseguró que mantiene una “colaboración total” y que no tiene problema en acudir si se le cita, pero evitó cualquier autocrítica sobre su papel en las decisiones previas que hicieron posible la continuidad de Polo.
En su intervención ante los medios, Saiz defendió su trayectoria con el argumento de que siempre ha actuado “cumpliendo a rajatabla la legislación vigente” y con “vocación de servicio público”. Una respuesta que recuerda a la que dio Santos Cerdán al estallar el caso, cuando sostuvo que sus actos se ajustaban a la ley, antes de que el Supremo decretara su ingreso en prisión.
La ministra también aludió a un informe de la Cámara de Comptos que no aprecia responsabilidades contables en la adjudicación, aunque la oposición recuerda que dicho informe no analiza las posibles responsabilidades políticas ni las decisiones previas en las que ella sí tuvo intervención directa.
Su negativa a valorar el bloqueo de su comparecencia en el Parlamento navarro ha sido interpretada como un gesto de desprecio hacia la investigación. Desde UPN y otros grupos de la oposición se habla abiertamente de un “pacto de silencio” entre socialistas y abertzales para evitar que el escándalo alcance a la Moncloa y al Palacio de Navarra, lo que llevó al grupo regionalista a solicitar la comparecencia tanto de Elma Saiz, como de la presidenta Chivite, la expresidenta Uxue Barkos y El ex secretario de organización del PSN Ramón Alzórriz, en la comisión que estudia el caso Koldo en el Senado.