Los pueblos navarros alzan la voz contra las macroplantas de biogás y denuncian el trato desigual de Chivite
Más de 1.500 personas se han manifestado este domingo en Pamplona contra la implantación de macroplantas de biogás en distintos municipios de Navarra por parte del Gobierno de María Chivite.
La protesta ha sido convocada por las plataformas STOP Macroplantas Biogás y ha reunido a vecinos llegados en autobuses desde Viana, Los Arcos, Sesma, Lodosa, Mendavia, Arróniz, Murillo el Cuende, Sartaguda, Cintruénigo y otras localidades afectadas por este tipo de proyectos.
Los manifestantes han recorrido el centro de Pamplona hasta el Palacio de Navarra para reclamar una moratoria real de dos años. También han pedido proteger el suelo agrícola, los acuíferos y apostar por un modelo de cercanía ligado a las necesidades reales del sector primario.
Las plataformas han advertido de que, bajo el argumento de la transición energética, se está impulsando un modelo que consideran extractivo. A su juicio, estos proyectos priorizan el beneficio empresarial frente a la calidad de vida en los pueblos y la protección del territorio.
“Bajo el disfraz de la modernidad se esconden el ansia de beneficio, la violencia territorial y el extractivismo más salvaje con cobertura institucional”, ha señalado Paula Cabezón, de la plataforma de Arróniz, durante la movilización.
Uno de los puntos centrales de la protesta también es la crítica al Gobierno foral por su distinta actuación ante proyectos similares. Los afectados denuncian que el Ejecutivo ha actuado con rapidez en municipios gobernados por el PSN, mientras mantiene otros proyectos cuestionados en ayuntamientos dirigidos por UPN.
Hace unas semanas, el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente suspendió cautelarmente la planta de biogás de Arróniz, en Tierra Estella, tras un recurso presentado por el ayuntamiento socialista. El motivo alegado fue la falta de autorizaciones expresas de los propietarios de las parcelas para el vertido de digestatos.
Sin embargo, ayuntamientos afectados sostienen que ese mismo criterio no se ha aplicado con la misma contundencia en otros casos. El ejemplo más señalado es Tudela, donde el alcalde de UPN, Alejandro Toquero, lleva meses denunciando irregularidades graves en el proyecto de NILSA.
En Tudela, según el consistorio, existen objeciones relacionadas con la proximidad a viviendas, la posible invasión de competencias de la Confederación Hidrográfica del Ebro y la falta de base territorial suficiente. Pese a ello, el Gobierno de Chivite mantiene el proyecto adelante.
El conflicto ha llegado ya a los tribunales. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha admitido a trámite el contencioso presentado por el Ayuntamiento de Tudela ante la actuación del Ejecutivo foral.
Los críticos con la gestión del Gobierno consideran que esta diferencia de trato resulta especialmente evidente. Sostienen que, cuando el recurso procede de un ayuntamiento socialista, se actúa con rapidez, mientras que en municipios gobernados por UPN se ignoran informes y se fuerza la vía judicial.
También han cuestionado la moratoria aprobada hace meses por el Parlamento de Navarra. Las plataformas la califican de “descafeinada”, al considerar que es insuficiente en duración y mantiene lagunas que permiten la tramitación de nuevos proyectos.
Los vecinos afectados denuncian que las macroplantas de biogás no responden a un modelo de economía circular de cercanía. Aseguran que estas instalaciones centralizadas implican transportar residuos a larga distancia, aumentar la presión sobre el suelo y elevar los riesgos para los acuíferos.
Por ello, las plataformas reclaman tres medidas concretas. La primera es una moratoria real de dos años que permita estudiar, planificar y decidir de forma democrática el futuro de estos proyectos.
La segunda pasa por dar prioridad absoluta a la protección del suelo agrícola y de los acuíferos. La tercera exige un modelo de plantas de cercanía, ajustado al sector agroganadero de cada zona y alejado de una lógica industrial a gran escala.
Los colectivos han insistido en que los pueblos afectados no se oponen a las energías renovables ni al sector primario. Su rechazo se centra en la imposición de proyectos sin consenso, sin garantías ambientales suficientes y con criterios que, según denuncian, cambian en función del color político del ayuntamiento.
La manifestación ha servido para expresar el creciente malestar de una parte del mundo rural navarro. Los vecinos han defendido que los pueblos no pueden convertirse en espacios de vertido de digestatos ni en lugares donde se ensayan proyectos energéticos mal planificados.